Judicial
Tribunal rechaza informe financiero de la defensa en juicio Saqueo Público
La falta de verificación del auto de apertura a juicio [resolución de juzgado de instrucción] por parte de la defensa respecto a la admisión de un análisis financiero contable que pretendía favorecer a tres exempleados de Casa Presidencial, llevó a que esa pericia fuera rechazada.
La defensa de los exempleados de la Presidencia, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellano, no se percató de un erros material que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador plasmó en el auto de apertura a juicio.
Fue hasta este jueves que el abogado de los tres imputados verificó que el Juzgado Octavo de Instrucción admitió una pericia financiera y de gestión, cuando en realidad la que debió incorporar como prueba es la pericia financiera contable tributaria que elaboraron dos expertos del Ministerio de Hacienda.
Ante ese error material, el Tribunal Primero de Sentencia, a petición de la Fiscalía General de la República rechazó esa pericia y por ende la declaración de los peritos por impertinencia.
La defensa de los tres imputados insistió en que se le admitiera y presentó un recurso de revocatoria, pero los jueces se mantuvieron en su decisión.
Las fiscales dijeron que los abogados tuvieron más de un año para haberse percatado de ese error y haber presentado escritos para que se subsanara, pero que al hacerlo hasta el momento de la vista pública ya era extemporáneo y no se les debía admitir.
Con la resolución judicial los exempleados de Casa Presidencial se quedaron sin ese elemento probatorio con el cual pretendían acreditar que ellos no tuvieron ningún beneficio económico por la desviación de fondos de la Presidencia y tampoco registraron un incremento patrimonial.
En este juicio conocido como «Saqueo Público» la Fiscalía General de la República enjuicia a 10 imputados a quienes la Fiscalía señala de haber ayudado al expresidente Funes para que se sustrajeran desde Casa Presidencial más de $351 millones.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
