El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.

Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.

Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.

El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.

La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.

Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.

Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.

Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.

Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.

Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.

Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que trabajadores de la salud estuvieron entre las primeras personas infectadas durante el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).

La directora de Emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire, señaló mediante videoconferencia desde el oriente de la RDC que, oficialmente, desde que se declaró el brote el 15 de mayo, 75 trabajadores sanitarios contrajeron ébola y 17 de ellos fallecieron.

“Es un precio verdaderamente elevado el que el sistema, el sistema de salud, está pagando porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en RDC”, afirmó la funcionaria.

En respuesta a consultas de periodistas, Belizaire explicó que cerca del 90 % de los pacientes con ébola no presentaron inicialmente síntomas hemorrágicos. Debido a ello, muchas personas permanecieron en sus hogares automedicándose o buscaron atención con sanadores tradicionales. Asimismo, indicó que el cuerpo de una persona fallecida por ébola es más contagioso que cuando la persona estaba viva.

La directora de Emergencias de la OMS enfatizó que, aunque el brote de ébola continúa siendo una preocupación importante, otras enfermedades, especialmente la malaria, representan desafíos sanitarios significativos y no deben ser descuidadas.

Belizaire también informó que China desplegó un equipo médico para fortalecer los esfuerzos de respuesta ante la emergencia, mientras que Uganda se prepara para enviar otro contingente de apoyo.

La funcionaria advirtió que la situación sigue siendo grave y continúa evolucionando. Agregó que todavía se reportan nuevos casos en múltiples regiones, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener y acelerar las medidas de respuesta.

Hasta este viernes, la República Democrática del Congo confirmó 896 casos de ébola y 232 fallecimientos distribuidos en 33 zonas sanitarias de tres provincias.

Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) identificaron a un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente para operar.

Según el informe, la escuela de manejo J & D brindaba capacitación a nuevos conductores sin poseer las credenciales necesarias emitidas por el VMT, situación que, de acuerdo con la institución, representa un riesgo para la seguridad vial.

Tras la inspección, personal de Inspectoría del VMT procedió al cierre de dos puntos de operación de la escuela, ubicados en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, y en Los Planes de Renderos.

Asimismo, el viceministerio informó que ha iniciado el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de estafa.

Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo constante en examinadoras y escuelas de manejo a escala nacional para verificar que estas empresas cuenten con la autorización correspondiente y así garantizar la seguridad vial de los usuarios.

Durante las inspecciones, los equipos verifican que las escuelas dispongan de mecanismos para realizar exámenes teóricos, circuitos para el desarrollo de pruebas prácticas, instalaciones estandarizadas y otros aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento.