Internacionales
Expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina condenado a ocho años de prisión por corrupción
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado el miércoles a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que fueron cometidos durante su mandato.
Acepto los tres delitos que se me imputan”, dijo Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete. Su vicepresidenta Roxana Baldetti, también fue condenada por actos de corrupción.
La jueza Recinos dio por acreditado que Pérez Molina cometió los delitos aceptados con agravantes como la premeditación y el abuso de superioridad. La magistrada agregó que bajo su gobierno (2012-2015) Pérez Molina nombró a personas que cometieron los delitos mencionados y que habría aceptado sobornos por la adjudicación de contratos con el Estado.
Recinos condenó al ex mandatario a dos años y seis meses por fraude, dos años y seis meses por cohecho y tres por lavado de dinero haciendo un total de ocho años de prisión más una multa de casi tres millones de dólares.
La fiscalía acusó en varios casos a Pérez Molina y lo identificó como líder de una estructura criminal que defraudó al Estado. En una de sus indagaciones el Ministerio Público estableció varios hechos, entre ellos, que recibió regalos comprados con fondos públicos de parte de sus ministros y aceptó sobornos de uno de los puertos del país. La fiscalía estimó en más de 50 millones de dólares lo defraudado por el exmandatario.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el ex presidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por varias acusaciones. Su abogado defensor, César Calderón, pidió que se lo condene a menos de 40 meses de cárcel pues la ley de aceptación de cargos reduce hasta la mitad las penas.
Calderón dijo que en la investigación no se aportó ninguna prueba ni testigo que probara que su defendido había recibido sobornos o dinero producto de algún delito.
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
Por otra parte, en agosto un juzgado de Guatemala reprogramó para octubre el proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno de Pérez Molina.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
