Judicial
Cinco sujetos son enviados a prisión por coyotes
En un veredicto emitido por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, cinco individuos que operaban como una organización delictiva dedicada al tráfico ilegal de personas hacia los Estados Unidos han sido declarados culpables y condenados.
Las pesquisas revelaron que los acusados despojaban a sus víctimas de sus propiedades y bienes con el propósito de garantizar el pago por el viaje clandestino hacia territorio norteamericano. Para ello, cobraban diversas cantidades de dinero que, en algunos casos, sobrepasaban los 15 mil dólares.
La cabeza visible de esta red criminal, José Rafael Martínez Escobar, junto a su hermano Juan Francisco Martínez Escobar, encargado de la logística, y los guías Erick Domingo Molina López, Juan Carlos Peña Escobar y Luis Alonso Brito, han sido sentenciados a cumplir 13 años de prisión, por los delitos de tráfico ilegal de personas (10 años) y agrupaciones ilícitas (tres años). Todos fueron juzgados ausentes y se girarán las respectivas órdenes de captura en su contra.
Mientras que Edgar Vladimir Prado Ortiz, quien enfrentaba acusaciones similares, recibió un cambio de calificación jurídica a tráfico de influencias. En consecuencia, Prado Ortiz fue condenado a tres años de prisión, sustituidos por trabajo de utilidad pública. Además, se le ha impuesto la inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos durante el mismo tiempo.
En el mismo contexto, los procesados Carlos Hernández González, José Óscar García Díaz y Evelyn Mercedes Gavarrete de Carrillo, fueron absueltos de responsabilidad penal y civi
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
