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FOTOS: Así son los trenes eléctricos rusos que recibirá Argentina
La empresa Transmashholding, uno de los principales fabricantes rusos de material rodante para el transporte ferroviario, ha ganado la licitación de trenes eléctricos del Gobierno de Argentina por un valor total de más de 864 millones de dólares.
Como parte de este concurso, la compañía rusa suministrará al país latinoamericano 70 trenes eléctricos de la serie Ívolga, que abarcan 560 vagones. Según detalla Transmashholding, a lo largo de varias etapas, las autoridades argentinas no solamente evaluaron los parámetros técnicos y económicos, sino también procuraron que el modelo escogido cumpla las expectativas de los pasajeros. «En total, el proceso de elección del proveedor duró más de 3 años», precisaron.
La Ívolga, fabricada en la planta de construcción de vagones de la ciudad rusa de Tver, es una serie de trenes eléctricos de pasajeros, conocida como unidad eléctrica múltiple. Desde 2014, cuando se creó el modelo básico del tren, la empresa ya ha presentado tres variantes de su tren, con el último modelo, Ívolga 3.0, lanzado en julio de 2021.
Gracias a las tecnologías avanzadas, Ívolga puede alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora y cambiar de sentido en tan solo 1-2 minutos. El tren puede estar compuesto de 4 a 12 vagones, según las necesidades de la línea.
Según el nuevo contrato, el modelo será adaptado al tamaño de las vías de 1676 milímetros para satisfacer las necesidades del sistema ferroviario argentino. «El casco del tren eléctrico será fabricado en acero inoxidable, con tres puertas», detallaron a Vedomosti desde Transmashholding.
Asimismo, la licitación prevé la «prestación de los servicios de capacitación técnica, asistencia técnica y mantenimiento de unidades», según se desprende del Boletín Oficial de Argentina.
«La adquisición de estos nuevos trenes obedece a la necesidad de modernizar la infraestructura ferroviaria, brindar mayor tecnología, mejorar la frecuencia de todas las líneas, aumentar la cantidad de pasajeros transportados y lograr mayor seguridad», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Transporte de Argentina, Alexis Guerrera.
Según detalló Guerrera, los nuevos trenes están destinados a las líneas San Martín, Sarmiento y Roca en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, adelantó que los primeros 45 trenes comenzarán a llegar al país a partir del segundo año de la firma del contrato para las líneas Roca y Sarmiento, mientras que el resto de las unidades llegará a partir del comienzo del cuarto año de la firma de contrato.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
