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Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.
Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.
La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.
Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.
La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.
Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Los venezolanos aún no han terminado de recuperarse del impacto de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, que dejaron miles de personas fallecidas y daños en la infraestructura del país sudamericano. En este contexto, un nuevo sismo de magnitud 4.0 volvió a sacudir Venezuela durante la madrugada de este martes.
De acuerdo con información de las autoridades venezolanas, el movimiento telúrico se registró a las 3:07 a. m., con epicentro localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y una profundidad de 10 kilómetros.
El sismo también fue percibido en Caracas, donde habitantes reportaron haberse despertado debido al movimiento y haber recibido alertas sísmicas en sus teléfonos.
Hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños materiales relacionados con este nuevo sismo.
Miles de personas desplazadas por un potente terremoto registrado en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecían acampadas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.
El sismo, de magnitud 7,7, ocurrió el sábado y dejó 53 personas fallecidas y más de 100 heridas. Organismos de rescate señalaron que no existen reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, informó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB).
Muchos habitantes de Flores pasaron una segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a regresar a sus casas debido a las centenares de réplicas registradas en la zona.
Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la localidad de Mbay, ubicada cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas construidas con lonas y tubos.
«Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar», comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.
El residente explicó que únicamente regresan a sus viviendas para recoger agua, ropa y almohadas, para luego pasar la noche en el campamento.
«Estamos aquí por nuestra cuenta», agregó Junaidin, quien, al igual que muchos indonesios, lleva un solo nombre.
El hombre también expresó su frustración por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras Indonesia celebraba el lunes su día de independencia con actos y ceremonias en la capital, Yakarta.
«En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada», afirmó Junaidin.
Ante la situación, la fuerza aérea de Indonesia informó que transportaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes de comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió el lunes en la más mortífera registrada en la historia del país, luego de superar en solo tres meses las 2,300 muertes contabilizadas durante el brote de 2018-2020.
La epidemia «es la de más rápida propagación jamás registrada» y «mata a una persona cada 30 minutos», alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.
Por el momento, no existe vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo, identificada como responsable de esta epidemia.
El brote se originó en Ituri, en el noreste de la RDC, y corresponde a la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la historia del país. Actualmente, se extiende con fuerza por provincias del este y noreste, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras sanitarias son precarias.
Pacientes llegan tarde a los centros de tratamiento
En Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia, el hermano de Flavier Ngurima murió poco antes de llegar a un centro de tratamiento (CTE).
«Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente», relató Ngurima.
La situación no sería aislada. En el territorio de Djugu, también en Ituri, parte de la población considera que los síntomas corresponden a «un envenenamiento u otras afecciones», explicó Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.
Según Lotsima, las familias llevan a los enfermos al hospital «en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora», y en algunos casos los pacientes «mueren por el camino».
Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, aseguró que «más del 70% de las personas fallecen en la comunidad» en lugar de hacerlo en los centros de tratamiento.
Hasta el momento, el brote registra 2,325 fallecidos y 4,945 casos confirmados, superando las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de la RDC, que dejó 2,299 muertos y 3,381 casos confirmados.
Además, los primeros tres meses de esta epidemia registraron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los primeros tres meses de la peor epidemia de ébola de la historia, que afectó a África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).
En Bunia, capital de Ituri, se ha registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo. Sin embargo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, pese a la gravedad de la situación.
Un corresponsal de la AFP también observó que las personas continúan aglomerándose en los mercados y prestan poca atención a las medidas de protección.
«La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente», afirmó Janabi.
Situación en Uganda
Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados, incluidas dos muertes. Sin embargo, a mediados de julio anunció que ya no tenía casos activos del virus.
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en un plazo de tres meses.
