Judicial
Jorge Hernández no declaró en caso Saqueo Público
La audiencia programada para ayer lunes en el caso Saqueo Público, fue suspendida por la inasistencia a tribunales del expresentador de noticias Jorge Hernández, quien había sido ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), para las 9 de la mañana.
En este caso son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y el exsecretario de comunicaciones, David Rivas, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
Los juzgados donde Hernández es procesado no giraron los oficios a la PNC para su traslado por lo que, ante su ausencia, la jornada de ayer fue suspendida. Hernández tiene arresto domiciliario.
Hasta el momento, en este caso, ha declarado a puerta cerrada el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres. Su declaración goza de reserva. El segundo testimonio sería el de Hernández, pero aún no se aclara en tribunales si también declarará a puerta cerrada y si cuenta con el régimen de protección extraordinario como en el caso de Cáceres.
El Tribunal Primero de Sentencia resolvió que la declaración de Hernández sí fue ofertada en el dictamen de acusación, pero fue el juez instructor quien no lo relacionó en el acta de apertura a juicio, y añadió que con la declaración del testigo se garantizará el principio de inmediación, contradicción y el del derechos de defensa.
En la audiencia que iniciaría ayer también iban a comparecer Miguel Menéndez «Mecafé» y el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, pero no se logró establecer la conexión desde la sala de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez” con los penales donde se encuentran recluidos.
En noviembre del 2017, la Fiscalía General de la República acusó a Hernández de lavado de dinero de unos $8.1 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Sin embargo, quedó en etapa de instrucción en el desaparecido Juzgado Noveno de Instrucción y no siguió su etapa hacia juicio. La Fiscalía no ha presentado aún el dictamen de acusación en su contra.
Junto a Hernández, también era procesado Esteban Cañas Calderon, quien fue condenado a tres años de cárcel con reemplazo, ambos eran acusados de lavado de dinero y activos, el cual se habría llevado a cabo a través de la sociedad Marketing and Services, en la que se depositaron unos $5 millones; y unos $2 millones a la sociedad RIM, también vinculada a Hernández. Todo este dinero provenía de fondos sustraídos de las cuentas institucionales de la República.
Sobre él pesa un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuesto, por $178,000. que no pagó al Ministerio de Hacienda en 2014, actualmente está a la espera de la audiencia preliminar.
Jorge Hernández fue capturado el 3 de noviembre del 2017, y luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario, que supuestamente mantiene por el caso de lavado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
