Judicial
Munguía Payés deberá devolver al Estado más de US$400 mil
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, fue condenado este jueves por la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, a devolver al estado más de $400 mil que no logró justificar en su patrimonio; asimismo, su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía, fue condenada a devolver $3,114.04.
La suma que el exfuncionario y su esposa tendrán que devolver al estado asciende a $462,737.81. El juez, además inhabilitó a ambos por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos.
En el juicio se logró determinar que Payés, cuando fungió como ministro de la Defensa Nacional, en el periodo de presidencial de Mauricio Funes, se enriqueció por un monto de $459,123.74, siendo $32,174 menos de lo que la Fiscalía demandaba.
El informe de Probidad de la CSJ mostró 11 irregularidades en el patrimonio del exfuncionario, consistentes en varios depósitos a plazo en distintos bancos, entre ellos 39 depósitos en una cuenta de ahorro por un arrendamiento de una vivienda que no era de él. Igualmente, se cuestionó la cantidad de $20,000 de un monto de $100,000 que costó un inmueble en Tamanique, La Libertad, y el pago de una tarjeta de crédito por $55,595.
Las hijas del general también fueron procesadas pero resultaron absueltas por la Cámara. Sandra Patricia Munguía, estaba siendo acusada por la Fiscalía por un monto de $2,362.50 y Blanca Patricia Munguía, por $1,100.
Durante el juicio, el exministro reconoció que el gobierno le entregaba «un promedio de $1,000 mensuales” en concepto de «complementos salariales” o sobresueldos y eran parte de sus ingresos, además del salario de $3,500 que recibía.
Munguía Payés cumple una condena de 18 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso de la tregua con pandillas.
Judicial
10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Judicial
Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.





A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.




