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Cambios estructurales con administración Bukele cierran brecha de impunidad
Los cambios estructurales implementados por la administración del presidente Nayib Bukele han permitido no solo que El Salvador sea el país más seguro del hemisferio occidental, sino también cerrar la brecha de la impunidad que por tres décadas —durante los gobiernos de ARENA y el FMLN— favoreció a las estructuras criminales y a los funcionarios corruptos.
Recientemente, el presidente Bukele reafirmó que ahora «en El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito», y resaltó que «la efectividad de nuestra Policía es del 99 %» para lograr la captura de los delincuentes.
«Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», escribió el mandatario el 31 de agosto pasado en la red social X.
La publicación del gobernante fue en reacción a la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) minutos después de que hurtó el celular de una adulta mayor en el reparto Maquilishuat, en el distrito de Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este.
Ante esta nueva realidad en seguridad que vive El Salvador, el abogado Juan Contreras explicó que el Plan Control Territorial (PCT), el régimen de excepción, reformas de leyes como el Código Penal, el fortalecimiento de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen los pilares de una nueva etapa de seguridad y justicia que ponen fin a décadas de impunidad.
«El cambio en la legislación secundaria, en normas procesales, procesal penal, adecuación de tipos penales en el Código Penal, todos esos cambios que la Asamblea Legislativa ha acompañado han permitido que las autoridades combatan mejor la delincuencia», explicó el abogado.
La fase III del PCT, conocida como Modernización, que inició el 30 de julio de 2019, permitió dotar de uniforme, equipo y armas a los agentes de la PNC para combatir a las pandillas a escala nacional.
«Los policías y los militares andaban con sus botas rotas, sus uniformes viejos, con armas que se encasquetaban, que no podían disparar, no tenían potencia de fuego; los pandilleros tenían mejores armas que la policía. Y ahora tenemos una policía bien equipada, con equipo de primera generación, con drones, con vehículos de primer nivel. Hay un fortalecimiento institucional también en el trabajo de la policía», razonó el abogado.
Luego, en julio de 2023 —un año y cuatro meses después de la implementación del régimen de excepción, y a propuesta del Gabinete de Seguridad—, la Asamblea Legislativa aumentó de 45 a 60 los años de prisión contra los cabecillas de pandillas.
Esa misma pena fue impuesta contra los financistas de los grupos delincuenciales. Además del fortalecimiento de la normativa contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero pasado —a iniciativa del Ejecutivo — la Ley Anticorrupción, cuya vigencia inició el 11 de agosto anterior, según reportó la prensa nacional e internacional.
Este cuerpo de ley creó el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, conformado por 12 instituciones, como la FGR, la PNC, la Corte de Cuentas de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero para combatir la corrupción en la esfera de la función pública.
La nueva normativa —respaldada por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, PCN y PDC— fortalecerá el combate de la corrupción, aunque este flagelo ya estaba en la agenda de trabajo del Gobierno del presidente Bukele.
En octubre de 2023 fue capturado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal (banco estatal) por los delitos de soborno y actos arbitrarios. Y en abril de 2024 fue capturado Cristian Flores, comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, también por soborno.
«Todos esos cambios estructurales han permitido que tengamos estos resultados [en seguridad y en el combate de la impunidad]. No hay otro liderazgo como el del presidente Bukele. El presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un referente, particularmente en el tema de la seguridad», añadió Contreras.
Para el docente y analista Rafael Góchez, el Ejecutivo impulsa un nuevo paradigma en cuanto al combate de la criminalidad en los territorios, la persecución y represión del delito en todas las esferas de la realidad nacional, a diferencia de lo obrado por el bipartidismo representado por ARENA y FMLN.
«Las políticas de persecución al crimen en El Salvador se han endurecido como una reacción de sentido común ante la desprotección progresiva que sufrió la población durante casi tres décadas frente a estructuras criminales empoderadas», planteó el académico.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
