Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.
El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.
«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.
El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».
«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.
Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.
En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.
Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.
Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.
Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.
Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.
Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.
«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.
El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.
Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.
«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.
El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.
Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada.
Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca.
Pero ese tema es con los narcos.… https://t.co/G91D76hU3f
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2026
El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso
El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.
Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.
Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.
Hace apenas un mes asestamos el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador. Hoy, nuestra Marina Nacional vuelve a golpear a las organizaciones del crimen transnacional.
El 17 de julio, nuestra Marina Nacional interceptó una LMFB (Lancha con Motor Fuera… pic.twitter.com/tZnDdznVPi
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2026
