Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
Internacionales
¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.
