El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex en un comunicado.

«Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellas, una trabajadora de Pemex», agregó la petrolera estatal.

Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, añadió.

El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, informó horas antes la petrolera.

El siniestro fue sofocado dos horas después de que comenzó y «no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores», aseguró la firma.

En redes sociales circularon videos donde se observa las instalaciones petroleras, ubicadas justo en la costa del Golfo de México, devoradas por el fuego en medio de una intensa lluvia.

Según medios locales, entre los fallecidos se encontraría un guardia de seguridad.

La construcción de la refinería Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.

Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.

Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.

Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.

Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.

«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.

Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».

Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.

«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.

Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) plantea en su reciente informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los capturados bajo el régimen especial deben ser indemnizados.

Lo anterior, según GIPES, obedece a las demandas a favor de las «más de 89,000 personas capturadas arbitrariamente».

Dicho grupo, apoyado por organizaciones salvadoreñas que dicen defender los derechos humanos y por sectores de oposición, exige al Estado poner fin al régimen de excepción, medida constitucional vigente que ha permitido alcanzar niveles históricos de seguridad, garantizando la tranquilidad ciudadanía, llevando a El Salvador a ser considerado un modelo en seguridad pública, a escala internacional.

En el apartado de recomendaciones del informe, el GIPES señala que el Estado salvadoreño debería brindar una «reparación integral» de los detenidos.

«Diseñar e implementar un programa nacional de reparación integral, que incluya indemnización, rehabilitación física y psicológica, medidas de satisfacción, y garantías de no repetición», establece.

El grupo, además, argumenta que la cotidianidad de El Salvador comprende un proceso de militarización del territorio donde «el despliegue masivo ha facilitado la detención de decenas de miles de personas, sin supervisión judicial ni rendición de cuentas».

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se refirió ayer al informe por GIPES ante la CIDH. Manifestó que este grupo busca que se ponga fin a la medida que ha sido prorrogada 48 veces por el congreso.

«Estos expertos dicen que no están de acuerdo con el régimen de excepción, y que debemos de quitarlo. Dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel, ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, por lo cual deben de salir», expresó Castro durante una reunión con habitantes del reparto La Campanera, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.

La Campanera fue reconocida como una zona de alta peligrosidad por el accionar de las pandillas.

Por su parte, Carlos Araujo, exasesor del partido ARENA, afirmó ayer que en ningún momento en el informe se pide que los pandilleros sean liberados. Reiteró que existe una «falacia» del gobierno al decir que se exige la liberación de pandilleros.

«En ninguna línea del documento de 289 páginas dice que estén pidiendo liberar a estas personas. Es la primera falacia, mentira y manipulación de parte del gobierno», afirmó Araujo durante la entrevista Encuentro TV.

Valoró que muchas de las detenciones durante la vigencia del régimen de excepción son consideradas arbitrarias por varias razones.

«Si te vas a la parte muy técnica, toda captura que se realiza por parte del Estado, donde no te leen tus derechos ni te dicen por qué te están deteniendo, no te dan el derecho de defensa; entonces, eso se vuelve una captura arbitraria en cualquier parte del mundo», enfatizó el exasesor de ARENA.

Al respecto, el presidente Nayib Bukele se refirió el fin de semana anterior, indicando que «si se acepta que el 100 % de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100 % de detenidos. Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente».

Manuel Flores, secretario general del FMLN, también se refirió ayer al informe que el grupo de «expertos» internacionales presentó ante la CIDH.

«Están los organismos respectivos que han puesto las demandas donde se deben de presentar las pruebas; es importante que sepamos interpretar lo que está ocurriendo en nuestro país», comentó.

Agregó que el país es suscriptor de tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.

«Cada quien va a dar sus puntos de vista, y que se juzgue lo que se tenga que juzgar. No quiero dar una opinión porque cada quien va a resolver sus conflictos, pero en este caso es importante destacar la opinión de muchos organismos internacionales sobre la violación a los derechos humanos en El Salvador», expresó.