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Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción

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El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.

Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.

Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.

La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.

Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.

La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.

“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.

Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.

Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.

En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.

Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.

Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).

Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

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Refinadora costarricense prevé fuertes alzas a los combustibles en mayo

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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en la actualización de mayo, como consecuencia de la volatilidad internacional de los precios de mercado ocasionada por el conflicto en Medio Oriente.

La institución estatal, que se encarga de la importación, almacenamiento y distribución al mayoreo de hidrocarburos en ese país centroamericano, indicó en comunicado de prensa que el aumento varía entre los $0.63 y $1.33 en los diferentes tipos de combustibles.

Bajo este panorama, el hidrocarburo más afectado es el diésel que pasará a costar $5.78 a partir del quinto mes de 2026, con un incremento de $1.33 con respecto a lo que se paga en abril que asciende a $4.31.

En el caso de la gasolina superior, los conductores costarricenses estarían cancelando $5.78 por galón, es decir, $0.63 más del precio de abril de $5.15.

A su vez, en cuanto a la gasolina regular, la estimación indica que llegará a un valor de $5.60, una diferencia de $0.66 con respecto al precio actual que es de $4.94.

Frente a los incrementos, la presidenta de Recope, Karla Montero, mandó un mensaje de tranquilidad a la población con respecto al abastecimiento de combustibles.

«Tenemos suficientes inventarios para garantizar el suministro de los combustibles a nivel nacional para que no se preocupen, tenemos un flujo constante de barcos, y la operación está funcionando normalmente», dijo.

Será finalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la que confirmará las nuevas tarifas al inicio del próximo mes.

Panorama regional

En cuanto, al panorama regional, datos actualizados muestran que El Salvador se encuentra en la posición más favorable, y Guatemala en la más complicada.

En El Salvador, la gasolina superior es de $4.57 por galón servido; mientras que la gasolina regular se comercializa en $4.24; y el diésel en $4.30.

En Guatemala, la gasolina superior se vende por $5.26 por galón, $0.69 más que en El Salvador; y la regular reporta $5.13, $0.89 más que en El Salvador.

Por su parte, Honduras registra $5.17 por galón de la gasolina superior; $4.62 por la gasolina regular; y $5.11 por el diésel; y Panamá muestra la segunda menor afectación de la región con una comercialización de $4.75 para la gasolina superior; $4.42 para la regular; y $5.14 para el diésel.

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EE. UU. bloqueará puertos iraníes «el tiempo que sea necesario», dice jefe del Pentágono

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Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes «el tiempo que sea necesario», declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes a las 14H00 GMT del lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el «bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes».

«Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza», advirtió a su vez Caine en la rueda de prensa. «Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta», añadió.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: «Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos».

«Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas», afirmó el secretario.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Oriente Medio, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes.

«Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego», concluyó Cooper.

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Reino Unido se prepara para posibles escaseces de alimentos por conflicto en Oriente Medio

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El gobierno británico teme una posible escasez de dióxido de carbono (CO₂), que podría afectar a la industria agroalimentaria, y prepara medidas si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado debido al conflicto en Oriente Medio, informó el jueves el diario The Times.

Según el periódico, el gobierno estudió este escenario, entre otros, durante una reciente reunión de crisis organizada para evaluar las consecuencias de una prolongación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques estadounidense-israelíes contra Irán.

En este escenario, el suministro de CO₂, subproducto en particular de la fabricación de fertilizantes a partir de gas natural, podría disminuir un 18%, con consecuencias para numerosos sectores, entre ellos la agricultura y la industria agroalimentaria.

Este gas se utiliza en el sacrificio de cerdos y aves, así como para prolongar la conservación de alimentos envasados.

Las empresas que lo utilizan en la fabricación de cerveza también podrían verse afectadas.

«No quiero comentar una filtración, pero ahora que la información está ahí, espero que la gente se sienta tranquila al saber que estamos trabajando en ello», reaccionó, en Sky News, el ministro de Empresas y Comercio, Peter Kyle, al ser preguntado por el artículo de The Times.

Una reducción del suministro de CO₂ no debería provocar grandes desabastecimientos en los supermercados, pero sí reducir la variedad de productos disponibles, precisa The Times, que tuvo acceso al documento que describe este escenario.

Para hacer frente a una situación así, el gobierno contempla diversas medidas, como dar prioridad a los sectores de la salud y de la energía nuclear civil, donde el CO₂ se utiliza para refrigerar reservas de sangre, órganos y vacunas, así como en el suministro de electricidad.

El gobierno también podría pedir a las empresas productoras de CO₂ que aumenten su producción.

 

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