Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
