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En sus últimos días de gobierno, Trump acelera la construcción del muro en la frontera
Hace cuatro años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo con la promesa de construir un gran muro sobre la frontera de Estados Unidos con México, un símbolo de su determinación para detener la inmigración desde los países del sur y de su deseo de construir una barrera que duraría más que él.
El presidente electo Joe Biden ha dicho que espera detener la construcción del muro fronterizo, pero la administración saliente, en las últimas semanas que le quedan en el poder, está corriendo para completar tanto como sea posible del muro, al dinamitar algunos de los terrenos más imponentes de la frontera.
El ritmo vertiginoso con el que la construcción continúa asegura que, a pesar de todo y sin importar lo que Biden decida hacer, el muro está aquí para quedarse en el futuro previsible y establece un polémico legado de Trump en lugares que fueron cruciales para su derrota.
Al sureste de Arizona, la persistente división política generada por el emblemático proyecto de construcción del presidente Trump ha enemistado a rancheros y vecinos en un estado donde el candidato presidencial demócrata de este año ganó, por primera vez en décadas, y con poca ventaja.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza se apresuran a cumplir con el mandato del presidente Trump de 450 millas de construcción de nuevos muros durante su mandato
La región se está convirtiendo en uno de los últimos centros de construcción del muro de la administración Trump, mientras equipos de demolición desgarran febrilmente las remotas montañas Peloncillo, donde los ocelotes y los carneros de las rocosas recorren el paisaje boscoso lleno de sicomoros y álamos.
“La ruta de la vida silvestre, la arqueología e historia, todo está siendo explotado o ya está destruido”, explicó Bill McDonald, de 68 años, un ganadero de quinta generación que durante mucho tiempo fue simpatizante del Partido Republicano y que votó por Biden. “Tragedia es la palabra que uso para describir lo que está pasando”.
Incluso aquellos como McDonald que odian el muro están preparándose para la posibilidad de que permanezca allí por décadas, tomando en consideración la evaluación que hacen de las señales que envía el equipo de transición de Biden.
Bill McDonald, un ranchero y republicano de toda la vida que votó por Joe Biden, está en contra de la construcción del muro.
Aunque el presidente electo ha dicho que detendrá cualquier trabajo nuevo de construcción en el muro, otras prioridades en el tema de migración como terminar con la prohibición de los viajes, aceptar más refugiados y aligerar las restricciones de asilo están silenciando los llamados para derribar los segmentos del muro que ya fueron construidos.
Asesores involucrados en el equipo de transición, quienes comentaron sobre los planes de la próxima administración con la condición de mantener el anonimato, rechazaron la noción de que habrá un intento de desmantelar el muro que ya existe en la frontera. Uno de los asesores definió al muro como “una distracción”.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún corren para alcanzar la orden presidencial de construir 724 kilómetros nuevos de muro fronterizo durante su mandato, lo que casi duplica el promedio de construcción desde que inició el año. Hasta el 13 de noviembre de este año, el gobierno de Trump ha construido 646 kilómetros del muro.
De esa extensión, cerca de 40 kilómetros no tenían barreras antes que Trump asumiera la presidencia. El resto de la construcción sustituyó secciones, mucho más pequeñas, de segmentos deteriorados del muro o partes que solo contaban con barreras vehiculares, tramos que, según lo dicho por los funcionarios, no desalientan a los migrantes al momento de cruzar la frontera a pie.
Parte de la construcción más invasiva y costosa se está desarrollando este mes en Guadalupe Canyon, un oasis que es el hábitat de especies exóticas de aves como el chotacabras tucuchillo y el tirano melancólico.
Carreteras sinuosas utilizadas para la construcción cerca del Monumento Nacional Coronado.
Hasta que los equipos de demolición aparecieron este año, el cañón estaba tan apartado —cerca de 48 kilómetros en las afueras de Douglas, el pueblo más cercano, con carreteras de tierra como vía de acceso— que los rancheros aseguran que los cruces de migrantes en esa área eran extraordinariamente infrecuentes.
Ahora, algunas partes del cañón recuerdan a los territorios donde se efectúan operaciones mineras al aire libre. Cuadrillas de trabajo están dinamitando el costado de las montañas diariamente para construir el muro y caminos de acceso en una de las regiones más costosas para construir en cualquier lugar de la frontera.
Jay Field, vocero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, mencionó los “7,5 kilómetros de difícil terreno empinado y accidentado” del cañón en un informe que explica que el costo por kilómetro de construcción en este terreno está cercano a los 41 millones de dólares, prácticamente el doble del costo estimado por kilómetro construido del muro según se estableció en el informe de situación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 2020.
