Internacionales
La nieve complica la investigación sobre la caída de avión en Rusia
Las autoridades rusas proseguían este lunes, en condiciones muy difíciles debido a una espesa capa de nieve, la investigación sobre las causas de la caída de un avión de línea que se estrelló el domingo cerca de Moscú provocando la muerte de sus 71 ocupantes.
Centenares de hombres en uniforme registraban minuciosamente varias hectáreas nevadas en busca de cuerpos o restos del avión. La zona era recorrida asimismo por camiones, motos de nieves y vehículos quitanieves, y sobrevolada por helicópteros, constató la AFP.
Los investigadores indicaron que estudiaban todas las hipótesis de posibles causas, citando las condiciones climáticas, el factor humano o un posible problema técnico, pero no mencionaron la pista terrorista.
El avión, un birreactor Antonov An-148 de la compañía rusa Saratov Airlines puesto en servicio en 2010, se estrelló cerca de la capital rusa tras despegar del aeropuerto de Domodedovo rumbo a Orsk, en los Urales, en la frontera con Kazajistán.
El avión desapareció de los radares el domingo a las 14H48 (11H28 GMT) cuatro minutos después de despegar. Se estrelló en el distrito de Ramensky, al sureste de Moscú, cerca del pueblo de Stepanovskoye.
«Constatamos que las 71 personas a bordo murieron», declaró la noche del domingo el ministro de Situaciones de Emergencia, Vladimir Pushkov, en el lugar donde se estrelló el aparato. El ministro puso fin a las operaciones de rescate y lanzó las de búsqueda de cuerpos y restos del avión.
«Prevemos realizar la mayor parte de las labores de búsqueda en los siete próximos días, debido a la superficie muy grande en la que los restos están esparcidos, a la nieve y al relieve del lugar», dijo, citado por las agencias rusas.
La lista de las víctimas publicada por las autoridades incluye dos extranjeros, un ciudadano de Azerbaiyán y un suizo, además de tres niños, el menor de cinco años.
La mayoría de los pasajeros eran originarios de la región de Orenburgo, donde está Orsk. El gobernador de la región decretó una jornada de luto para este lunes.
Sin problema técnico.
Una investigación fue formalmente lanzada para identificar posibles violaciones a las normas de seguridad, anunció el Comité de Investigación ruso.
Sus agentes interrogaron desde el domingo a los empleados de la compañía Saratov Airlines, a los empleados del aeropuerto que prepararon el avión antes del despegue y a los controladores aéreos. No se detectó ningún problema técnico antes de la salida del avión, según el Comité.
El domingo se pudo hallar una caja negra, que contiene los datos del vuelo.
Por otro lado, los restos mortales están en tal estado que «será necesario un examen genético» para poder identificar a las víctimas, indicó el ministro de transportes ruso, Maxim Sokolov, quien precisó que eso podría «llevar entre dos y tres meses».
El Antonov-148 estaba en servicio desde 2010, precisó Saratov Airlines en un comunicado.
La compañía decidió suspender «temporalmente» la utilización de este modelo, que puede transportar hasta a 85 pasajeros, y tiene un alcance de 3.500 km.
Con base en Saratov (Volga), Saratov Airlines utiliza esencialmente aviones Antonov o Yakovlev. Esta compañía, que no había estado implicada en un accidente mortal desde el fin de la URSS en 1991, tiene como destinos fundamentalmente ciudades de provincia rusas, así como capitales del Cáucaso.
El presidente Vladimir Putin anuló un viaje previsto este lunes a Sochi, en el sur del país, donde debía recibir al presidente palestino Mahmud Abas, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas. La reunión se celebrará en Moscú.
El último accidente mortal de un avión en territorio ruso se remonta a diciembre de 2016, cuando un aparato militar Tu-154 se estrelló poco después del despegue en Adler (sur), cuando se dirigía a la base aérea rusa de Hmeimim, en Siria. Entre las víctimas figuraban más de 60 miembros de los coros del Ejército Rojo.
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Los encargados del aeropuerto internacional de la ciudad sureña de Dunedin indicaron que les sorprendió la respuesta viral a la regla impuesta en la zona para dejar pasajeros.
«Para que las cosas fluyan sin problemas, instalamos rótulos nuevos, incluyendo el de ‘Tiempo máximo de abrazos 3 minutos’», indicó el ejecutivo de la terminal, Daniel De Bono.
«Es nuestra forma no convencional de recordar a la gente que la zona de dejar pasajeros es para despedidas rápidas», explicó.
«Y no se preocupen, un abrazo de 20 segundos es suficiente para liberar oxitocina y serotonina, las hormonas de la felicidad que aumentan el bienestar, así que tres minutos es suficiente tiempo para despedirse y recibir su dosis de felicidad» agregó.
Quienes desean un abrazo más largo pueden usar el estacionamiento, donde los primeros 15 minutos son gratuitos.
La restricción a los abrazos se hizo viral y causó división de opiniones en redes sociales.
«¿Policía de abrazos? ¡Esto es raro! Está probado que los abrazos tienen beneficios, sin mencionar la salud mental», comentó un usuario en la página de Facebook del aeropuerto.
Los topes a los abrazos comenzaron en septiembre sin mayor reacción, pero luego el impacto fue abrumador.
«Nos ha sorprendido el interés mundial que ha tenido», comentó Sarah Soper, ejecutiva de marketing y comunicación del aeropuerto.
Honduras entregó este miércoles a Estados Unidos a un supuesto traficante de fentanilo casi dos meses después de cancelar el tratado de extradición entre ambos países, informó la policía.
«Ya se fue» el avión de la agencia antidrogas estadounidense DEA que transporta a Javier Marín Gonzales y que despegó del aeropuerto de Palmerola, unos 50 km al norte de Tegucigalpa, dijo a la AFP el portavoz de la policía, Edgardo Barahona.
Marín Gonzales, de 25 años, había sido capturado el 7 de septiembre y la justicia hondureña autorizó el 7 de octubre su extradición, solicitada por la justicia federal de California (oeste de Estados Unidos).
Según las investigaciones, era «uno de los líderes» encargados de «dirigir, gestionar y distribuir fentanilo en la bahía de San Francisco», California, dijo el Poder Judicial en un comunicado.
El fentanilo es un opioide sintético producido legalmente por laboratorios y usado en la medicina como analgésico, pero también es empleado como droga.
En Estados Unidos ha causado una epidemia de adicciones, con más de 70.000 fallecimientos anuales por sobredosis, hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.
El pasado 28 de agosto la presidenta izquierdista hondureña, Xiomara Castro, dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que podría servir para preparar un «golpe de Estado» en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el exmandatario Manuel Zelaya.
En base a este tratado vigente de 1912, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar acusados de narcotráfico.
Uno de ellos fue el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en junio pasado por una corte de Nueva York a 45 años de cárcel acusado de «conspirar» para enviar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Marín Gonzales es el segundo supuesto narco hondureño extraditado a Estados Unidos tras la decisión de poner fin al tratado. El primero fue Mario José Cálix, entregado el 4 de septiembre.
Según el tratado, a partir de su denuncia sigue vigente por seis meses, por lo que caducará el 28 de febrero.
