Internacionales
Drogos son más propensos a ser víctimas del coronavirus
La pandemia empeora la situación de las personas con trastornos por consumo de drogas, quienes enfrentan además un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud por covid-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La semana pasada, la muerte de al menos 24 personas y la hospitalización de decenas más en Argentina por consumo de cocaína, aparentemente adulterada con opioides, dejó en evidencia un creciente problema de salud pública en la región, intensificado en los últimos dos años por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
«Los usuarios habituales y problemáticos de sustancias psicoactivas constituyen una población de alto riesgo en el marco de la pandemia», dijo Luis Alfonzo, asesor de la OPS sobre consumo de drogas.
La incertidumbre sobre la enfermedad, los confinamientos para prevenir contagios, los cierres de escuelas, lugares de trabajo y sitios de ocio, la pérdida o deterioro del empleo, y la crisis económica en general, incrementan la predisposición al consumo de sustancias como mecanismo de afrontamiento, explicó.
No son las únicas circunstancias asociadas a problemas en el consumo de drogas en el contexto de la pandemia.
Alfonzo mencionó la alteración de la cadena de tráfico y comercialización habitual de las sustancias, algo señalado por las autoridades argentinas en relación con la reciente intoxicación masiva.
Por otra parte, la escasez de algunas drogas puede traducirse en crisis de abstinencia y el consumo solitario puede llevar a sobredosis graves, cuya atención inmediata puede verse dificultada por la sobrecarga que ya enfrentan los servicios de urgencia por el covid-19.
Otro factor, destacó, es la promoción del consumo de sustancias a través de campañas de desinformación, que le atribuyen al alcohol, el tabaco o el cannabis efectos benéficos o protectores contra el covid-19.
«El consumo de drogas es una conducta de riesgo, asociada al desarrollo de un trastorno por dependencia, pero no solamente», subrayó Alfonzo.
Infecciones, alteraciones de órganos y sistemas, trastornos mentales y neurológicos, problemas cardiovasculares y metabólicos, lesiones y envenenamientos, son «otras consecuencias graves».
Y al ver reducida su respuesta inmunológica, los consumidores de sustancias psicoactivas tienen «una vulnerabilidad mayor y una probabilidad mayor de morir y enfermar que el resto de la población, por cualquier causa y también por covid-19», explicó Alfonzo.
«Los fumadores, de tabaco y también de otras sustancias, como la marihuana, las cocaínas fumables, entre otras, tienen mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus y de sufrir complicaciones, sumado a las dificultades para seguir una pauta de inmunización o de tratamiento», añadió.
En Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2018, y 19 millones se pronostica que lo harán para 2030, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
«Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios», advirtió la OPS en diciembre, al lanzar un plan para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a este problema.
El proyecto, que brinda apoyo técnico a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica y Panamá, busca desarrollar programas para abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública.
Según Alfonzo, «deben tomarse las medidas eficaces, basadas en la evidencia, para evitar o reducir la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos asociados al consumo».
«Algunas medidas que pueden resultar controversiales, como la distribución de material estéril para inyección, las pruebas de análisis para identificación de sustancias, o salas de inyección segura, tienen una lógica dentro de la salud pública, porque están orientadas a reducir o evitar la posibilidad de enfermar y morir», sostuvo.
«Sin embargo, no todas son aplicables en todos los contextos y requieren ser evaluadas por quienes en cada país tienen la responsabilidad de definir las políticas de salud», apuntó.
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
Noruega ha vivido la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en 1901, con temperaturas medias 2,1 grados Celsius por encima de la norma estacional, anunció el martes el instituto meteorológico.
Aunque el país escandinavo se libra de la ola de calor que afectó a Europa en mayo, las temperaturas por encima de la media en marzo y abril contribuyeron al récord, indicó un comunicado del instituto meteorológico.
«El sol es demasiado estable como para explicar el rápido cambio climático actual. Tiene que deberse a nuestras emisiones de combustibles fósiles», subrayó el climatólogo Jostein Mamen.
La última primavera más cálida se registró en 2024, cuando las temperaturas fueron 1,8 °C superiores a lo normal, y 2025 fue la segunda más cálida.
El calentamiento fue particularmente notable en el norte de Noruega.
En Svalbard, un archipiélago situado a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, las temperaturas en abril llegaron a situarse entre 5 y 6 grados por encima de lo normal, según el instituto.
El Ártico se calienta mucho más rápido que otras regiones debido a un proceso conocido como amplificación ártica.
Según la ONU, se espera que las temperaturas medias globales se mantengan «en niveles récord o cercanos a ellos» durante los próximos cinco años.
El aumento de las temperaturas a escala mundial conlleva un mayor riesgo de estrés térmico y fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías severas.
