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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador iniciaría a mediados o a finales de abril, la audiencia única abierta a 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha por una serie de delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye.
De forma virtual enfrentarán el juicio desde diferentes centros penales donde están detenidos desde hace varios años, mientras que otros fueron arrestados durante el régimen de excepción.
Fiscales contra el crimen organizado han documentado 37,402 delitos, consumados entre el 2012 y 2022. Entre los cabecillas que serán enjuiciados hay 24 que conformaron la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 corredores de programas.
El expediente con más de 37,000 folios, contiene agrupaciones ilícitas para todos, y se incluye otros delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de droga, actos de terrorismo y rebelión.
Los miembros de la ranfla histórica, la mayoría están guardando detención en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, otros cabecillas están recluidos en los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El ministerio público señala como principales responsables a los corredores de los 32 programas de la Mara Salvatrucha quienes están detenidos, también se procesa a cabecillas que han sido ubicados en otros países como México, Estados Unidos y Centroamérica.
En las indagaciones establecieron que para perpetrar los delitos utilizaron diversas estrategias y métodos, uno de ellos es el denominado «H1», el cual se basaba en asesinar a las personas y luego enterrarlas.
Los históricos niveles de seguridad pública en el país, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el rpegimen de excepción, han permitido que en la colonia Zacamil, al norte de la capital, se desarrollen diversas iniciativas de renovación urbana, incluyendo la intervención artística de los edificios en la zona conocida como la «gran manzana».
Dicho proyecto es desarrollado por la Fundación Custom Made Stories, con la finalidad de recuperar el sentido de comunidad y pertenencia a través de murales elaborados por artistas nacionales e internacionales.
Telma Chávez, líder comunitaria y residente de la zona, expresó que el proyecto ha impactado en gran manera a los residentes, desde la perspectiva de cómo era percibida la zona en lo visual.
«La fundación ve a la Zacamil como un punto de referencia, más que todo por las historias que se contaban anteriormente, de una zona roja, y en eso se enfoca bastante, en dar una transformación en el lugar», dijo.
Chávez indicó que cada uno de los artes realizados representan al entorno y a los pobladores. «Por ejemplo, en el edificio 108 el arte cuenta con 40 pines que se unen entre ellos, y que representan los 40 edificios. La idea del artista es cómo hacer la unión, porque aquí en la Zacamil existían barreras, porque residentes de diferentes edificios no tenían comunicación», explicó.
La fundación detalla en su sitio web que lo realizado en la colonia Zacamil ha permitido una regeneración urbana holística, con un enfoque multidisciplinar que reúne a una variada red de profesionales, entre ellos arquitectos, diseñadores urbanos, artistas, escritores e innovadores sociales, para desarrollar estrategias integrales que aborden las complejas necesidades de las comunidades urbanas.
«Nos centramos en mejorar los espacios públicos y las infraestructuras, facilitar el compromiso cultural, desarrollar servicios comunitarios esenciales», dijo.
Entre enero y marzo de 2026, al menos 26 cabecillas de pandillas fueron condenados en audiencia únicas abiertas, en juicios iniciados para los próximos dos años a estructuras con más de 500 terroristas.
Las sentencias son el resultado de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y que la Asamblea Legislativa ha prorrogado en 49 ocasiones.
Los tribunales contra el crimen organizado que funcionan en San Miguel, Santa Ana y San Salvador han impuesto condenas de 60 años de prisión a los cabecillas de clicas de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha.
Los jueces han aplicado una enmienda que la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2023, a la Ley Contra el Crimen Organizado la cual ordena imponer condenas de 45 a 60 años de prisión a los cabecillas.
En las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los jefes de las células criminales por agrupaciones ilícitas un delito común aplicado por ser miembros de pandillas.
Pero a varios de esos cabecillas además de los 60 años de cárcel impuestos por su rango en las estructuras, los jueces los sentenciaron a penas que sobrepasan los 300 y 400 años por consumar extorsiones, homicidios, cometer delitos de posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación, feminicidios, lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado y realización compleja.
Los 26 cabecillas condenados forman parte de los más de 30 expedientes iniciados a estructuras de pandillas en el primer trimestre de 2026, al abrir las audiencias únicas esos procesos quedan activos en los próximos 24 meses la Fiscalía General de la República puede solicitar en cualquier momento a los jueces enjuiciar a los demás integrantes de las más de 30 estructuras.
Para lograr las condenas, el ministerio público acreditó con un perfil criminológico las características, función y rango que tenían, ya que a raíz de ese comportamiento criminal llegaron a ser jefes de pandilla y tener el control de una zona geográfica específica en la giraban órdenes, así como avalaron cometer delitos con su respectivo modus operandi.
Como encargados de grupos territoriales emitían instrucciones y sin su autorización ningún miembro de pandilla podía consumar un hecho delictivo, quienes violaban los códigos eran reprendidos y hasta fueron asesinados.
De las condenas de cabecillas, solo en San Salvador fueron sentenciados ocho jefes mareros. Uno de ellos es Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, cabecilla de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, de la colonia Amatepec, Soyapango, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado le impuso 40 años por agrupaciones ilícitas.
También el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso 45 años de prisión a Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», cabecillas de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de Chalatenango, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
El mismo tribunal condenó a 60 años de prisión a Carlos Javier Vásquez Amaya, por tener el rango de corredor de clica [mando operativo] de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que estuvo delinquiendo en diferentes sectores del departamento de Cuscatlán.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a otros tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que delinquieron en diversos distritos del departamento de La Paz y contaba con seis bases nacionales y una en el estado de Maryland, Estados Unidos.
A Juan Antonio Ulloa Torres, alias «Little Bad» quien era corredor de la clica; el juez le impuso 45 años, Edenilson Enrique Méndez Martínez, alias «El Soberbio»; y Rafael Anival Guatemala Arteaga, alias «Pride» encargados de la base uno y cuatro de la estructura, respectivamente, recibieron la misma p
