Internacionales
Gobierno nicaragüense desplegó miles de policías para evitar procesiones de Semana Santa
Unos cuatro mil policías fueron desplegados esta Semana Santa alrededor de los templos católicos en Nicaragua para evitar que se produjeran procesiones religiosas en las calles, mientras el régimen promueve actividades bajo la figura de “tradiciones populares” a través del Instituto de Turismo, la Policía y las alcaldías municipales.
Unas 400 parroquias del país recibieron notificaciones policiales donde se les prohíbe salir a las calles con las tradicionales procesiones religiosas de Semana Santa, según explicó la abogada Martha Patricia Molina, quien se ha dedicado los últimos años a investigar y exponer la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua.
El despliegue policial fue calculado por Molina de acuerdo con la cantidad de agentes reportados en cada parroquia del país.
Según Molina, unas 4800 actividades religiosas que tradicionalmente se realizaban en las calles de pueblos y ciudades no se realizan este año, y algunas parroquias decidieron hacer sus celebraciones dentro o alrededor de las iglesias, donde aún se les permite hacer actividades.
La investigadora dice que las notificaciones policiales que reciben los sacerdotes no explican las razones de las prohibiciones y se limitan a expresar la “no autorización” para los eventos en la forma que tradicionalmente se realizaban.
El domingo 24 de marzo, Domingo de Ramos en la celebración católica, se registró un incremento de la vigilancia policial y paramilitar en los templos. “Por los menos había dos policías en cada iglesia y, en algunas iglesias llegaron varias patrullas con agentes de Operaciones Especiales”, afirma Molina.
Los policías buscan intimidar a los feligreses con su presencia y la toma de fotografías, dice.
El periodista Miguel Mendoza reportó en su cuenta de X que la policía de Nicaragua capturó a cuatro jóvenes que se habían disfrazado de judíos para visitar las casas aledañas, como parte de las tradiciones de Semana Santa”. Mendoza afirmó que la captura se produjo con lujo de violencia y hasta este viernes los jóvenes no habían sido liberados.
El régimen de Daniel Ortega mantiene una ofensiva contra la iglesia católica de Nicaragua que, desde abril del 2018, cuando se produjeron masivas protestas ciudadanas, hasta enero de este año pasado, registraba 812 ataques, según el recuento que lleva la abogada Martha Patricia Molina en su informe “Una iglesia perseguida”.
Estos ataques comprenden encarcelamientos, agresiones físicas, expulsiones del país, profanaciones a los ritos y símbolos religiosos y destierros de sacerdotes, laicos, obispos y monjas, entre otros.
El año pasado, el régimen decidió prohibir las celebraciones callejeras de Semana Santa y durante el mes de abril encarceló al menos a 13 personas vinculadas a las celebraciones religiosas tradicionales, entre ellas un periodista que informó sobre los eventos.
El periodista Víctor Ticay fue detenido el 6 de abril de 2023, un día después de informar sobre una procesión religiosa en Nandaime, Granada, y el 17 de agosto de ese mismo año fue condenado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”.
A pesar de la presencia intimidante de los policías, los feligreses se congregaron en los templos y están realizando algunas actividades dentro de las iglesias o alrededor de ellas. “Domingo de Ramos con presencia policías y paramilitares a lo interno y externo de las parroquias. Tomaban fotos y videos a los laicos. Un domingo bajo extremo asedio”, expresó la abogada Molina en su cuenta de X.
Mientras esto sucede en los templos, el régimen nicaragüense se dispuso a ejecutar un calendario de actividades bajo la etiqueta de “tradiciones populares” a través de la Policía, las alcaldías del país y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).
“El buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, en celebración de la Semana Santa y Pascuas en Nicaragua, durante este año 2024, estará desarrollando una serie de acciones y actividades para promover la cultura, tradiciones, gastronomía y los diferentes destinos turísticos de la tierra de lagos y volcanes, que nos hacen únicos y originales”, proclamó el Intur al anunciar su “estrategia de Semana Santa y Pascuas en Nicaragua”.
