Internacionales
Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
Internacionales
Se alimentaba del sol»: Influencer vegano a prisión por dejar morir de hambre a su bebé
Maxim Lyutyi ha sido condenado a ocho años de cárcel por dejar morir de hambre a su bebé de apenas un mes de vida.
El influencer vegano, originario de Rusia y de 44 años, ha confesado ante la justicia que su hijo Kosmos murió de «neumonía y desnutrición» y que fue por su «culpa».
«Mi hijo se alimentaba del sol. Ha muerto por mi culpa», aseguró Lyutyi, quien ha detallado que la dieta de su hijo era pránica, una alimentación basada en la energía y los nutrientes solares.
El bebé llegó a pesar menos de dos kilos y fue trasladado a un hospital con un cuadro médico de neumonía grave que se desarrolló a consecuencia de la desnutrición. Los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida, por lo que finalmente murió.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de 2023, pero no ha trascendido hasta un año después, cuando ha sido aprobada la condena. En un principio, Lyutyi trató de culpabilizar a su pareja, Oxana Mironova, acusándola de que su hijo tenía falta de hierro en la sangre debido a las dietas que ella le proporcionaba.
Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio aseguran que la madre «intentaba amamantar al bebé a escondidas de su esposo, debido al gran temor a la reacción que este podría tener», tal y como recoge el medio Clarín. Aun así, Mironova recibió una pena condicional de dos años de «trabajo correccional».
Los abogados del ex mandatario estadounidense Donald Trump interrogan nuevamente a David Pecker, ex editor de The National Enquirer, con el propósito de desacreditar el testimonio del principal testigo de la Fiscalía en el juicio por “dinero en secreto”. El ex jefe de Estado está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar dinero que habría pagado para silenciar a dos mujeres durante su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Trump buscó este viernes socavar el testimonio de Pecker de que la práctica de un tabloide ayudó a enterrar historias vergonzosas sobre Trump como “parte de un plan” para colaborar en la campaña republicana de 2016.
David Pecker, ex editor del National Enquirer, regresó al estrado de los testigos por cuarto día consecutivo mientras los abogados defensores intentaban encontrar lagunas en su testimonio sobre los esfuerzos de su tabloide para proteger a su viejo amigo.
El testimonio de Pecker es crucial para los fiscales, quienes alegan que el esfuerzo fue una forma de influir ilegalmente en las elecciones de 2016.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Trump están tratando de demostrar que cualquier trato que Trump haya tenido con Pecker tenía como objetivo proteger a Trump, su reputación y su familia pero no su campaña.
Pecker ha testificado que tramó un plan con Trump y el entonces abogado del ex mandatario Michael Cohen, en agosto de 2015, para que el National Enquirer ayude en la campaña presidencial de Trump.
Pero, al ser interrogado por el abogado de Trump, Emil Bove, Pecker reconoció que en esa reunión no se mencionó el término “atrapar y matar”, que describe la práctica de los tabloides que compran los derechos de las historias para que nunca vean la luz del día.
En la reunión tampoco se discutió ninguna “dimensión financiera”, como que el National Enquirer pagara a personas en nombre de Trump por los derechos de sus historias, dijo Pecker.
Bove también confrontó a Pecker con las declaraciones que hizo a los fiscales federales en 2018 que, según el abogado defensor, eran “inconsistentes” con el testimonio del ex editor a principios de esta semana. Pecker testificó anteriormente que Trump le agradeció durante una visita a la Casa Blanca en 2017 por su ayuda.
Sin embargo, según notas citadas por Bove en el tribunal, Pecker había dicho previamente a las autoridades federales que Trump no le expresó ningún agradecimiento durante la reunión.
Pecker se ciñó a la historia que contó en el tribunal. “El FBI observa que alguien que está escribiendo aquí podría estar equivocado”, dijo; y agregó: “Sé cuál es la verdad”.
El contrainterrogatorio de Pecker culmina una semana trascendental en los casos penales que enfrenta el ex presidente mientras compite por recuperar la Casa Blanca en noviembre.
“Disgustado”
Este jueves, David Pecker recordó a un iracundo Donald Trump llamándole un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016 que denunciaba el pago de USD 150.000 del tabloide National Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la ex modelo de Playboy que afirmaba haber tenido un affaire con el candidato presidencial.
“Donald Trump estaba muy disgustado, diciendo: ‘¿Cómo ha podido pasar esto? Creía que lo tenías bajo control. O tú o uno de los tuyos filtró la historia’”, declaró Pecker. Dijo que le respondió a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo que fue muy inusual”, testificó Pecker.
El periodista declaró también que la respuesta del propietario del National Enquirer, American Media, al Journal de que la compañía “no había pagado a gente para matar historias perjudiciales sobre el señor Trump” era mentira. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y quería también proteger a Donald Trump”, explicó Pecker en el estrado.
Poco después, el tribunal hizo una pausa para almorzar y Trump abandonó la sala sin dirigirse a los periodistas en el pasillo.
Escépticos sobre la inmunidad
Por otro lado, en Washington, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró el jueves escéptico ante el pedido de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington sobre Trump por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos al pedido de Trump de inmunidad absoluta al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.
«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.
El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.
«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.
Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.
El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.
«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».
«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.
La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.
«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».
Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.
«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.
Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.
En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.
Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.
Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.
Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.
