Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
Política
Junta de Vigilancia Electoral verifica procesos para garantizar el voto en el exterior en elecciones 2027
Los directores de los diferentes partidos políticos que integran la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) han iniciado una serie de visitas a distintas ciudades de Estados Unidos y a México para verificar el desarrollo de los preparativos para el voto en el exterior de 2027.
El objetivo de estas misiones es constatar que actividades como la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y la evaluación de los centros de votación se desarrollen conforme a lo establecido en la normativa electoral. El TSE contempla la organización de los organismos electorales en el exterior como parte del proceso para los comicios de 2027.
Franklin Alegría, director del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ante la JVE, indicó que han realizado visitas a diferentes consulados de Estados Unidos y a uno en México. Según afirmó, durante estas visitas ha constatado una atención adecuada por parte de los consulados y de los centros de servicio del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hacia la diáspora, así como mayor agilidad en los procesos.
Alegría agregó que los salvadoreños residentes en el exterior con quienes ha conversado durante las visitas han manifestado estar satisfechos con la gestión que se desarrolla.
Por su parte, Irvin Sorto, director ante la JVE por el FMLN, destacó el trabajo consular relacionado con los trámites que se están ejecutando.
Sorto también señaló que los centros de votación inspeccionados cumplen con los requisitos establecidos. Además, afirmó que los consulados están desarrollando un trabajo ágil y eficiente y que ya se tienen identificados cuatro centros de votación en Virginia y sus alrededores.
El director del FMLN señaló que, en algunos casos, identificaron situaciones en las que salvadoreños no están acudiendo a renovar su DUI debido al temor a redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Asimismo, Selim Alabi, del partido ARENA, y Alexis Zepeda, del Partido de Concertación Nacional (PCN), confirmaron su participación en las misiones en el extranjero y señalaron que, hasta el momento, lo observado durante estas visitas se desarrolla conforme al debido proceso.
Más de un millón de Documentos Únicos de Identidad (DUI) están habilitados para que salvadoreños residentes en el exterior puedan ejercer el voto en las elecciones de febrero de 2027, según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Fernando Velasco, registrador nacional del RNPN, detalló que hasta agosto se contabilizaban 1,022,524 DUI de salvadoreños residentes en el exterior habilitados para emitir el sufragio. De estos, 817,458 fueron emitidos en el extranjero y cuentan con dirección en el país de residencia de su titular; 152,449 fueron emitidos en el extranjero, pero mantienen una dirección en El Salvador; mientras que 52,617 fueron emitidos en El Salvador con dirección en el extranjero.
Velasco explicó que la dirección registrada en el DUI tiene una repercusión directa en la modalidad de votación de los salvadoreños residentes en el exterior, por lo que destacó la importancia de actualizar los datos de residencia en el documento.
El funcionario señaló que muchos salvadoreños que viven fuera del país mantienen una dirección nacional en su DUI. Según consideró, esto puede estar relacionado con el deseo de conservar la dirección de su lugar de origen. También indicó que podría obedecer a razones legales, debido a que contar con una dirección nacional facilita determinados trámites, como la apertura de cuentas bancarias.
Asimismo, detalló que algunos salvadoreños residentes en el extranjero prefieren viajar a El Salvador para tramitar su DUI, independientemente de si registran una dirección nacional o extranjera.
El RNPN indica que el 85 % de los DUI habilitados para el voto en el exterior podrá utilizarse bajo la modalidad remota por internet, independientemente del lugar donde fue tramitado. Este porcentaje corresponde a los salvadoreños cuyos DUI registran una dirección fuera del país.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral de 2027 se desarrollará el 28 de febrero, mientras que el calendario para el voto en el exterior contempla el uso de modalidades electrónicas para los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional.
El voto por internet será accesible para la diáspora y el proceso contempla cuatro pasos, entre ellos la validación de la identidad mediante el escaneo del documento y la verificación facial antes de emitir el voto, según lo informado en el texto fuente.
Por otra parte, los salvadoreños que mantienen una dirección nacional en su DUI deberán acudir a los centros de votación que el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores establezcan en los países donde reside la diáspora para emitir su voto de forma electrónica.
El registrador nacional recordó que existe un plazo para que la actualización de la dirección registrada en el DUI tenga efectos electorales. El TSE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los salvadoreños residentes en el exterior actualicen su dirección de residencia en el DUI y puedan ejercer el sufragio mediante voto electrónico por internet.
Velasco explicó que la renovación del DUI también puede estar acompañada del cambio de domicilio y señaló que el período de cierre en el exterior se aproxima. Por ello, expresó su expectativa de que durante los meses restantes hasta el 29 de noviembre aumente la cantidad de salvadoreños que actualicen sus datos.
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de la República Dominicana, Raquel Peña, en la ciudad de Santo Domingo.
El Vicepresidente Ulloa reiteró la invitación a la Vicepresidenta Peña para realizar una visita oficial a El Salvador y conocer de primera mano la nueva realidad de paz y crecimiento económico que vive actualmente el país. Asimismo, la convidó a participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, CIED, en el mes de noviembre; espacio que permitirá profundizar el intercambio de experiencias y fortalecer el diálogo institucional.
Ambos Vicemandatarios reafirmaron los vínculos de amistad que unen a El Salvador y República Dominicana, así como la importancia de continuar robusteciendo las relaciones políticas y diplomáticas y generando nuevos espacios de acercamiento entre los países que conforman el SICA.
El acercamiento consolidó la voluntad de seguir ampliando una agenda bilateral que favorezca la cooperación y genere mayores oportunidades de articulación en ámbitos de interés común, incluyendo el desarrollo económico y la promoción de nuevas alianzas con ambos Estados.
En la reunión también participaron, la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Sr. Yossi Abadi.
