Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
