Internacionales
Entra en vigor Ley de Despenalización de la Marihuana en Nueva York
El poseer pequeñas cantidades de marihuana ya no será un delito en el estado de Nueva York, luego que este miércoles entrara en vigor la nueva ley que reduce las penalidades por posesión ilegal de la hierba. Ahora, el cargar dos onzas o menos será considerado una infracción menor que se castigará solo con una multa. Además, se crea un proceso que permitirá que aquellos que habían sido condenados por tener pequeñas cantidades puedan limpiar su récord criminal.
La Ley de Despenalización de la Marihuana fue firmada por el gobernador Andrew Cuomo el pasado 29 de julio, pero no fue sino hasta este miércoles que se hizo efectiva, algo que el mandatario estatal celebró indicando que durante demasiado tiempo “las comunidades de color se han visto desproporcionadamente afectadas por las leyes que rigen la marihuana y han sufrido las consecuencias de por vida de una condena injusta por marihuana“.
Esta nueva legislación, que permitirá que miles de neoyorquinos sean elegibles para que se eliminen de sus récords criminales sus condenas por posesión de marihuana en pequeñas cantidades, se considera un paso hacia delante en el camino por lograr en el futuro que se apruebe en la Legislatura estatal en Albany una medida para legalizar por completo el uso recreacional de la hierba, luego que un proyecto de ley no logró ser aprobado antes del fin de las sesiones legislativas el pasado junio.
“Hoy es el comienzo de un nuevo capítulo en el sistema de justicia penal. Al proporcionar a las personas un camino para que se eliminen sus registros, incluidos aquellos que han sido afectados injustamente por su raza u origen étnico. Al reducir la pena por posesión ilegal de marihuana a una multa, estamos dando a muchos neoyorquinos la oportunidad de vivir vidas mejores y más productivas, exitosas y saludables”, indicó Cuomo en un comunicado.
Y es que por años, activistas de las minorías, organizaciones comunitarias y funcionarios electos han insistido en que las leyes estatales sobre la marihuana que han existido hasta ahora afectaban de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas y latinas.
Precisamente así lo demuestran las estadísticas del mismo Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que demuestran que en los primeros seis meses del 2019 más del 95% de las personas detenidas fueron negros o hispanos. De hecho, casi todas las personas arrestadas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana en la Gran Manzana durante los primeros tres meses de este año fueron de raza negra o latina, según datos de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado. De 476 personas arrestadas por poseer la hierba como delito de quinto grado en toda la ciudad, solo 20 eran blancas, siendo las otras 456 personas de color.
Ahora a las personas que tenían condenas por posesión ilegal de marihuana y posesión de marihuana como delito menor de clase B, se les eliminarán automáticamente esas condenas de su registro criminales, sin tener que presentar solicitudes para que eso ocurra. Según datos de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado, se estima que 13,537 personas de los cinco condados de la Gran Manzana automáticamente no tendrán antecedentes penales a partir de este miércoles con la entrada en vigor de la nueva ley.
Además, datos de la misma agencia demuestran que en el resto del estado de Nueva York los beneficiados que podrían calificar para la eliminación de sus condenas podrían superar los 10,872. La nueva medida también permite que cualquier neoyorquino pueda solicitar a los tribunales que eliminen sus récords por este concepto, pero eso estará sujeto a una orden judicial.
El cambio de ley también hace que la posesión de menos de dos onzas de la hierba se considere una violación menor en lugar de una ofensa criminal, con multas por no superarían los $200 dólares. Para los que sean parados con menos de una onza, la multa será de $50 dólares.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
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La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
