Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
Política
El Salvador respalda en Buenos Aires la nueva etapa de la OEI: Félix Ulloa destaca la educación como pilar del desarrollo iberoamericano
Política
¡PRESIDENTA DE COSTA RICA LLEGA A EL SALVADOR Y VISITA EL CECOT PARA CONOCER EL MODELO DE SEGURIDAD DE BUKELE!
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó este viernes 16 de octubre a El Salvador para desarrollar una visita oficial que incluye un encuentro con el mandatario Nayib Bukele y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La jefa de Estado costarricense fue recibida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, durante un acto protocolario que marcó el inicio de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad.
Uno de los momentos centrales de la visita fue el recorrido de Fernández por las instalaciones del CECOT, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. La mandataria llegó al centro penitenciario de máxima seguridad para conocer de primera mano su funcionamiento y los procedimientos implementados por las autoridades salvadoreñas. El presidente Bukele informó sobre la llegada de su homóloga a este recinto, considerado una de las principales instalaciones de la estrategia penitenciaria desarrollada por su Gobierno.
La visita ocurre apenas dos días después de que Costa Rica inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. El nuevo complejo penitenciario costarricense, ubicado en Alajuela, tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad. Fernández explicó que su administración busca estudiar los procedimientos operativos y la experiencia de El Salvador para fortalecer las medidas contra el crimen organizado en su país.
Como parte de su agenda oficial, la presidenta costarricense también tiene previsto reunirse con Nayib Bukele en Casa Presidencial para abordar temas de interés bilateral y regional. La visita, programada del 16 al 18 de octubre, representa un nuevo acercamiento entre ambas naciones en asuntos de seguridad, cooperación institucional y administración penitenciaria. El intercambio se desarrolla en un contexto de creciente interés regional por las políticas salvadoreñas de combate a las pandillas, cuyos resultados en la reducción de la violencia han recibido reconocimiento internacional, aunque también han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Política
FÉLIX ULLOA PRESENTA EN ARGENTINA SU ENSAYO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE EL SALVADOR MÁS ALLÁ DE IZQUIERDA Y DERECHA
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, presentó en Buenos Aires, Argentina, su ensayo titulado “La Revolución Pasiva: más allá de izquierda y derecha en El Salvador”, una obra en la que analiza los cambios políticos, sociales e institucionales que experimenta el país durante la administración del presidente Nayib Bukele. La presentación, realizada el 15 de octubre, reunió a representantes de los sectores político, académico y diplomático, quienes participaron en un espacio de reflexión sobre los procesos de transformación que atraviesan las sociedades contemporáneas.
Durante su intervención, Ulloa planteó que los cambios desarrollados en El Salvador no pueden explicarse únicamente mediante las categorías tradicionales de izquierda y derecha. El funcionario recurrió al concepto de revolución pasiva, asociado al pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci, para interpretar un proceso de transformación impulsado desde las instituciones del Estado. En su exposición, hizo referencia a las modificaciones institucionales realizadas a partir de 2021 y a las políticas de seguridad y desarrollo económico promovidas por el Gobierno salvadoreño.
La presentación contó con la participación de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien reconoció los avances que, a su juicio, ha experimentado El Salvador en materia de seguridad. Asimismo, Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), destacó el planteamiento de analizar la experiencia salvadoreña más allá de las divisiones ideológicas convencionales. En el encuentro también estuvo presente Miriam Mena, embajadora de El Salvador en Argentina, como parte de la representación diplomática salvadoreña.
El evento permitió llevar al ámbito internacional el debate sobre el modelo político e institucional que se desarrolla en El Salvador, así como intercambiar perspectivas acerca de la democracia, la gobernabilidad y los desafíos de la región. La propuesta académica de Ulloa busca ofrecer una interpretación de las transformaciones nacionales desde una perspectiva distinta a las corrientes ideológicas tradicionales, mientras que su presentación en Argentina abrió un espacio para discutir los alcances y las implicaciones de estos cambios ante representantes internacionales.
