Judicial
FUERTES DECLARACIONES: Hay indicios de que Douglas Meléndez y demás fiscales habrían fabricado pruebas falsas en caso “Corruptela”, Fiscal Melara
La auditoría interna que se ha realizado a los fiscales, entre ellos el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, por supuestamente haber presionado y hasta torturado a cuatro auxiliares y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar montar el caso denominado “Corruptela”, ha comenzado a rendir frutos, y ya se cuentan con indicios que los señalados habría cometido los delitos por los cuales son señalados.
Según el actual fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, la auditoría interna ha sido trasladada a una unidad especialidad de la fiscalía para que se haga una investigación formal en contra de los fiscales que podrían haber coaccionado a trabajadores del ministerio público para fabricar pruebas falsas en contra de la los imputados en el caso “Corruptela”.
El fiscal Melara explicó que “el procedimiento establece que como es una investigación interna, en el momento en el que el auditor fiscal pueda denotar el cometimiento de un ilícito, lo suspende y lo deriva a la unidad correspondiente para que sea una investigación formal para determinar si hubo coacción (fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo), o lo que sea… algunos indicios habrá”.
Agregó que “me extraña que estos fiscales denunciados se hayan movido con FUNDE, con otras personas, con el IDHUCA, están en su derecho pero me extraña que no hayan dicho la realidad, no es cierto que se les esté persiguiendo…. la obligación del fiscal general es investigar, no puedo hacerme el del ojo pacho, el desentendido cuando hay acusaciones graves”.
Melara detalló que inició la investigación en contra de los fiscales imputados, entre ellos el extitular de la institución y su antecesor, Douglas Meléndez, luego de haber recibido la denuncia de la supuesta coacción a la que fueron sometidos para fabricar pruebas falsas y mentir en el referido caso.
Nota tomada de La Noticia SV
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
