Internacionales
Presentan cargos contra tres agentes iraníes sospechosos de hackear campaña de Trump
El Departamento de Justicia reveló el viernes cargos penales contra tres agentes iraníes sospechosos de hackear la campaña presidencial de Donald Trump y difundir información robada a organizaciones noticiosas.
Los tres hackers acusados fueron empleados de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y su operación también tuvo como objetivo una amplia gama de blancos, incluyendo funcionarios gubernamentales, miembros de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La campaña de Trump reveló el 10 de agosto que había sido hackeada y dijo que piratas iraníes habían robado y distribuido documentos internos confidenciales.
Varias organizaciones de noticias importantes dijeron que se les filtró información confidencial desde dentro de la campaña de Trump, incluidos Politico, The New York Times y The Washington Post, pero se negaron a publicarla.
Posteriormente, autoridades de inteligencia estadounidenses vincularon a Irán con un hackeo de la campaña de Trump y con otro intento en la campaña de Joe Biden-Kamala Harris.
Indicaron que la operación tenía como objetivo sembrar discordia, explotar las divisiones dentro de la sociedad estadounidense y potencialmente influir en el resultado de unas elecciones que Irán percibe como “particularmente trascendentales en términos del impacto que podrían tener en sus intereses de seguridad nacional”.
La semana pasada, las autoridades también revelaron que a finales de junio y principios de julio los iraníes enviaron correos electrónicos no solicitados que contenían extractos de la información hackeada a personas relacionadas con la campaña de Joe Biden.
Ninguno de los destinatarios respondió. La campaña de Harris señaló que los correos electrónicos parecían spam o un intento de phishing y condenó el acercamiento a los iraníes como “actividad maliciosa no deseada e inaceptable”.
La acusación se produce en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, cuando Hezbolá —respaldado por Irán— e Israel intensifican sus ataques entre sí, generando preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra total, y al tiempo que las autoridades estadounidenses afirman que continúan rastreando las amenazas físicas de Irán contra varios funcionarios, entre ellos Trump.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
