Internacionales
Presentan cargos contra tres agentes iraníes sospechosos de hackear campaña de Trump
El Departamento de Justicia reveló el viernes cargos penales contra tres agentes iraníes sospechosos de hackear la campaña presidencial de Donald Trump y difundir información robada a organizaciones noticiosas.
Los tres hackers acusados fueron empleados de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y su operación también tuvo como objetivo una amplia gama de blancos, incluyendo funcionarios gubernamentales, miembros de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La campaña de Trump reveló el 10 de agosto que había sido hackeada y dijo que piratas iraníes habían robado y distribuido documentos internos confidenciales.
Varias organizaciones de noticias importantes dijeron que se les filtró información confidencial desde dentro de la campaña de Trump, incluidos Politico, The New York Times y The Washington Post, pero se negaron a publicarla.
Posteriormente, autoridades de inteligencia estadounidenses vincularon a Irán con un hackeo de la campaña de Trump y con otro intento en la campaña de Joe Biden-Kamala Harris.
Indicaron que la operación tenía como objetivo sembrar discordia, explotar las divisiones dentro de la sociedad estadounidense y potencialmente influir en el resultado de unas elecciones que Irán percibe como “particularmente trascendentales en términos del impacto que podrían tener en sus intereses de seguridad nacional”.
La semana pasada, las autoridades también revelaron que a finales de junio y principios de julio los iraníes enviaron correos electrónicos no solicitados que contenían extractos de la información hackeada a personas relacionadas con la campaña de Joe Biden.
Ninguno de los destinatarios respondió. La campaña de Harris señaló que los correos electrónicos parecían spam o un intento de phishing y condenó el acercamiento a los iraníes como “actividad maliciosa no deseada e inaceptable”.
La acusación se produce en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, cuando Hezbolá —respaldado por Irán— e Israel intensifican sus ataques entre sí, generando preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra total, y al tiempo que las autoridades estadounidenses afirman que continúan rastreando las amenazas físicas de Irán contra varios funcionarios, entre ellos Trump.
El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino Diego Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exjugador y aseguró que, de haber estado en buen estado de salud, Maradona «no pasaba ni 30 segundos» dentro de la vivienda de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
Maradona permaneció en esa residencia hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
El proceso judicial, que se desarrolla en la localidad de San Isidro, evalúa la pertinencia y las condiciones de la internación domiciliaria, además de determinar la responsabilidad del equipo médico encargado de su atención.
Al igual que otros testigos que han comparecido durante el juicio, Morla sostuvo que la habitación donde permanecía el exfutbolista «estaba armada de manera muy precaria» y señaló que en la vivienda «no había aparatología ni ambulancia» para atender una eventual emergencia.
Durante la declaración, el abogado explicó que mientras Maradona estaba con vida administraba sus negocios y contrataba personal para atenderlo, aunque aseguró que no tuvo participación en la decisión sobre la internación domiciliaria.
«Todos confiábamos en Swiss Medical, no soy médico», manifestó.
Morla también fue uno de los pocos testigos que expresó respaldo al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso judicial.
«Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda», afirmó.
La comparecencia de Morla había generado expectativa debido al conflicto judicial que mantiene con los hijos de Maradona en una causa paralela relacionada con la explotación de la marca «Diego Maradona».
Por ese caso, Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas enfrentarán un juicio por el presunto delito de «administración fraudulenta».
Horas antes también declaró Jonathan Espósito, sobrino y asistente de Maradona, quien fue una de las primeras personas en encontrar al exfutbolista sin vida.
«Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado», recordó durante su testimonio.
En este proceso, Leopoldo Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos los acusados se han declarado inocentes.
Los procesados —entre ellos enfermeros, médicos y un psicólogo— enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.
Una mujer de 27 años, identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, fue capturada por la Policía de Honduras tras ser señalada de planificar su propio secuestro y exigir a su familia el pago de 10 mil dólares por su supuesto rescate.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda con destino a una discoteca.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero hasta que quienes se identificaban como sus secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir el pago del rescate.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron establecer que el secuestro nunca existió.
Las autoridades concluyeron que la propia Sindel Nicol Mejía Girón habría organizado toda la situación con el propósito de obtener el dinero, debido a que atravesaba problemas económicos y mantenía deudas pendientes.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso judicial, detallaron las autoridades hondureñas.
Una niña de tres años y un hombre de 38 fallecieron la mañana de este jueves en Petén, Guatemala, luego de que un camión les cayera encima tras el colapso de un puente de madera.
El hecho ocurrió en la comunidad El Limón, en el municipio de Dolores, departamento de Petén, donde, según informaron autoridades locales, el derrumbe de la estructura dejó el saldo fatal de dos personas fallecidas.
La menor fue identificada como Kristel García Suchité, de tres años. En el caso del hombre, únicamente se informó que tenía 38 años.
De acuerdo con residentes de la zona, el puente de madera tenía más de 40 años de antigüedad, por lo que no soportó el paso del camión y terminó colapsando.
