Internacionales
Ecuador extiende por 30 días estado de excepción declarado tras arremetida narco
Ecuador extendió el jueves por 30 días el estado de excepción, que permite movilizar a los militares para mantener el orden en calles y cárceles, decretado en enero ante una violenta arremetida de grupos narcotraficantes, informó el gobierno.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió «renovar por treinta días adicionales» el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero pasado.
La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados Unidos y Europa, se debe a la «grave conmoción interna» y al «conflicto armado interno» que enfrenta la nación, según el documento.
La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por 90 días continuos.
Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo «Fito» Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en «conflicto armado interno» y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de «terroristas» y «beligerantes».
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del «conflicto armado interno» puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al estado de excepción.
El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a identificar «conductas ilícitas».
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Debido al narcotráfico, los homicidios pasaron de 6 al récord de 46 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2023, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.
El estado de emergencia permitió reducir la tasa de homicidios de 28 diarios durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, de acuerdo a datos oficiales.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
