Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
