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Exalcalde de Rosario de Mora utilizó fondos públicos para pagar dietas
Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.
Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.
En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.
Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.
El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.
«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.
La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.
Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.
Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.
El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 459 al evento “Terror CIFCO VII – El Contacto”, una de las actividades de entretenimiento que se desarrollará durante las vacaciones y que cada año ofrece nuevas experiencias inmersivas, escenarios tematizados y personajes para los visitantes.
El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en FENADESAL, donde miles de asistentes podrán disfrutar de diez días de entretenimiento con ambientaciones inspiradas en distintos universos del terror, espectáculos, experiencias interactivas y un food court integrado por más de 90 emprendedores y expositores, con el objetivo de fortalecer el dinamismo económico y promover el talento nacional.
Como parte de la actividad, la Lotería invitó a los asistentes a visitar su stand, donde podrán adquirir sus productos y participar por la oportunidad de convertirse en uno de los próximos ganadores.
Previo al inicio del sorteo, durante la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, participó Lizzeth Lino, gerente de Mercadeo y gerente de Ventas Ad Honorem de CIFCO, quien recibió un enmarcado conmemorativo en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo y agradeció el respaldo brindado a este evento.
En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 459, el primer premio de $205,000, correspondiente al billete N.º 17392, no fue vendido.
El segundo premio de $20,000 correspondió al billete N.º 03341, el cual sí fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 fue para el billete N.º 36516, también vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial.
Foto: Cortesía
Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.
Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.
Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.
Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.
Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
