Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, capturaron a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles.
La detención fue ejecutada el pasado 23 de mayo en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
Según las autoridades, Castro García tenía vigente una orden de captura emitida el 25 de septiembre de 2024 por el delito de parricidio. La investigación del Ministerio Público de Guatemala la vincula con la muerte de su hijo menor de edad, ocurrida en 2021.
Tras su arresto, la funcionaria fue trasladada bajo custodia hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el juzgado competente y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la fiscalía, existen elementos de investigación, peritajes y otros indicios que sustentan la sospecha de una posible participación en los hechos investigados. Asimismo, las autoridades señalaron que la alerta internacional fue activada para evitar una eventual evasión de la justicia mientras la acusada permanecía fuera del país.
Por su parte, la defensa de Castro García sostiene que la funcionaria mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y asegura que colaborará con las autoridades judiciales durante el proceso. Sus abogados han manifestado que presentarán pruebas y argumentos legales para solicitar que se desestimen los señalamientos en su contra.
El caso continúa en etapa judicial y será un tribunal el encargado de determinar responsabilidades conforme avance el proceso penal.
Las fuerzas de seguridad guatemaltecas aumentaron los patrullajes en la frontera con Honduras tras la matanza de policías en ese país el jueves, durante un operativo contra una red de narcotráfico hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Ese mismo jueves, un escuadrón armado asesinó a 19 personas en otra localidad del norte de Honduras asediada por grupos criminales.
El enfrentamiento del lunes se produjo en el poblado fronterizo de Esquipulas (este de Guatemala).
Las Fuerzas Armadas de Guatemala no reportaron ningún militar herido, ni bajas entre los agresores.
Una patrulla «detectó el ingreso a territorio nacional», por un paso ilegal, de varios vehículos con «individuos fuertemente armados, presuntamente vinculados al crimen organizado», indicó el ejército en un comunicado.
Al percibir la presencia militar, «abrieron fuego (…), por lo que el personal repelió el ataque (…) logrando hacer retroceder a esta personas» hacia Honduras, agregó el reporte.
La policía guatemalteca indicó el viernes pasado que mantenía bajo custodia en un hospital a dos hondureños heridos, bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal que la víspera había atacado a los policías en el municipio de Omoa en Honduras, limítrofe con Guatemala.
El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
