Internacionales
Japoneses denuncian al Estado por vertido de agua de Fukushima
Un centenar de pescadores y habitantes de la prefectura de Fukushima (noreste de Japón) denunciarán esta semana al Estado japonés para intentar detener el vertido del agua de la accidentada central nuclear al mar.
La denuncia será presentada el viernes en el tribunal de primera instancia de Fukushima, indicó el lunes a la AFP Sugie Tanji, del colectivo que lleva a cabo esta acción.
«El gobierno no cumplió su promesa de obtener el acuerdo de los pescadores antes de decidir sobre el vertido», consideró esta mujer, añadiendo que esto «empeora el sufrimiento de las víctimas».
Muchos pescadores temían las consecuencias del vertido de este agua, utilizada para enfriar los reactores de la central de Fukushima, gravemente dañados en 2011 por un tsunami, en uno de los peores accidentes nucleares del mundo.
Desde que comenzó el vertido al océano Pacífico a finales de agosto, China y Hong Kong suspendieron todas sus importaciones de productos del mar japoneses, dos mercados que representaban el 42% de las exportaciones del sector nipón en 2022.
Tokio pidió a China levantar las restricciones comerciales, argumentando que el vertido fue validado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Japón insiste en que tomó medidas, como descontaminar el agua de la mayoría de las sustancias radioactivas, para garantizar un proceso seguro para el medioambiente y la salud de la población
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