Martha Patricia Molina aseguró que, igualmente, las “alcaldías están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la iglesia católica”.
Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente del país, destacó, sin embargo, las celebraciones de esta semana, sin mencionar las prohibiciones policiales a las procesiones religiosas.
“Nuestra Nicaragua llena de fe, llena de devoción, genuina devoción, nuestra Nicaragua que vive esta semana mayor, Semana Santa, como acostumbramos, en tradiciones plenas, tradiciones que llevan la devoción de un pueblo cristiano, de familias cristianas, socialistas, solidarias, de familias que somos amor al prójimo, y que creemos, y creamos, el bien común”, señaló Murillo este lunes 25 de marzo a través de una intervención radial.
Y como es su costumbre, dedicó parte de su intervención a quienes se oponen a su régimen. “Viviendo con amor, desterrando el odio, desterrando a tantos malévolos, pocos ya. ¡Pocos ya! Creo yo que, bueno, habrá quienes no se aburran de ser perversos y de pronunciarse y activarse contra la paz, habrá quienes no se aburran, pero, en general, cuando vemos una comunidad humana afligida por el odio, dolida por el odio, debemos entender que ese no es el camino, que el camino es el camino de Cristo Jesús: amor al prójimo, amor entre nosotros, hermandad, fraternidad, y vida con dignidad”.
El despliegue policial contra las actividades religiosas se produce a pesar de que el pasado 7 de marzo, Murillo afirmó en su mensaje de felicitación por el cumpleaños del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, que atrás quedaban “los días de las campanas y los cristales rotos”, que auguraba una distensión entre el régimen y la Iglesia católica.
El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.
El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.
El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.
«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.
Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.
Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».
«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.
Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.
La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.
El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.
Internacionales
Presidente Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York tras invasión de EEUU en Venezuela
La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.
El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.
Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.
El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.
Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.
«Prisionero de guerra»
De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.
Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.
Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.
Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.
«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».
Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».
Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.
Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.
Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.
Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
Internacionales
Francia investigará al exdirector de Frontex por complicidad en crímenes contra la humanidad
Un juez de instrucción francés investigará al eurodiputado de extrema derecha Fabrice Leggeri, exjefe de la agencia europea de control fronterizo, tras una denuncia por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, anunció el martes a la AFP una fuente judicial.
Leggeri dirigió entre enero de 2015 y abril de 2022 la agencia Frontex, responsable del control de fronteras de la Unión Europea.
En 2024, se había incorporado al Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) como número tres de su lista para las elecciones europeas.
Como director de Frontex, fue acusado regularmente por las ONG de tolerar devoluciones ilegales de migrantes, erigiéndose en un defensor de la impermeabilidad de las fronteras europeas.
La Liga de los Derechos Humanos lo acusó en particular de haber «alentado» a sus agentes a facilitar las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por parte de las autoridades libias y griegas, según la denuncia presentada en 2024 de la que tuvo conocimiento la AFP.
También se le reprocha haber «optado por una política destinada a impedir, fuera cual fuera el precio —en vidas humanas especialmente—, la entrada de personas migrantes en la UE».
Después de un trámite procesal de dos años, el Tribunal de Apelación de París decidió el 18 de marzo abrir una investigación, según la fuente judicial.
«El señor Leggeri no estaba informado de estos avances y, por tanto, no tiene comentarios que hacer en esta fase», indicó a la AFP una fuente de su entorno.
«Por primera vez, uno o varios jueces de instrucción franceses van a examinar las condiciones de la eventual responsabilidad penal de Fabrice Leggeri en la hecatombe que ha causado miles de muertos en el Mediterráneo, en particular niños y mujeres», celebró por su parte el martes el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.
Unos 82,000 migrantes han muerto o desaparecido desde 2014, principalmente en el Mediterráneo (34,000), la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Una cifra subestimada, según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (Manul) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en un reciente informe señalaron las «graves violaciones» sufridas por las personas migrantes «detenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales y no oficiales» en Libia.
