Internacionales
El asombroso escape de un asesino brasileño de una cárcel estadounidense
Un asesino convicto que escapó de la prisión del condado de Chester hace siete días lo hizo trepando por las paredes del patio de la prisión, saltando a través de alambre de púas y corriendo a través del techo de la instalación, dijeron las autoridades el miércoles, añadiendo que un método de escape similar fue utilizado por otro recluso para huir de la prisión a principios de este año.
Un funcionario de la torre de vigilancia que domina el patio de ejercicios, donde se produjo la fuga, “no observó ni informó de la fuga”, y es una “parte clave” de una investigación interna en curso, dijo el alcaide en funciones de la prisión del condado de Chester, Howard Holland, durante una conferencia de prensa.
Mientras tanto, el centro aumentará sus medidas de seguridad cercando sus patios y añadiendo más alambre de espino “para bloquear el acceso al techo”, dijo Holland. También habrá más cámaras de vídeo y se colocará un agente en el patio. Antes de la fuga, no había ningún funcionario en el patio con los reclusos.
Danelo Cavalcante, de 34 años, inició su fuga a las 8.33 horas del jueves, cuando él y otros reclusos entraron en el patio. A las 8.51, Cavalcante había trepado por un muro, atravesado una alambrada y corrido por el tejado. A continuación, escaló otra valla y atravesó más alambre de espino, según Holland.
A las 9.45 horas, los funcionarios se percataron de que faltaba un recluso, por lo que la prisión inició un recuento especial que confirmó la desaparición de Cavalcante.
La fuga de Cavalcante siguió a la de Igor Bolte, quien, según las autoridades, se fugó de la prisión del condado de Chester de forma similar en mayo. Un guardia de prisiones vio el intento de fuga de Bolte y avisó a otros funcionarios, que atraparon al recluso casi de inmediato, según informaron las autoridades el miércoles. Las autoridades dijeron que el centro añadió alambre de espino tras la fuga de Bolte.
“Revisaremos minuciosamente todas nuestras prácticas y políticas e introduciremos las mejoras oportunas”, declaró Holland.
Las autoridades continuaron la búsqueda intensiva el miércoles por la tarde, casi una semana después de la descarada fuga. “Nuestro principal objetivo es detener a este hombre. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en tratar de localizarlo”, dijo la fiscal de distrito del condado de Chester, Deb Ryan.
Unos 250 efectivos están buscando en una zona del municipio de Pocopson, a unos 50 kilómetros al oeste de Filadelfia. Múltiples avistamientos creíbles de Cavalcante, incluido un avistamiento el lunes en una cámara de rastreo, y otro avistamiento el martes por la noche, han hecho que las autoridades amplíen el perímetro de búsqueda.
Las fotos de Cavalcante tomadas por la cámara de vigilancia mostraron que se encontraba al sur del perímetro de búsqueda establecido por las autoridades la semana pasada. Esto llevó a dos distritos escolares -Kennett Consolidated School District y Unionville-Chadds Ford School District- a cancelar las clases el martes y el miércoles porque ambos tienen escuelas dentro de la nueva zona de búsqueda.
Las autoridades esperaron una semana para decir cómo Cavalcante se escapó de la prisión, citando una investigación en curso. Las autoridades dijeron que tienen una idea de cuál es su destino final, pero se negaron a ampliar más allá de que “se dirigía hacia el sur” dentro de su perímetro de búsqueda, según el teniente coronel George Bivens de la Policía Estatal de Pensilvania.
Cavalcante se fugó una semana después de ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a su ex novia de 33 años, Deborah Brandao. Apuñaló a Brandao casi 40 veces delante de sus dos hijos, de 4 y 7 años, en agosto de 2021 antes de huir del lugar, según la oficina del fiscal del distrito. Las autoridades lo encontraron en Virginia.
Los fiscales dijeron que Cavalcante, que tenía antecedentes de violencia doméstica, apuñaló a Brandao después de que ella se enteró de que tenía una orden de arresto abierta por un asesinato ocurrido en 2017 en Brasil, que es donde nació Cavalcante. Los detectives determinaron que Cavalcante la mató después de que ella amenazara con exponerlo a la policía, según los fiscales.
Las autoridades describieron a Cavalcante como de 1,52m de altura y 54 kilos, con cabello largo rizado negro y ojos marrones. Aumentaron la recompensa el miércoles a 20.000 dólares, frente a los 10.000 dólares anteriores, para cualquier persona con información que conduzca a la detención de Cavalcante, dijeron las autoridades.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