“Esto no solo es desconsolador, sino completamente inútil”, aseguró Diana Hadley, una historiadora cuyo rancho familiar incluye mucho del terreno de Guadalupe Canyon. Hadley explicó que, desde hace mucho tiempo, las barreras naturales han servido para disuadir a las personas que buscan cruzar la frontera en esa zona remota.
Estas opiniones críticas acerca del muro no son unánimes de este lado de la frontera. Un partidario notable de la construcción del muro es el alcalde de Douglas, el republicano Donald Huish, cuya familia emigró a Estados Unidos desde México después de la Revolución mexicana.
“Una vez que el gobierno hace algo tan grande como esto es muy difícil que se retracte”, aseguró Huish, quien agregó que él creía que el muro ha hecho del pueblo un sitio más seguro al obligar a los migrantes a cruzar la frontera en lugares del desierto que están relativamente lejos de Douglas.
“Alcanzamos el punto crítico de llegar a encontrar inmigrantes ilegales en nuestros patios traseros y ahora esa situación cambió”, explicó Huish al citar el impacto que han tenido tanto la actual construcción del muro como los tramos que se hicieron antes de que Trump asumiera la presidencia.
Durante el tiempo que les queda en sus cargos, los funcionarios de la administración Trump han impulsado la construcción del muro, mientras critican las propuestas de inmigración de Biden.
Un sitio de construcción en el Valle del Río San Pedro.
Mark Morgan, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha dicho que el muro permite que la agencia canalice la migración hacia ciertas zonas y así poder desplegar estratégicamente a sus agentes en los lugares donde pueden realizar detenciones.
Morgan afirmó que el plan de Biden para detener la construcción del muro fronterizo “va a tener un dramático impacto negativo”.
Aunque se han construido pocos kilómetros del muro fronterizo en el sur de Texas, sí ha tenido un impacto inmenso en los propietarios de tierras. Este año, el gobierno ha presentado más de 117 demandas contra propietarios de tierras para inspeccionar, incautar o potencialmente comenzar a construir en sus propiedades, lo cual muestra un gran aumento en comparación con las 27 demandas presentadas en 2019, según el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Richard Drawe, de 70 años y propietario de terrenos ubicados en el área cercana a Progreso, Texas, cedió voluntariamente su tierra para evitar enfrentar al gobierno en la corte, al admitir que la administración eventualmente podría usar su autoridad de dominio para tomar la propiedad de todos modos.
Hace un año, el muro solo era visto como un proyecto lejano. Pero ahora las estructuras de acero se extienden más allá de su casa, apartándolo a él y a su esposa de las puestas de sol y las espátulas rosadas que les encantaba ver.
“Estoy acostumbrado a vivir al aire libre, sin vallas, haciendo lo que quiero”, dijo Drawe. “No quiero ver un maldito muro cada vez que abra la puerta”.
Pero aunque Drawe, quien votó por Trump a principios de este mes, no quiere que el muro fronterizo pase por su propiedad, está de acuerdo en que ayudará a los agentes de la Patrulla Fronteriza a frenar la migración ilegal.
Brian Hastings, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza del sector del Valle del Río Grande, dijo que el muro le ha dado más flexibilidad a la agencia para ubicar estratégicamente a los agentes en las zonas que carecen de barreras o tecnología de vigilancia.
“Sin duda, veremos los beneficios cuando este sistema de muro esté ubicado en su lugar”, dijo Hastings en una entrevista. “Nos permite responder más rápido”.
Aunque otras personas parecen haberse resignado a vivir a la sombra del muro, Karen Hasselbach, que vive en otro tramo de la frontera en Arizona cerca del río San Pedro, ve las cosas de manera distinta.
Dijo que los equipos de trabajo destruyeron la soledad que buscaba cuando se mudó de Maine a la frontera hace 23 años. Ahora, Hasselbach observa el muro desde su patio delantero.
Hasselbach dijo que había comenzado a comparar el muro fronterizo, que desprecia, con el trabajo de Christo, el artista conceptual de Bulgaria que fue muy popular por desarrollar proyectos ambientales a gran escala.
“Trato de verlo como una instalación artística temporal”, dijo Hasselbach, de 69 años, quien es propietaria de una tienda de segunda mano en la ciudad de Palominas. “Mi esperanza es que lo derriben”.
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Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
