Internacionales
Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.
Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.
La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.
Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.
La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.
Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
