Internacionales
Extorsiones en Ecuador: Familias obligadas a pagar para salvar sus hogares
Saca electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. La familia pone en orden su casa en el suroeste de Ecuador recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
El ambiente es tenso en la violenta localidad costera de Durán, cercana a Guayaquil, custodiada por soldados y policías. Bajo el ardiente techo de zinc de la modesta casa, un par de jóvenes cubiertos con mascarillas derriba a patadas improvisadas paredes de madera. Otros tiran a la calle montañas de enseres que sirvieron a los delincuentes.
«Querían que les pagara 2.000 dólares» a cambio de supuestamente «cuidar» la residencia que estaba en construcción, cuenta a la AFP la propietaria, que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La fuerza pública recuperó la casa de esta familia, como la de muchas otras víctimas de una nueva modalidad de extorsión en Ecuador, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
«No se quede mucho tiempo», advierte un policía a la manicurista, quien teme regresar definitivamente.
La mujer dice haber pagado 300 dólares a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
«Tuve que salir de aquí por miedo (…) Matan a quien sea», dice en medio de la operación oficial. Los uniformados rompen candados y tumban puertas para recuperar la vivienda tomada por criminales en el barrio Fincas Delia, en las periferias de Durán.
La pequeña ciudad, ubicada a orillas del río Guayas, es cotizada para el narcotráfico por sus esteros convertidos en rutas fluviales para llegar a puertos desde donde sale la droga.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
«Daño irreparable»
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un «lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años», indica a la AFP Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados «vacunadores» llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en «casas de seguridad» del crimen, explica.
También usan las residencias para «mantener personas secuestradas», convertirlas en «bodega de acopio» de drogas y armas o para alquilarlas, explica a la AFP César Peña, fiscal de la provincia de Guayas (capital Guayaquil).
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un «daño irreparable al tejido social» de la ciudad, precisa el defensor.
«Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes», añade.
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Desplazamiento interno
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las «vacunas» han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
«Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor», señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de «delatora» y la obligaron a irse.
«El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral», lamenta Navarrete.
En una demostración de músculo, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó unos 1.100 policías y militares en Durán, advirtiendo a las mafias que tenían las «horas contadas».
Al menos cien casas fueron recuperadas en esa localidad en operaciones realizadas en julio. Un mes antes, 170 viviendas regresaron a manos de sus dueños en Guayaquil.
El paso de una motocicleta alerta al policía que acompaña a la familia en la recuperación de su casa. Esta «gente anda en motos viendo todo para decirles a esos terroristas», susurra el uniformado.
Tras el desalojo, colchones, platos, una bicicleta, un televisor, camas y otros muebles de los antiguos ocupas arden en una hoguera sobre la polvorienta calle.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
