Internacionales
De terror | Una española viajó a Tulum de vacaciones y fue baleada en un bar
Viajó al paraíso, pero encontró un infierno. Así fueron las vacaciones de una española en Tulum, Quintana Roo, México, epicentro de una crisis de seguridad sin precedentes.
La mujer que resultó herida en un ataque a tiros el lunes por la noche en un bar del centro del destino turísitico, en el estado de Quintana Roo, Caribe mexicano, fue dada de alta confirmó a Efe este martes la Fiscalía estatal.
En un principio se mencionó que la española, quien resultó víctima colateral del ataque armado, estaba grave, pero fuentes de seguridad indicaron que ya se encontraba fuera de peligro.
En un comunicado, la Fiscalía de Quintana Roo informó que abrió una investigación “relacionada a los hechos ocurridos en un bar ubicado en la zona centro de Tulum donde se registraron detonaciones producidas por arma de fuego”.
El reporte indica que la mujer resultó lesionada por lo que “fue trasladada a un hospital para su atención médica y ya fue dada de alta”.
Hasta el momento solo hay un detenido “y se investiga su probable participación en este suceso”.
El ataque a tiros en Tulum sucedió después de que en el mismo municipio murió una migrante salvadoreña a manos de policías el pasado sábado.
El suceso en Tulum, que ha causado indignación en México y El Salvador, ocurrió la tarde del pasado sábado cuando la Policía confrontó a la mujer por una supuesta alteración del orden público.
En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir, ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.
El lunes, la fiscalía estatal indicó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba “una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida”.
La salvadoreña tenía residencia permanente en México tras obtener una visa por razones humanitarias.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
