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Internacionales

Hijo de excandidato presidencial asesinado en México pide indulto para su asesino confeso

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Un hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 cuando aspiraba a la presidencia de México, pidió este lunes al mandatario Andrés Manuel López Obrador un indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre.

«Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto (…), que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos», dijo Luis Donaldo Colosio Riojas, quien actualmente se desempeña como alcalde de Monterrey, en el norte de México.

La solicitud llega tres semanas después de que un juez desechara pruebas presentadas por la Fiscalía General (FGR) contra un «segundo» pistolero supuestamente implicado en el crimen, según reveló este lunes el organismo investigador, que asegura que este hombre actuó con la complicidad del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

«Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima», aseguró la FGR en un comunicado, en el que anunció que apelará la decisión del juez.

Colosio fue asesinado a tiros cuando era candidato del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante un mitin en Tijuana (estado de Baja California), fronteriza con Estados Unidos, el 23 de marzo de 1994.

Aburto, de 53 años, es hasta el momento la única persona encarcelada por el magnicidio que sacudió al país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), del PRI.

Según las investigaciones, el hombre admitió ser el asesino de Colosio y haber actuado por cuenta propia. Fue condenado a 45 años de prisión.

Colosio Riojas pidió «dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo».

En octubre pasado, un tribunal otorgó a Aburto un amparo que invalidaba su sentencia, argumentando que debió haber sido procesado con base en el Código Penal de Baja California y no con el federal.

Al respecto, Colosio Riojas dijo que la Fiscalía General no ha contactado a su familia y expresó su rechazo a que el tema sea «manoseado» en tiempos electorales.

«Es meter ruido innecesariamente. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué siempre en época electoral?», cuestionó en referencia a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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