Internacionales
Japoneses denuncian al Estado por vertido de agua de Fukushima
Un centenar de pescadores y habitantes de la prefectura de Fukushima (noreste de Japón) denunciarán esta semana al Estado japonés para intentar detener el vertido del agua de la accidentada central nuclear al mar.
La denuncia será presentada el viernes en el tribunal de primera instancia de Fukushima, indicó el lunes a la AFP Sugie Tanji, del colectivo que lleva a cabo esta acción.
«El gobierno no cumplió su promesa de obtener el acuerdo de los pescadores antes de decidir sobre el vertido», consideró esta mujer, añadiendo que esto «empeora el sufrimiento de las víctimas».
Muchos pescadores temían las consecuencias del vertido de este agua, utilizada para enfriar los reactores de la central de Fukushima, gravemente dañados en 2011 por un tsunami, en uno de los peores accidentes nucleares del mundo.
Desde que comenzó el vertido al océano Pacífico a finales de agosto, China y Hong Kong suspendieron todas sus importaciones de productos del mar japoneses, dos mercados que representaban el 42% de las exportaciones del sector nipón en 2022.
Tokio pidió a China levantar las restricciones comerciales, argumentando que el vertido fue validado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Japón insiste en que tomó medidas, como descontaminar el agua de la mayoría de las sustancias radioactivas, para garantizar un proceso seguro para el medioambiente y la salud de la población
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
