En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.

«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.

«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.

«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.

El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.

«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.

En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.

Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.

Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.

El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.

Trauma del pasado

Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.

Estuvo retenida durante unos tres meses.

Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.

«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.

También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».

Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.

«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.

Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.

«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.

Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.

Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.

Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.

«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.

«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.

Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.

Una evacuación de emergencia se llevó a cabo en un vuelo en un aeropuerto de la ciudad norteña india de Chandigarh hoy martes luego de que el cargador portátil de un pasajero se incendiara y el humo se esparciera en el interior del avión.

El incidente ocurrió en un vuelo de IndiGo de Hyderabad a Chandigarh, lo que activó una respuesta de emergencia y la evacuación al aterrizar. De acuerdo con las autoridades, los 198 pasajeros y seis miembros de la tripulación fueron evacuados a través de rampas.

«Todos los clientes han sido trasladados a salvo a la terminal», dijo IndiGo Airlines en un comunicado.

El humo se extendió por toda la cabina cuando el avión llegó a la bahía, y la tripulación respondió rápidamente con un extintor para contener las llamas.

En apariencia es una joya turística de aguas cristalinas a orillas del Caribe y rodeada de montañas de picos nevados. Pero en las entrañas de un destino paradisíaco de Colombia la violencia paramilitar mantiene bajo el miedo a comerciantes y pueblos indígenas.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, los turistas disfrutan sin percatarse de los escuadrones de camuflado que los vigilan de cerca, extorsionan a los negocios alrededor y siembran terror en las comunidades originarias, cuyo conocimiento ancestral es reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

«Tenemos miedo, zozobra por el porvenir», dice a la AFP el gobernador del pueblo kogui Atanasio Moscote, en lo alto de la reserva que los indígenas consideran «el corazón del mundo».

Detrás de la violencia están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar que se financia con el control de las rutas del narcotráfico en la montaña costera más alta del mundo al imponer su dominio sobre el territorio y la población.

«El entrar con armas genera un desequilibrio en la sierra», se queja Moscote vestido con su tradicional atuendo blanco tejido a mano.

Ante la violencia, el presidente izquierdista Gustavo Petro cerró por más de dos semanas, entre febrero y marzo, el emblemático Parque Tayrona, una de las dos reservas naturales de la sierra que recibe cada año a miles de visitantes.

El gobierno justificó la medida por las extorsiones, los bloqueos de carreteras y las amenazas contra los guardaparques, quienes se oponen a actividades ilegales como la tala.

La AFP acompañó a uno de estos funcionarios intimidado a lo largo de un recorrido por la reserva.

«Nuestra presencia en cada rincón, en cada zona, es de vital importancia para conservar, mantener y monitorear los recursos que tenemos», dice Yeiner Hernández, de 31 años.

Los guardaparques reciben advertencias por su labor de protección, que riñe con los intereses de grupos criminales.

Según investigadores, esos grupos ilegales reciben rentas del turismo y buscan controlar playas para exportar droga.

Peor que nunca

El Tayrona alberga el bosque seco mejor conservado del país, así como ricos ecosistemas marinos que atraen a buceadores.

Pegado se encuentra el Parque Nacional Natural Sierra Nevada, que alcanza los 5.700 metros sobre el nivel del mar. Ambas áreas protegidas recibieron en 2025 a más de 873.000 viajeros.

También son hogar de los arhuacos, koguis y otras comunidades indígenas.

Históricamente, grupos criminales, entre ellos la extinta guerrilla de las FARC, se han disputado el control de la zona a sangre y fuego, debido a su ubicación estratégica y a su extensión de 2.3 millones de hectáreas según la UNESCO.

Los indígenas afirman que actualmente la violencia ha alcanzado niveles peores contra sus comunidades debido al terror que ejercen los llamados «Conquistadores», herederos de un exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos tras firmar la paz con el gobierno en 2006.

«Estos grupos se han subido a la parte más alta». «Afectan a una comunidad en la que el 95% son totalmente propios (nativos), que no saben hablar español, que viven de sus cultivos y de su conocimiento», dice Luis Salcedo, gobernador arhuaco de larga cabellera, mientras mastica hoja de coca, su planta sagrada.

Y ahora se suma la guerra del Clan del Golfo. En los últimos meses el principal cartel del narcotráfico intenta tomar el poder de la sierra con combates cerca de los cabildos indígenas.

«¿Turismo a Ucrania?»

Petro incluyó a las ACSN dentro de su política de «paz total», una estrategia con la que intentó negociar el desarme de las principales organizaciones del país.

Sin embargo, las conversaciones no avanzaron y el conflicto se intensificó cuando falta poco para que Petro deje el poder en agosto.

Según la investigadora Norma Vera las ACSN son la autoridad de facto en la región pues ejercen «un control territorial a través de una gobernanza armada consolidada», un fenómeno usual en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

Además, explotan ilegalmente minas de oro que contaminan el agua con mercurio y controlan hasta «el plato de comida que se vende» a los turistas mediante la extorsión, asegura.

Estos cobros disfrazados son un delito en aumento en Colombia. El Ministerio de Defensa asegura haber recibido más de 46.000 denuncias desde 2022.

Para el sector turístico, la violencia se traduce en una mala reputación, dice Ómar García, presidente del gremio hotelero en la ciudad de Santa Marta.

«Afecta el número de visitantes». «¿Quién va a hacer turismo a Ucrania?» «¿A Irán?», ejemplifica.