Internacionales
Detienen a una mujer que torturó y asesinó a sus hijos adoptados
La Policía de la ciudad estadounidense de Fayetteville, en Carolina del Norte, arrestó la semana pasada a una mujer que torturó y asesinó a sus dos hijos adoptados cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados dentro de un incinerador.
Avantae Deven, de 63 años, fue declarada culpable de múltiples cargos, incluido asesinato en primer grado, encubrimiento de un homicidio, secuestro y delito grave de abuso infantil.
Caso escalofriante
En abril, la Policía encontró en un incinerador de metal restos humanos que pertenecían a un adolescente de entre 15 y 19 años y a un niño de entre 7 y 10 años. Los investigadores consideran que su madre adoptiva abusó de ellos durante varios años y, finalmente, los mató y desmembró para ocultar pruebas.
Según las autoridades, los menores, identificados como Blake y London, junto con otros tres niños adoptados vivían en condiciones brutales encerrados en una habitación pequeña y oscura. Además, los menores eran constantemente golpeados y recibían poco o ningún alimento, que tenían que «ganarse» escribiendo cientos de párrafos para disculparse por su supuesto mal comportamiento. «Algunos de los niños también fueron golpeados hasta el punto de necesitar atención médica, pero solo se les dieron remedios naturales como miel», afirmaron los investigadores del caso.
«Creemos que él [Blake] sufrió abusos psicológicos y fue privado de alimentos», indicó la Policía, agregando que el cuerpo del menor no pudo soportar aquel trato inhumano. Su hermana, London, murió «de la misma manera dolorosa en que murió Blake, por inanición y abandono», concluyó.
Blake fue visto por última vez en 2012, mientras que London habría desaparecido en 2019. Sin embargo, la acusada no denunció la desaparición de Blake hasta enero de 2024, cuando dijo a las autoridades que vio a su hijo por última vez en 2022 antes de que él se fuera a un retiro budista. En cuanto a London, Deven nunca manifestó sobre su ausencia.
Otra de las niñas adoptadas por la mujer relató a la Policía que vivía bajo un maltrato continuo. «Nos golpeaba mucho porque robábamos comida para sobrevivir. Ella simplemente te arrastraba del pelo y te golpeaba», confesó.
Internacionales
México realiza evacuaciones en zonas de alto riesgo en Caribe por aproximación de huracán Beryl
El Gobierno de México comenzó a realizar evacuaciones parciales en algunos poblados del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano (sureste), para enfrentar un alto riesgo ante la proximidad del huracán Beryl, que en la actualidad tiene categoría 3, informó hoy jueves la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
Los pronósticos meteorológicos apuntan a que el meteoro podría tocar tierra en Quintana Roo como huracán categoría 1 a partir de la madrugada de mañana viernes, según precisó la funcionaria a través de un enlace durante la habitual rueda de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Velázquez indicó que el centro de Beryl se ubicaba a unos 705 kilómetros del poblado de Tulum, en Quintana Roo, el sitio donde podría impactar más adelante, además de la localidad de Felipe Carrillo Puerto.
«Informo a ustedes que se han evacuado parcialmente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto las comunidades de Isla María Elena y Punta Herrero», indicó.
La funcionaria aseguró en el enlace desde el municipio de Tulum que la localidad de Punta Allen también se ha evacuado de manera parcial.
Hasta ahora, los 11 municipios de la entidad se encuentran en «alerta naranja», lo que representa peligro medio, al tiempo que las autoridades han dispuesto 18 refugios temporales con capacidad para 4.700 personas.
El Gobierno mexicano ha dispuesto 13.372 elementos de apoyo de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, entre otras corporaciones, así como 1.967 vehículos y ocho helicópteros.
Tras su paso por la península de Yucatán, Beryl podría ingresar a aguas del Golfo de México y dirigirse hacia al estado mexicano de Tamaulipas (noreste), según los pronósticos meteorológicos.
El gobierno de Honduras desplegó este jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas.
El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es «a nivel nacional».
Añadió que la medida está encaminada a prevenir «delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión», además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto.
El 26 de junio, cinco jóvenes fueron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18.
Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fueron raptados hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo.
Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales.
Argumentó que bajo la medida los arrestos de prófugos aumentaron en 85 %, han sido decomisadas 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o carteles de drogas.
«Hemos bajado en dos años ocho puntos en la tasa de homicidios», aseguró el funcionario.
La tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de seis veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Ecuador investiga la violación y asesinato de una militar dentro de un recinto del Ejército, según autoridades y la defensa de la víctima que este jueves denunció omisiones oficiales en un presunto nuevo caso de feminicidio en instituciones de seguridad.
«En la autopsia se determina que (la subteniente Aidita Ati) fue golpeada, maltratada e inclusive violada», señaló la abogada Paola Montoya al canal Teleamazonas.
Ati fue hallada muerta el sábado en su habitación en el denominado Fuerte Militar Napo, una base en la Amazonía ecuatoriana. El ministerio de Defensa indicó en un comunicado que colabora en la investigación para que la Fiscalía «esclarezca este suceso en el menor tiempo posible».
Según la abogada las fuerzas militares «omiten» información sobre el caso pues tardaron en notificar a la familia de la muerte y en principio aseguraron que la subteniente había fallecido por asfixia mientras dormía.
«Queremos averiguar por qué le informan (tarde) al padre, por qué sacaron un comunicado diciendo que supuestamente ella se había ahogado con su propio vómito», apuntó Montoya. Más temprano la mujer había asistido a una celebración dentro del cuartel.
Ati murió por estrangulamiento y su cuerpo presentaba golpes en varias partes y huellas de violación, de acuerdo con la autopsia divulgada por medios locales.
Cuatro oficiales son investigados en libertad, mientras la familia pide que la justicia ordinaria a cargo del caso dicte prisión preventiva para evitar una fuga.
En septiembre de 2022, la abogada María Belén Bernal fue asesinada por su esposo, el teniente Germán Cáceres, cuando le visitó en una academia policial en las afueras de Quito, en un hecho que conmocionó al país. Su cuerpo estuvo desaparecido diez días y fue hallado en un cerro a pocos kilómetros de la Escuela Superior de Policía.
Tras el crimen, Cáceres se fugó a Colombia, donde fue capturado en diciembre de ese año. Fue condenado a 35 años de cárcel.
En 2023, dos mujeres cadetes del Ejército denunciaron abusos sexuales por parte de cuatro alumnos fuera de una instalación militar. La Fiscalía abrió una indagación.
