Judicial
ALERTA: 179 conductores ebrios capturados en Semana Santa
Las autoridades creen que debido a que hay mucha producción de Chaparro en la zona de Morazán puede estar influyendo, aunque sostienen se debe investigar a fondo las razones.
La Dirección de Protección Civil presentó el consolidado final de las emergencias atendidas durante el período de vacaciones de Semana Santa, en el que se contabilizó 179 conductores peligrosos detenidos y fue en Morazán donde se reportaron los mayores índices de alcohol en automovilistas.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo Cook, dijo que durante las vacaciones se detuvo a 179 conductores peligrosos, de los cuales 169 fueron hombres y 10 son mujeres. Se contabiliza un incremento en este año, pues en 2018 las capturas fueron 169.
«No es para nosotros satisfactorio tener a más conductores peligrosos detenidos, pero si lo vemos desde el punto de vista que pudimos haberlos detenido antes de que ellos pudieran cometer un accidente de tránsito o que tuvieran un desenlace fatal. Nosotros vemos positivamente que éstas personas fueran detenidas antes de que ocurriera cualquier situación», sostuvo Oswaldo Rivera Lico, de la Policía Nacional Civil (PNC).
A la vez manifestó lo preocupante en cuanto a la cantidad de alcohol que se encontró en algunos de ellos, siendo cuatro los que fueron detenidos en Morazán con niveles de alcohol que sobrepasan los 500 milígramos sobre decilitros y el mayor tenía arriba de los 800.
Cook sostuvo que se debe hacer un estudio del porqué en Morazán se está dando esta grave alcoholización. «Tenemos la sospecha que no es alcohol comercial de curso legal el que están ingiriendo. Creemos que en San Francisco Gotera hay mucha sacadera de alcohol clandestino que se conoce con el nombre de Chaparro, el cual tiene 60 grados de alcohol», señaló.
Explica que la mayoría de alcoholes comerciales tienen entre 30 a 35 grados de alcohol, pero el «Chaparro» tiene 60; entonces es con poca cantidad que los conductores logran llegar a alcoholizaciones grandes.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad detalló que en el top ten de los conductores peligrosos, sólo una mujer fue detenida en el departamento de Ahuachapán.
Asimismo, dijo que las edades de los conductores que ingieren cantidades de alcohol rondan entre los 27 a 44 años de edad. También manifestó que 17 personas fueron detenidas, pero que se negaron a realizarse la prueba antidóping, aunque la ley faculta para capturarlos por la presunción de culpabilidad al no quererse hacer la prueba.
Accidentes de tránsito
Por su parte, Rivera Lico explicó que durante el período vacacional de Semana Santa se totalizaron 475 accidentes de tránsito en el país, 353 personas lesionadas y fallecidos se tuvo 46, cuatro más que el año pasado.
Contó que la fallas mecánicas y el sobrepeso en un vehículo fue el detonante para que se diera en un sólo accidente la cantidad de cinco fallecidos y 15 lesionados, ocurrido el sábado de Gloria en la carretera de Santiago de María hacia Usulután.
En cuanto a los accidentes de tránsito de motociclistas, Rivera Lico dijo que durante estas vacaciones hubo 76, personas lesionadas fueron 78 y en cuanto a fallecidos fueron 12 en este año, mientras que en el 2018 se tuvieron 10.
Las causas de estos accidentes es similar a los de vehículos. La distracción en el conductor la primera causa, invadir el carril, velocidad inadecuada, no respetar las señales, inexperiencia y no guardar la distancia reglamentaria.
Consolidado final de emergencias
El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dio a conocer en el informe final que se brindó en conferencia de prensa sobre todas las emergencias atendidas durante el período vacacional.
Explicó que se tuvo a 515 personas lesionadas, de las cuales 353 fueron por accidentes de tránsito; 52 personas fallecidas que representan diez más que el año pasado, de las cuales 44 fueron por accidente de tránsito y ocho por asfixia por inmersión (ahogados).
También se tuvo 329 rescates, 475 accidentes, 113 incendios. En total se contabilizaron 1,484 incidentes en este año, mientras que en el 2018 fueron 1,574, representando 110 incidentes menos.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
