Internacionales
Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un «golpe de Estado» y pidió a las Fuerzas Armadas «proteger» la democracia y desobedecer cualquier orden orientada a ese propósito.
Los trámites para la transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto, se desarrollan en medio de tensiones entre el gobierno saliente de izquierda y el presidente electo de extrema derecha, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.
Según De la Espriella, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje celebrado en junio, en el que el abogado obtuvo la victoria por menos del 1 % de los votos sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente electo también acusa al gobierno saliente de corrupción.
«Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», declaró De la Espriella, luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
El mandatario electo calificó la transición como una «auditoría exhaustiva» de la administración de Petro y afirmó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.
En respuesta, Petro escribió en X que De la Espriella «se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (…) y entregó la soberanía nacional para ser presidente».
De la Espriella, quien posee nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y aseguró haber votado por él en las elecciones de 2024. Además, afirmó que bajo su administración Colombia y Estados Unidos tendrán una relación «como nunca antes».
Las diferencias entre Petro y Trump han quedado reflejadas en reiterados desacuerdos sobre política migratoria y la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, Petro afirmó que desconoce la «legitimidad» del presidente electo, sostiene que existió un «fraude electoral» y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida de la Presidencia.
Aunque el senador Iván Cepeda, heredero político de Petro, reconoció los resultados electorales, anunció que se mantendrá en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno.
Sin embargo, observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.
De la Espriella ha prometido impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.
El abogado, conocido como «El Tigre», ha capitalizado el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos del gobierno de Petro para negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década.
Asimismo, el presidente electo amenazó con llevar a Petro, a Cepeda y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Aseguró que estos tienen «miedo» por el «destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (…) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo», aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.
De la Espriella también sostuvo que las denuncias de fraude constituyen una «excusa para incendiar el país».
Mientras tanto, sectores de la derecha expresan preocupación por un eventual estallido de protestas, similares a las manifestaciones respaldadas por Petro contra el entonces presidente Iván Duque entre 2019 y 2021, las cuales dejaron decenas de fallecidos.
Pese a la suspensión de la participación del equipo del presidente electo, Petro aseguró que el proceso de transmisión de mando continuará.
«Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», escribió el mandatario en su cuenta de X.
El fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó la sentencia impuesta por un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, que lo condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.
La condena fue dictada el 6 de julio por dicha sede judicial. Ante esta resolución, Zambada solicitó al juez federal que no fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad y pidió que se garantice la atención de su salud.
En una carta presentada por sus abogados al juez federal Brian M. Cogan, se indicó que Zambada está «plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua» y que «acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley».
Un video difundido en redes sociales muestra una pelea entre motoristas y ayudantes de dos autobuses del transporte interdepartamental ocurrida la mañana de este martes en Guatemala.
En las imágenes se observa cómo dos autobuses se detienen sobre la carretera. Segundos después, tres hombres descienden de una de las unidades y comienzan a gritar al ayudante del segundo autobús.
Posteriormente, la discusión escala hasta convertirse en una pelea en la que los involucrados intercambian golpes con puños, patadas y palos en plena vía.
Al final del video se escucha una detonación de arma de fuego proveniente del interior de uno de los autobuses.
