Internacionales
El drama y horror que vivió una niña de 15 años cuyos padres permitían que el dueño de la casa la abusara a cambio de no pagar alquiler
C. tiene 15 años de edad. Al menos durante los últimos dos vivió un verdadero infierno. Su madre biológica y su padrastro la usaban como moneda de cambio en un macabro pacto que entablaron con el dueño de la casa en la que vivían en la localidad de Bernal para obtener un beneficio económico. ¿En qué consistía el trato? Permitían que el propietario de la vivienda violara a la menor cuantas veces quisiera a cambio de no pagar el alquiler.
La adolescente fue rescatada los últimos días por efectivos de la DDI de Quilmes, Argentina, después de una denuncia hecha por una de sus tías y detuvo a los abusadores, todos de nacionalidad paraguaya.
Según dijeron fuentes policiales a Infobae, el horror al que estuvo sometida ocurrió en una casa ubicada en la calle Neuquén al 68, lugar en el que C. vivía junto a su mamá, Ramona Perla (37) y su padrastro, Julián Agripino (65), un ex albañil y jubilado, quien también se aprovechaba de la convivencia que mantenía con la menor para violarla en reiteradas oportunidades.
La otra pata del «acuerdo» de abuso y violación es Juan Bautista Rotela Domínguez, un hombre de 46 años y el dueño de la casa que alquilaba la familia, quien al igual que Agripino, deberá rendir cuentas en la justicia por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
La mamá, que trabajó en una empresa de limpieza hasta 2016, está acusada ahora de promoción y facilitación de la prostitución. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a este medio que la mujer, bajo amenazas y golpes, le entregaba a su hija a Rotela Domínguez para que mantuvieran relaciones sexuales y así vivir gratis.
En el caso intervino el fiscal Alejandro Ruggeri, titular de la UFI 8 de Quilmes (especializada en delitos sexuales). Por lo pronto, C. ya declaró en cámara Gesell y hoy está al cuidado de personal de Protección a la Niñez de la localidad de Florencio Varela,lejos de sus victimarios.
Según tuvo conocimiento Infobae, hay una situación que la Justicia está tratando de confirmar: una versión que indica que la adolescente después de lo que tuvo que padecer, habría quedado embarazada de alguno de los dos hombres y obligada a abortar.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
