El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan nuevas acusaciones por presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses. La comparecencia se desarrolló ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, y representa una nueva etapa del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos, inicialmente relacionado con delitos de narcotráfico.

Durante la audiencia, Maduro rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense y aseguró que los señalamientos en su contra son falsos. El exmandatario intentó explicar su posición ante el tribunal, pero el juez interrumpió su intervención y ordenó registrar formalmente una declaración de no culpabilidad. Por su parte, Cilia Flores afirmó que había leído y comprendido la nueva acusación, antes de manifestar que era completamente inocente. Ambos comparecieron bajo custodia y con grilletes en los tobillos, después de haber sido trasladados a Estados Unidos tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas en enero de 2026.

La nueva acusación amplía considerablemente el alcance del proceso judicial. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y Flores habrían participado en una estructura de represión que utilizó detenciones arbitrarias, amenazas y torturas contra personas consideradas opositoras al Gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que las víctimas fueron sometidas a prácticas como golpes, asfixia y descargas eléctricas, y que entre los afectados se encuentran ciudadanos estadounidenses. La acusación atribuye a Maduro responsabilidades de dirección y supervisión de estos presuntos abusos, mientras que Flores es señalada por su supuesta participación en la organización de ese sistema represivo.

El expediente también incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos habrían utilizado posiciones de poder y recursos estatales para favorecer actividades criminales y proteger a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La acusación actualizada también amplía a Cilia Flores los señalamientos por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que anteriormente se atribuía únicamente a Maduro. Tanto el exmandatario como su esposa han rechazado las imputaciones.

Uno de los aspectos centrales del proceso será la discusión sobre la inmunidad que reclama la defensa. Los abogados de Maduro y Flores sostienen que su condición de exmandatario y exprimera dama debe ser considerada para solicitar la desestimación de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense mantiene su acusación y busca demostrar ante el tribunal que los hechos investigados constituyen delitos por los que ambos pueden ser procesados en Estados Unidos. Esta controversia jurídica deberá resolverse durante las próximas etapas del procedimiento.

El juez Alvin Hellerstein fijó el 14 de junio de 2027 como nueva fecha para el inicio del juicio, aplazando dos semanas el calendario establecido anteriormente debido a la incorporación de los nuevos cargos. Además, programó una audiencia para el 17 de diciembre de 2026, en la que se abordarán argumentos y solicitudes pendientes de las partes. De acuerdo con los reportes judiciales, Maduro y Flores podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si fueran declarados culpables de todos los cargos que se les atribuyen.

Por ahora, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia estadounidense mientras continúa la preparación del juicio. Las acusaciones sobre torturas y narcotráfico deberán ser examinadas mediante las pruebas y testimonios que presenten las partes ante la justicia federal. Aunque la nueva imputación aumenta la gravedad del proceso, ambos mantienen su declaración de inocencia y conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia.

Allan José Mendoza Valiente, de aproximadamente 32 años, falleció tras recibir varios disparos cuando se detuvo junto a dos acompañantes para ayudar al conductor de una camioneta volcada en el kilómetro 182 de la carretera, en Tactic, Alta Verapaz, Guatemala. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes 13 de octubre, según reportes de las autoridades locales.

De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, los tres viajaban en una pick-up cuando observaron el vehículo accidentado a la orilla de la vía y decidieron bajarse para prestar auxilio. Sin embargo, el conductor de la camioneta habría disparado contra Mendoza por motivos que aún se desconocen, dejándolo sin vida en el interior del vehículo volcado.

En el lugar, las autoridades capturaron a César Heredia Lem Cal, de 32 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante la intervención, el detenido también habría disparado contra los agentes policiales, quienes respondieron el fuego y le ocasionaron una herida por rozón en el pie izquierdo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades penales del capturado, mientras la familia de la víctima exige justicia por la muerte de Mendoza Valiente, quien perdió la vida al intentar ayudar a otra persona en la carretera.

Una mujer de 68 años murió este miércoles a causa de las heridas que sufrió durante el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el pasado viernes. Se trata de la primera víctima mortal registrada en el país tras el sismo, que dejó miles de personas sin vivienda, según informó una fuente oficial.

La víctima fue identificada como Elena Barría, quien «resultó gravemente herida durante el terremoto», informó la Caja de Seguro Social, institución encargada de administrar programas como pensiones y prestaciones, mediante un comunicado en el que confirmó su fallecimiento.

Medios locales reportaron que Barría residía en la localidad de Macaracas, en la provincia de Los Santos, ubicada en la región central de Panamá. Esta zona figura entre las más afectadas por el movimiento telúrico, junto con Herrera, Coclé y Veraguas.

El terremoto del viernes dejó alrededor de 30 personas heridas y provocó graves daños en infraestructuras, puentes y carreteras, lo que obstaculizó las vías de acceso en la región central del país.

De acuerdo con cifras del Gobierno panameño, el sismo dejó más de 2.000 damnificados en todo el territorio nacional. Además, unas 1.300 viviendas y 400 centros educativos resultaron afectados.

Tras el terremoto, las autoridades han registrado más de 400 réplicas, cuya actividad sísmica se ha sentido incluso en la vecina Costa Rica.