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¿Consejo o amenaza? Rodrigo Duterte a los narcos en Filipinas: «Quédense en la cárcel»
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aconsejó el martes a los traficantes de drogas que si quieren vivir más tiempo más les vale conseguir la manera de ser arrestados y quedarse en la cárcel.
Duterte no identificó a quién específicamente estaba dirigida su advertencia, pero en un discurso televisado cargado de amenazas habló de gente que se enriqueció mediante el tráfico ilegal de drogas en la provincia de Cebu.
«Les digo, si yo fuera uno de ustedes en Cebu, mejor quedarse en la cárcel. ¿Quieren vivir más tiempo? Quédense en la cárcel. Busquen cualquier razón para que los metan en la cárcel y no salgan de allí, no sería bueno para ustedes», expresó el mandatario.
Sin embargo ha ocurrido por lo menos un caso de notoriedad pública en que un conocido traficante fue muerto a tiros en su celda, en lo que se ha calificado como una matanza extrajudicial.
La policía mató a tiros a un alcalde llamado Rolando Espinosa dentro de una cárcel en la provincia central de Leyte en el 2016 en lo que calificó de un tiroteo, pero fiscales federales lo consideraron asesinato. Las acusaciones de asesinato presentadas contra un oficial y sus subalternos en relación con ese suceso fueron luego reducidas a un cargo menor que les permitió ser liberados bajo fianza y reincorporarse a la fuerza.
En un discurso incoherente con motivo del aniversario de la fundación de las fuerzas navales filipinas, el presidente empezó hablando de la lucha contra el terrorismo y los reclamos en el Mar de Sur de China, pero poco después se desvió hacia el tema de su ofensiva contra las drogas. Emitió una amenaza velada a los policías involucrados en drogas y reconoció que la fuerza ha sido infiltrada por criminales.
«Algunos lamentablemente son realmente aficionados a las drogas… mayormente son los policías porque hay mucha droga. Simplemente les advierto, si ustedes están metidos en eso, serán los primeros en irse», declaró el presidente.
«Y a todos esos criminales en las calles, a todos esos policías delincuentes y a todos los que nos hacen la vida una infierno, yo tengo todavía suficiente tiempo para corregirlo todo», dijo Duterte. «Quizás a ustedes no les guste como corrijo las cosas pero simplemente quiero advertirles que no hay marcha atrás, y que yo estoy al frente en la lucha contra las drogas».
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El gobierno de Dinamarca propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas y centros de educación secundaria, como parte de una medida que busca limitar el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas, anunció este jueves la primera ministra Mette Frederiksen.
«Este gobierno propone una prohibición total de los celulares», declaró Frederiksen durante una rueda de prensa.
La medida se aplicaría tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo y abarcaría a los estudiantes desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.
El anuncio se produjo poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, que refleja un descenso en los resultados de los jóvenes daneses.
Con una puntuación de 478, Dinamarca se ubicó justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.
«Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados», afirmó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.
Por su parte, Frederiksen consideró que los resultados están estrechamente relacionados con el nivel de conexión de los niños y jóvenes en el país.
«Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla», lamentó la primera ministra.
El gobierno danés ya había estudiado anteriormente legislar sobre esta situación. Sin embargo, el proyecto no llegó a debatirse en el Parlamento y únicamente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros educativos en espacios libres de celulares.
