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Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus

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La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.

La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.

No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.

Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.

Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.

Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.

«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.

Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».

Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.

«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.

En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.

El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.

Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».

«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.

«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.

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DEIC rescata a menor de 17 años secuestrada en la carretera a El Salvador y captura al presunto responsable en Villa Canales

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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil de Guatemala rescataron este sábado a una adolescente de 17 años que había sido secuestrada el jueves 20 de agosto en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador. La menor fue liberada sana y salva durante un operativo táctico.

El presunto secuestrador, identificado como Horacio “N”, de 39 años, fue capturado en el kilómetro 36 de la misma carretera, a la entrada de la aldea El Jocotillo, en Villa Canales. El hombre se desplazaba a bordo de un pick-up con placas P-198LVZ. Los agentes pertenecen a la delegación de Villa Nueva.

La víctima permanecía retenida contra su voluntad desde el jueves. Tras el operativo, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa la investigación.

El caso se registró en una de las principales vías de conexión entre Guatemala y El Salvador, zona que suele ser objeto de vigilancia por las autoridades de ambos países.

Las instituciones de seguridad recuerdan la importancia de denunciar de inmediato cualquier desaparición o hecho sospechoso.

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Rescatan a joven de 24 años tras cinco días de cautiverio, encadenada y agredida sexualmente por su excompañero en Águas Lindas de Goiás, Brasil

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Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada el viernes 21 de agosto por la Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de la Policía Militar de Goiás en una casa del Setor Jardim América III, en Águas Lindas de Goiás (entorno del Distrito Federal). La joven permanecía desaparecida desde el 17 de agosto, cuando salió de su domicilio en el barrio Morada da Serra para una consulta médica.

Los agentes la encontraron amordazada, con una máscara en el rostro para impedir que gritara, y con brazos, piernas y cuello sujetos por cuerdas, algemas y una cadena de hierro. Presentaba dificultades para respirar y signos de violencia. Según su relato y las investigaciones, el sospechoso la sedó con medicamentos y la agredió sexualmente de forma reiterada durante los cinco días de cautiverio.

El presunto autor es Ailton Rodrigues de Souza, su excompañero. Fue detenido en flagrante tras intentar huir en un vehículo durante una aproximación policial. En el inmueble se incautó una pistola calibre 9 mm, el automóvil, sedantes, algemas, cuerdas y la cadena. El hombre deberá responder por secuestro, estupro, cárcere privado y porte ilegal de arma.

La víctima recibió atención médica y se encuentra en estado estable. Posteriormente relató en redes sociales que el agresor le introdujo paños con ácido en la boca. La Policía Civil de Goiás continúa las investigaciones.

El caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género y la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.

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Madre acusada de causar la muerte de su hijo de 28 años en accidente de bote en Nueva Jersey; segundo caso similar en Barnegat Bay

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Jennifer L. Pearson, de 59 años y residente de Barnegat, Nueva Jersey, fue acusada de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol y causar la muerte de su hijo Gunnar Pearson, de 28 años, en un accidente ocurrido el 25 de mayo (Memorial Day) en Barnegat Bay. Alrededor de las 5:45 p.m. su bote de 23 pies impactó contra una baliza de canal cerca del Brant Beach Yacht Club, en Long Beach, lo que lanzó al agua a su hijo y a la novia de este. Gunnar falleció posteriormente en un hospital a causa de las heridas; otras cuatro personas a bordo resultaron con lesiones leves.

Pearson se entregó a la Policía Estatal de Nueva Jersey el 20 de agosto. Las pruebas indicaron un nivel de alcohol en sangre de entre 0.09 y 0.12, superior al límite legal de 0.08. Se le imputan cargos por causar una muerte al operar una embarcación, operación bajo influencia, operación temeraria, no contar con certificado de seguridad náutica y no mantener vigilancia adecuada.

Este es el segundo caso similar en la misma bahía en pocas semanas. En julio, Stephen Schneider, de 64 años, fue acusado de operar ebrio un bote que chocó contra una baliza y provocó la muerte de sus dos nietos, de 7 y 9 años. Barnegat Bay, de aguas poco profundas, ha registrado varios accidentes contra marcadores de canal este verano.

La investigación continúa y Pearson permanece a la espera de audiencia. Las autoridades recuerdan que todos los cargos son acusaciones y se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario.

El caso ha generado debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y el consumo de alcohol en embarcaciones en la zona.

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