Internacionales
Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
Internacionales
Juez de Miami dicta orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
Un juez de Miami dictó una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En el incidente murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
La orden, firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan del Undécimo Circuito Judicial de Florida, se basa en la determinación de que existen indicios suficientes de que Castro conspiró con agentes cubanos que operaban en el estado. Según la investigación reabierta por las autoridades de Florida, espías infiltrados recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el ataque por parte de militares cubanos. Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es señalado como parte de la cadena de decisión.
Esta medida estatal es independiente de los cargos federales presentados en mayo de 2026 contra Castro y otros exmilitares cubanos por asesinato y conspiración. La orden no contempla fianza y autoriza a las autoridades de Florida a procurar su extradición si es localizado fuera del estado. Hermanos al Rescate, con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
El caso, reabierto décadas después de los hechos, mantiene el interés de las autoridades estatales y de sectores del exilio cubano en Florida. Castro, de 95 años, se retiró de sus cargos formales en 2021, aunque conserva influencia en la isla. Las autoridades de Florida anunciaron públicamente la orden este lunes.
El barril de petróleo Brent se cotiza este lunes por encima de los 107 dólares, luego de registrar una leve disminución cercana al 1,9 %. El precio se mantiene en niveles elevados tras haber rozado los 110 dólares el viernes, en un mercado que continúa mostrando alta volatilidad en el crudo y sus derivados.
Las cotizaciones se mantienen presionadas al alza por las tensiones vigentes en Medio Oriente, en particular por el cierre y los riesgos de tránsito en el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula una parte importante del petróleo mundial. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reducido los flujos de crudo del Golfo en las últimas semanas y ha generado preocupación por posibles interrupciones adicionales del suministro.
A pesar de la corrección de este lunes, los precios siguen reflejando un entorno de riesgo geopolítico elevado. El Brent es la principal referencia internacional para el comercio de petróleo y suele influir directamente en los costos de combustibles y derivados a nivel global. En lo que va del año, la cotización acumula ganancias significativas impulsadas por factores de oferta y demanda, además de los episodios de inestabilidad regional.
Los mercados seguirán atentos a la evolución de la seguridad marítima en la zona del Golfo y a cualquier desarrollo que pueda alterar los flujos de exportación. Mientras persistan las restricciones en rutas clave como Ormuz, se espera que la volatilidad continúe marcando el comportamiento del precio del barril en las próximas sesiones.
Internacionales
Macron anuncia restricciones a reuniones en Francia tras violentas protestas que dejan miles de detenidos
Francia atraviesa una nueva crisis social y de seguridad. El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo 18 de octubre que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones públicas cuando sea necesario, tras una jornada de violentos disturbios, enfrentamientos con la Policía y saqueos registrados en distintas ciudades del país.
Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y los daños ocasionados a establecimientos comerciales y edificios públicos. Macron calificó la violencia contra los agentes como un hecho sin precedentes y aseguró que se investigarán posibles fallas en las labores de inteligencia y preparación policial. También advirtió que los responsables de los destrozos deberán responder ante la justicia.
Las protestas surgieron en medio del creciente descontento ciudadano por el elevado costo de la vida y las dificultades que enfrenta la juventud francesa. Según los primeros balances difundidos por las autoridades, los disturbios del sábado dejaron alrededor de 2,000 detenidos y 600 integrantes de los servicios de seguridad y emergencia heridos, además de numerosos comercios afectados. Las movilizaciones se extendieron por ciudades como París, Marsella y Lyon, donde también participaron miles de manifestantes pacíficos.
Ante la gravedad de la situación, Macron pidió a los prefectos y alcaldes adoptar medidas para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, incluida la prohibición de ciertas reuniones cuando las circunstancias lo justifiquen. El Gobierno francés también buscará abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes, sindicatos, representantes empresariales y dirigentes políticos para atender las demandas sociales, mientras crece el debate sobre la seguridad pública y el respeto al derecho de manifestación.
