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El alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó:»Debe haber un cambio de actitud (del Gobierno) porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada»

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, advirtió que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos.

«Debe haber un cambio de actitud (del Gobierno) porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada», dijo Zeid a la prensa, a la que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.

«Debe liberarse a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente», agregó el alto responsable de la ONU, quien dentro de dos días entregará el testigo a su sucesora, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet.

Zeid, a quien se le reconocen sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que -como ocurrió al inicio de la crisis en Venezuela- en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad «están luchando por los derechos más básicos».

Denunció «el grado tan intenso de represión» que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos.

«No me sorprendería que en el futuro escuchemos que hubo desapariciones o casos de tortura», anticipó.

Zeid tuvo la oportunidad de hablar con líderes del movimiento estudiantil que pide la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyos relatos le impactaron por la gravedad de los hechos descritos.

El alto comisionado saliente dijo también que espera que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) ordene a tiempo una investigación de las violaciones de derechos y libertades, como ha solicitado su oficina.

El CDH inicia el próximo 10 de septiembre en Ginebra su tercer y último periodo de sesiones del año.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció desde el inicio de la crisis en Nicaragua, el pasado abril, la represión, en particular la participación de grupos de tipo paramilitar y sus ataques sin motivo contra los manifestantes.

 

Zeid dijo que deben ejercerse rápidamente presión a nivel regional e internacional sobre el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, porque las denuncias y declaraciones de la ONU no son suficientes.

«Si (se trata de gente que) se prepara para atacar jóvenes estudiantes no van a escuchar o dejarse persuadir por un funcionario de la ONU», explicó.

Zeid declinó comentar la mediación que el presidente Ortega ha pedido a la ONU, señalando que este esfuerzo corresponde al secretario general de la organización, Antonio Guterres.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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