Internacionales
Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja ubicado en Orange, en el sureste de Francia, donde los restos se encontraban dentro de cajas, informaron este martes diversas fuentes.
La fiscalía local indicó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo realizado la noche del lunes en un apartamento situado en el centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la institución, la mujer, de 32 años, dio a luz en su vivienda el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada a un hospital.
El descubrimiento de los restos ocurrió luego de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, según explicó la fiscalía.
Durante la inspección, el hombre encontró lo que parecían ser restos humanos y notificó al hospital, que posteriormente alertó a la fiscalía.
Un médico forense señaló que los restos probablemente pertenecen a cinco recién nacidos.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la tragedia. Los investigadores aún no han podido entrevistar a la madre, quien permanece hospitalizada tras el parto.
La fiscalía informó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Un vecino identificado como Florent Jean declaró a AFP que ambos niños asistían a una escuela primaria de la localidad y que la madre solía recogerlos al mediodía para almorzar, mientras su pareja permanecía fuera de casa por motivos laborales durante gran parte del día.
El martes, varias bicicletas permanecían apoyadas frente al apartamento de la familia, ubicado en la segunda planta del edificio, mientras la puerta se encontraba precintada con cinta roja.
Las autoridades señalaron que los casos de homicidios de bebés al nacer no son poco frecuentes y que, en ocasiones, están relacionados con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, ocultándolo a su entorno.
Como antecedente, el texto recuerda que en febrero una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en un congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.
Asimismo, menciona que el caso más grave de infanticidio registrado en Francia fue el de Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos, luego de que un jurado reconociera una alteración de su discernimiento.
Autoridades mexicanas detuvieron el pasado lunes a la viuda del alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, asesinado la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informaron la fiscalía y medios de comunicación.
Valentín Lavín, alcalde de Temoac, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. De acuerdo con la prensa mexicana, tenía alrededor de 40 años.
El crimen ocurrió en una zona donde operan distintos cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía de Morelos informó sobre la captura de Marisol “N”, identificada por medios mexicanos como la viuda del alcalde. En el mismo operativo también fue detenido Geovany Emmanuel “N”, quien dirigía la Policía del municipio.
La dependencia señaló que ambos fueron arrestados como parte de una estrategia contra la extorsión, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de su detención ni sobre una posible relación con el homicidio de Valentín Lavín.
Según el contexto presentado, México registra cerca de un centenar de asesinatos de alcaldes desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.
Uno de los casos más recientes ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, una región reconocida por la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.
El rapero estadounidense D4vd irá a juicio acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, luego de que la jueza Charlaine Olmedo determinara, al concluir una audiencia de cinco días realizada el pasado lunes en Los Ángeles, que existe evidencia suficiente para que el caso avance a esa etapa.
El cantante, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, está acusado de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una adolescente estadounidense con quien, según la fiscalía, habría mantenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él 18.
De acuerdo con los mensajes presentados por la fiscalía durante la audiencia, la menor amenazó con “acabar” la carrera del cantante aproximadamente 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum.
“Te voy a estrangular (…) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo”, escribió Rivas en uno de los mensajes citados durante la audiencia.
Según el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, Burke solicitó un servicio de Uber para trasladar a la adolescente hasta su vivienda con el propósito de “deshacerse” de ella.
La acusación sostiene además que el cantante intentó borrar sus huellas al ordenar motosierras por Amazon, una piscina inflable para presuntamente desmembrar el cuerpo y un incinerador de jardín que, según la fiscalía, era demasiado pequeño para incinerarlo.
El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista.
Burke se declaró no culpable de los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.
Durante la audiencia también se conoció que la familia de la adolescente estaba al tanto de la relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajara con él a Londres en septiembre de 2024.
Asimismo, los mensajes de texto presentados por la fiscalía indican que la joven estuvo embarazada y posteriormente se practicó un aborto. También mantuvo comunicación con Burke durante varios meses después de su separación, ocurrida en noviembre de 2024.
Blair Berk, uno de los abogados del cantante, afirmó que en un caso sin testigos ni arma homicida “no hay evidencia de una intención deliberada de matar”.
Por su parte, la fiscal Beth Silverman respondió: “No hay nada en este caso que suene como un accidente”, y acusó a la defensa de intentar “ensuciar a la víctima”.
La próxima audiencia para definir la fecha del juicio fue programada para el 31 de agosto.
