Internacionales
¿Consejo o amenaza? Rodrigo Duterte a los narcos en Filipinas: «Quédense en la cárcel»
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aconsejó el martes a los traficantes de drogas que si quieren vivir más tiempo más les vale conseguir la manera de ser arrestados y quedarse en la cárcel.
Duterte no identificó a quién específicamente estaba dirigida su advertencia, pero en un discurso televisado cargado de amenazas habló de gente que se enriqueció mediante el tráfico ilegal de drogas en la provincia de Cebu.
«Les digo, si yo fuera uno de ustedes en Cebu, mejor quedarse en la cárcel. ¿Quieren vivir más tiempo? Quédense en la cárcel. Busquen cualquier razón para que los metan en la cárcel y no salgan de allí, no sería bueno para ustedes», expresó el mandatario.
Sin embargo ha ocurrido por lo menos un caso de notoriedad pública en que un conocido traficante fue muerto a tiros en su celda, en lo que se ha calificado como una matanza extrajudicial.
La policía mató a tiros a un alcalde llamado Rolando Espinosa dentro de una cárcel en la provincia central de Leyte en el 2016 en lo que calificó de un tiroteo, pero fiscales federales lo consideraron asesinato. Las acusaciones de asesinato presentadas contra un oficial y sus subalternos en relación con ese suceso fueron luego reducidas a un cargo menor que les permitió ser liberados bajo fianza y reincorporarse a la fuerza.
En un discurso incoherente con motivo del aniversario de la fundación de las fuerzas navales filipinas, el presidente empezó hablando de la lucha contra el terrorismo y los reclamos en el Mar de Sur de China, pero poco después se desvió hacia el tema de su ofensiva contra las drogas. Emitió una amenaza velada a los policías involucrados en drogas y reconoció que la fuerza ha sido infiltrada por criminales.
«Algunos lamentablemente son realmente aficionados a las drogas… mayormente son los policías porque hay mucha droga. Simplemente les advierto, si ustedes están metidos en eso, serán los primeros en irse», declaró el presidente.
«Y a todos esos criminales en las calles, a todos esos policías delincuentes y a todos los que nos hacen la vida una infierno, yo tengo todavía suficiente tiempo para corregirlo todo», dijo Duterte. «Quizás a ustedes no les guste como corrijo las cosas pero simplemente quiero advertirles que no hay marcha atrás, y que yo estoy al frente en la lucha contra las drogas».
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
