Internacionales
Casa Blanca se niega a dar detalles sobre documentos clasificados de Biden
La Casa Blanca negó ofrecer más detalles nuevos sobre los documentos clasificados que se han encontrado en las últimas semanas en un despacho y en el domicilio del presidente Joe Biden, al haber una investigación abierta.
“Estamos brindando al público información sobre este asunto según corresponda. Pero, por supuesto, estamos limitados en lo que podremos decir dada la revisión en curso del Departamento de Justicia”, señaló el portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams, en una conversación con un grupo de periodistas.
Desde el pasado jueves la investigación está en manos de un fiscal especial, el jurista de perfil conservador Robert Hur, que fue designado por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
Pese a las insistentes preguntas de la prensa sobre el contenido de los documentos hallados en varias ocasiones desde el pasado noviembre y sobre si se están produciendo más búsquedas, Sams se limitó a remitir a los periodistas al Departamento de Justicia.
“Entendemos que existe una tensión entre, ya saben, proteger y salvaguardar la investigación en curso y brindarles un nivel adecuado de información pública a todos ustedes”, apuntó.
Sams sugirió que no conocen el contenido de los documentos porque “tan pronto como se identificaron estos registros, se entregaron de inmediato a las autoridades correspondientes”.
“En términos de contenido, en términos de números, en términos de detalles relacionados con los materiales en sí, simplemente no podemos abordar eso porque estos han sido entregados a las autoridades correspondientes”, insistió.
Sams no ofreció así novedades sobre un caso que está llamado a complicar los dos últimos años de mandato de Biden y que se destapó el lunes de la semana pasada, pese a que los primeros hallazgos en la oficina del presidente en el laboratorio de ideas Penn Center fueron a comienzos de noviembre, mientras miembros de su equipo organizaban y limpiaban la sala.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evadió también el martes las preguntas de los periodistas al respecto en su rueda de prensa diaria.
“Una de las cosas que hemos dicho durante los últimos dos años (…) es que no vamos a comentar asuntos legales”, aseguró antes de volver a defender la labor de la administración estadounidense, que está “cooperando completamente” con el Departamento de Justicia en su investigación.
La portavoz evitó también responder una pregunta sobre si el viernes pasado, cuando le preguntaron si se habían descubierto nuevos documentos, Jean-Pierre sabía ya de la aparición de nuevos archivos, revelada este fin de semana.
En total la Casas Blanca ha reconocido en tres ocasiones la aparición de nuevos documentos clasificados de la época en la que Biden fue vicepresidente, la última vez el pasado sábado.
Sobre el porqué de la tardanza en hacerse público este caso, Sams se limitó a insistir en el discurso oficial: “El presidente está comprometido a hacer lo que sea responsable y a manejar esto de manera apropiada. Su equipo actuó correctamente al divulgar información a las autoridades correspondientes y está cooperando plenamente”, destacó.
Biden solo ha hablado en dos ocasiones sobre este caso. La última vez el pasado jueves, cuando confió en su resolución favorable: “Todo se va a aclarar, estoy seguro”, apuntó.
Tampoco quiso hablar del tema, pese a ser avasallado a preguntas por la prensa al comienzo de su encuentro con el primer ministro holandés, Mark Rutte.
En la llamada, Sams criticó la posición que está tomando el Partido Republicano. A su juicio, están “haciendo teatro” y “fingiendo indignación”, a pesar de que “defendieron las acciones del expresidente” Donald Trump, que está siendo investigado también por acumular documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida,, descubiertos tras una redada del FBI.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
Internacionales
La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
