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Mara Salvatrucha adjudicaba homicidios a la Sombra Negra para despistar investigaciones
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa propagándose rápidamente, pese al fortalecimiento de las acciones para combatir el virus.
Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, afirmó que el brote sigue siendo grave y está evolucionando con rapidez, al tiempo que alertó sobre una transmisión acelerada de la enfermedad.
En declaraciones ofrecidas a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire señaló que, aunque la situación es preocupante, la respuesta sanitaria se fortalece cada día.
El brote fue declarado el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un período de tiempo.
Según el más reciente informe de la OMS, se han confirmado 896 casos de ébola en la RDC, incluidos 232 fallecimientos. Además, en las últimas 24 horas se registraron 21 nuevos contagios.
La epidemia se concentra principalmente en la provincia de Ituri, afectada por el conflicto y donde se reporta más del 90 % de los casos conocidos. No obstante, el virus también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.
Belizaire explicó que la velocidad con la que avanza la enfermedad obliga a acelerar la respuesta para evitar perder terreno frente al brote.
Entre los avances alcanzados, destacó el incremento en la disponibilidad de camas para pacientes con ébola, pasando de cero a más de 500 espacios de tratamiento.
Asimismo, los equipos de vigilancia investigan cerca de 400 alertas diarias y tienen capacidad para realizar más de 2,000 pruebas cada día.
Las autoridades sanitarias también han intensificado el rastreo de contactos de casos confirmados, alcanzando ya al 75 % de las personas identificadas. Sin embargo, la OMS indicó que es necesario localizar al 95 % de los contactos para lograr controlar la epidemia.
La organización recordó que el ébola se transmite mediante contacto estrecho con fluidos corporales infectados. Además, destacó que una mejor detección permite realizar entierros seguros y dignos, reduciendo el elevado riesgo que representa para los familiares la manipulación de cadáveres infectados.
La situación en la vecina Uganda presenta un panorama distinto. Ese país ha registrado 19 casos confirmados, incluidos dos fallecimientos, mientras que 10 pacientes se han recuperado. Además, no se han reportado nuevos casos durante los últimos 12 días.
Nacionales
Desarticulan estructura acusada de hurtar y comercializar ilegalmente servicios de internet
Las autoridades salvadoreñas desarticularon una estructura criminal que presuntamente se dedicaba al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, utilizando redes sociales y grupos de mensajería privada para ofrecer paquetes de datos con precios que oscilaban entre los $3 y los $20.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los involucrados desarrollaron una aplicación para hurtar la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país.
La institución detalló que los imputados utilizaban herramientas informáticas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los controles de seguridad y comercializar el servicio de forma ilegal.
Como resultado de un operativo ejecutado de manera conjunta entre la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, exdocente de informática y señalado como creador de la aplicación utilizada para hurtar el servicio; Óscar Iván Melgar Monge, identificado como la persona encargada de contactar a los clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, quien presuntamente recibía en sus cuentas bancarias el dinero producto de las ventas ilegales.
Los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos CPU, una laptop, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, una tarjeta de débito y un disco duro.
Según las investigaciones, los imputados obtuvieron ganancias mediante esta práctica ilegal desde septiembre de 2025, ocasionando un perjuicio económico estimado en $152,000.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
