Internacionales
Desarticulan un centro terrorista con fachada religiosa sostenido por Irán
El 2 de octubre pasado la policía francesa allanó el centro pro-Hezbollah Zahra. En apariencia religioso, era sostenido financieramente por Irán en el norte de Francia.
Ubicado en un barrio de los suburbios de la ciudad portuaria de Dunkerque, Zahra fue considerado por las agencias francesas de seguridad como un sitio de planificación y organización para ataques terroristas en suelo francés y en toda Europa.
Los activos y bienes del centro fueron congelados por el gobierno francés; también fueron congelados los activos de la Dirección de Seguridad Interna del Ministerio de Inteligencia iraní y del viceministro de Inteligencia de Irán a cargo de operaciones especiales, Hashemi Moghadam, y las de un diplomático iraní en Viena; Assadollah Asadi. El mismo día se realizaron búsquedas dentro de las viviendas de 12 miembros del centro y se encontraron armas, explosivos y documentación ideológica relacionada con la Revolución Iraní.
Los eventos fueron la culminación de un trabajo de investigación de las fuerzas de seguridad francesas luego que se produjera un ataque frustrado a una manifestación que se realizó bajo la consigna «Liberen a Irán», organizada y efectuada en las afueras de París por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán el pasado 30 de junio de este año.
El mismo 2 de octubre, el gobierno francés emitió un comunicado anunciando el congelamiento de los activos de funcionarios iraníes en suelo francés. El comunicado firmado por tres ministros franceses refirió a la necesidad de anular los canales de financiación del terrorismo en Francia y de prevenir todas las formas de terrorismo, independientemente de su fuente.
El comunicado del Ministerio del Interior indicó que «un intento de ataque fue frustrado en Villepinte (cercano a París) el 30 de junio». Fue un acto de extrema gravedad planeado en suelo francés y no podía quedar sin respuesta. En consecuencia, por una orden del Ministerio del Estado, del Ministro del Interior y del Ministro de Economía y Finanzas, Francia tomó medidas preventivas congelando los activos de los ciudadanos iraníes Assadollah Asadi y el viceministro iraní de inteligencia a cargo de operaciones especiales, Saeid Hashemi Moghadam, así como también de la Dirección de Seguridad Interna del Ministerio de Inteligencia iraní. Al tomar esta decisión, Francia reitera su determinación de combatir el terrorismo islamista, especialmente como los que ha sufrido en su propio territorio, indico el Ministerio del Estado.
Para el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, el frustrado ataque en Villepinte confirma la necesidad de exigir un nuevo enfoque en las relaciones de Francia con Irán. El Ministro del Interior Gerard Collomb, reafirmó su «determinación de hacer todo lo posible para prevenir cualquier forma de terrorismo». El Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, enfatizó que «debemos anular los canales de financiamiento de los terroristas islamistas para poner fin a sus intolerables actos. Estamos actuando firmemente a nivel nacional y continuaremos fortaleciendo acuerdos en las plataformas internacionales».
Según informes de agencias de seguridad francesas, el viceministro de Inteligencia iraní, Saeid Hashemi Moghadam, fue quien organizó el ataque frustrado del 30 de junio en la movilización del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI por sus siglas en ingles) en el norte de París. El ex-alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, habló en esa movilización y se sospecha que era uno de los blancos principales del planificado ataque. El día antes de la movilización, un iraní y su esposa fueron arrestados en la estación de trenes de Woluwé en Bruselas con boletos de viaje a Paris y se les halló en posesión de un dispositivo de medio kilogramo de Trotil. Los oficiales franceses continúan trabajando en conjunto con agentes de seguridad austriacos y belgas, la investigación revelo que un diplomático iraní en Viena, Assadolah Assadi, les había proporcionado los explosivos en Luxemburgo unos días antes.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
