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Elaboran sistema de protección para personas con discapacidad
El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) presentaron ayer el análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador. El estudio obtuvo información clave sobre las características, necesidades, y prioridades de este sector de la población. Los datos son el principal insumo para que el Conaipd diseñe un sistema de protección e inclusión para personas con discapacidad.
Dicho sistema se consolidará a partir del abordaje de ocho aspectos críticos relevantes para la garantía de sus derechos que son salud, educación, empleo, habilitación y rehabilitación, accesibilidad, protección social, cuidado, convivencia y participación sin discriminación.
El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud y presidente del Conaipd, Carlos Alvarenga, destacó que estas estrategias mejorarán la calidad de vida de las personas con discapacidades. «Es un aporte valiosísimo para nosotros como Conaipd y para todo el Gobierno porque es una evaluación de la condición de todas las personas con discapacidad. A partir de un diagnóstico se generan los marcos legales», dijo Alvarenga.
El informe retomó datos de la Encuesta Nacional de Salud, y una de las cifras más relevantes es que 1.14 millones de personas en el país tienen alguna limitante identificada como una condición de discapacidad; es decir una de cada cinco personas. También hicieron grupos focales para conocer las necesidades de las personas con discapacidad.
«Entre los principales hallazgos está la importancia de hacer un perfil de quiénes son las personas con discapacidad». indicó la representante de Unfpa, Neus Bernabeu.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a un centro penitenciario en El Salvador, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.
El traslado del exfuncionario marca el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, luego de que la justicia confirmara su culpabilidad y dictara medidas complementarias, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Autoridades penitenciarias recibieron a Quijano en cumplimiento de los protocolos de seguridad, asegurando que permanecerá bajo custodia mientras se cumple la totalidad de la condena.
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El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
