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Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.
Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.
La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.
Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.
La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.
Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
