Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas ideologizadas durante más de una década.
Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
«Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.
Momentos después, Padrino le agradeció por «todo el apoyo brindado».
«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», escribió Padrino en Telegram.
La mandataria encargada designó en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.
González encabezó ante el servicio de inteligencia (Sebin).
Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica y de Vivienda.
«Lealtad y subordinación absoluta»
Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.
Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.
Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, juró su «lealtad y subordinación absoluta» a Delcy Rodríguez.
«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó la mandataria interina, sin detallarlas.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a carga del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Reformó la ley petrolera y promulgó una amnistía histórica, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.
Fuerza Armada chavista
Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no esconde su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».
La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.
Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.
El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex en un comunicado.
«Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellas, una trabajadora de Pemex», agregó la petrolera estatal.
Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, añadió.
El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, informó horas antes la petrolera.
El siniestro fue sofocado dos horas después de que comenzó y «no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores», aseguró la firma.
En redes sociales circularon videos donde se observa las instalaciones petroleras, ubicadas justo en la costa del Golfo de México, devoradas por el fuego en medio de una intensa lluvia.
Según medios locales, entre los fallecidos se encontraría un guardia de seguridad.
La construcción de la refinería Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.
Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.
