Judicial
Mujer es acusada por estafar más de $170 mil a dos personas
Cristina Arroyo Lima, de 41 años, fue capturada el 3 de septiembre, mediante orden administrativa, tras una denuncia interpuesta en su contra por dos víctimas a las que presuntamente estafó con más de $170,000.
En octubre y noviembre de 2021, una de las víctimas se unió a la acusada para invertir en un negocio de elaboración y comercialización de cajas eléctricas de registro de diferentes medidas, así como filtros de purificación de agua. Arroyo les hizo creer a las víctimas que proveía productos a la embajada de EE.UU.
Además, Cristina les aseguró que el negocio generaría grandes ganancias, de acuerdo a la cantidad de dinero que invirtieran. Convencidas de esta promesa, las víctimas decidieron participar. Con el paso del tiempo, no recibieron ninguna ganancia prometida. Cuando le preguntaron a Cristina por el incumplimiento, ella les dijo que había enfrentado una serie de dificultades. A pesar de esto, les emitió cheques que no tenían fondos a la hora de cobrarlos. Ante esta situación, las víctimas decidieron interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En la audiencia inicial, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal en el caso de una de las víctimas y la detención provisional en relación con la otra.
Luis Armando Martínez Anaya, Kennia Vanessa Cruz Menjívar, Wilfredo Alexander Iraheta Arévalo, Mauricio Esaú Navarrete de la O y Ana Patricia Mártir Mendoza, junto con otros siete involucrados, fueron capturados y acusados por el delito de estafa en perjuicio de ocho víctimas.
La investigación indica que los acusados operaban a través de la plataforma de Whatsapp, enviando mensajes para persuadir a las víctimas de invertir en una plataforma digital que consistía en darle “me gusta” a videos de YouTube. Supuestamente, al realizar esta acción, las víctimas generarían automáticamente ganancias de $300, pero para acceder a esas ganancias debían invertir ciertas sumas de dinero.
Al creer que era cierto, cada una de las personas depositaron grandes sumas de dinero en diferentes cuentas de los acusados, con la esperanza de obtener las ganancias prometidas, las cuales nunca llegaron a recibir.
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial y autorizó la conciliación previamente acordada entre los estafadores y siete de las víctimas, a quienes les deberán pagar un total de $42,000. Una octava víctima no se presentó, por lo que el proceso continuará a la fase de instrucción.
Judicial
Gerardo Quijada, dueño de Talleres GQ, condenado a más de 6 años de prisión por estafa agravada
El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana recibió una condena de más de seis años de prisión tras ser hallado culpable del delito de estafa agravada. Además, deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares como responsabilidad civil, aseguró la Fiscalía General de la Republica (FGR).
En 2008, Quijada Orellana acordó arrendar un inmueble perteneciente a la sociedad agraviada, pero desde 2009 no realizó ningún pago por el arrendamiento. El proceso judicial en su contra se había desarrollado desde 2009, y debido a leyes anteriores, logró manipular y evadir la justicia.
Quijada Orellana no se presentó a la lectura del fallo en su contra, lo que llevó a que se le considerara prófugo de la justicia. Sin embargo, gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se logró su ubicación y captura el día de hoy.
#Condena I El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana ha recibido una condena de más de 6 años en prisión, tras ser encontrado culpable por el delito de estafa agravada y deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares, como responsabilidad civil.
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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 19, 2024
Edras Adillas Cadenas Cartagena fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado imperfecto o tentado y privación de libertad. Al imputado se le impuso una pena de cárcel de 13 años.
El imputado fue perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha y junto a otros sujetos privaron de libertad a la víctima y luego la llevaron hasta el lugar conocido como El Salamar, cantón Tonala de Sonsonate.
En ese lugar ataron a la víctima y le golpearon hasta dejarle inconsciente, luego los imputados se retiraron de la zona pues les avisaron de que en el sector circulaba la policía. El hecho sucedió el 28 de julio de dos mil dieciocho.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate decidió imponer 10 años de cárcel por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado, y tres años y seis meses por por privación de libertad.
