Internacionales
Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.
Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.
La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.
Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.
La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.
Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
