Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
Internacionales
Bank of America acepta pagar $72,5 millones para cerrar un proceso civil vinculado a Epstein
Bank of America aceptó pagar 72,5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el «tráfico sexual» del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados por AFP.
«Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes», indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.
El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.
Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber «participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein» al prestarle servicios bancarios a pesar de las «señales de alerta».
En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.
El banco específicamente negó «haber participado de cualquier manera» en la red criminal de Epstein.
Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.
Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.
Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.
Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.
Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.
X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.
Las demás plataformas digitales deben «adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente», añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.
Advirtió que no habrá «margen para concesionesv» para las redes sociales que operan en Indonesia.
TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo «tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años».
Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.
La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.
México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las «graves omisiones» del centro de detención donde se hallaba el migrante.
Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.
La institución exhortó a Estados Unidos a que «estos lamentables casos no continúen» y demandó «una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia».
Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos «para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas» al deceso.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. «Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró en rueda de prensa.
En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más fueron catalogados como «suicidio».
Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.
El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.
