Una mujer logró evitar la cárcel o, en su defecto, trabajo de utilidad pública, tras haber conciliado con la víctima luego de que con un corvo le causó daños a su automóvil, en la ciudad de Santa Ana, algunas semanas atrás.

Se trata de Evelin L., de 48 años de edad, quien enfrentó el delito de daños. De acuerdo con la relación de los hechos, causó daños al vehículo y agredió verbalmente a Julio T., quien, debido a la situación, se vio obligado a llamar a la Policía Nacional Civil (PNC).

Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que, al llegar los agentes a la colonia San Jorge, en el cantón Primavera, del municipio de Santa Ana Centro, encontraron a Evelin, quien, al notar su presencia, lanzó al techo el corvo que llevaba en la mano.

Julio T. manifestó su malestar por los daños causados al parabrisas delantero, la ventana de una puerta y la manecilla de su automóvil, cuyo valor total ascendió a $250.

Durante la audiencia inicial, en el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y Evelin L. se comprometió a cubrir el costo de los daños en un plazo de cinco meses.

Dos cajeras de un restaurante ubicado en el municipio de Santa Ana Centro quienes están siendo procesadas por, presuntamente, desfalcar más de 24 mil dólares seguirán en prisión mientras el caso avanza a la etapa de Instrucción, reportó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del martes.

Las mujeres, identificadas como América Elizabeth D. O. y María Angelina G. G., están señaladas por apropiarse supuestamente de un monto aproximado de $24,427.40, fondos que pertenecen a la sociedad propietaria del establecimiento.

CJES detalló que el presunto fraude fue descubierto el 24 se abril de este año, cuando la contadora del restaurante advirtió que los montos pendientes de cobro por servicios eran inusualmente altos. Esta irregularidad la llevó a notificar a uno de los accionistas, quien inició una investigación para esclarecer por qué algunos clientes con crédito, que siempre había pagado puntualmente, no habían realizado el abono correspondiente. Además, se examinó la lista de empresas con facturas vencidas por servicios de eventos prestados.

“Durante la investigación, se descubrió que varios pagos de eventos no habían sido ingresados en la cuenta bancaria del restaurante desde abril 2024. Según las autoridades, las imputadas, quienes eran responsables de la caja del establecimiento, habrían utilizado un modus operandi consistente en reabrir las cuentas durante la madrugada, antes de realizar el cierre de caja, para modificar el método de pago de ciertos clientes a ‘crédito’. De esta forma, habrían logrado apropiarse del dinero recibido por los servicios prestados”, explicó Centros Judiciales.

Hasta ahora, de acuerdo con la denuncia presentada por la sociedad afectada y con base en el análisis contable realizado, el faltante actual asciende a aproximadamente $24,427.40, cifra que podría incrementar conforme avance la investigación.

Ante la evidencia, el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, en audiencia inicial, ordenó que las imputadas permanezcan en prisión provisional por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del restaurante y que el proceso penal continúe en la etapa de Instrucción.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió esta tarde un comunicado, luego que se conociera el caso de reserva por siete años decretado en el caso COSAVI, donde miles de salvadoreños se han visto afectados al perder su dinero.

El ente fiscal aclaró que el proceso fue declarado en reserva total por el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, y que tanto la Fiscalía como la Superintendencia del Sistema Financiero están obligadas a respetar el mandato judicial.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que seguirá trabajando de manera coordinada con la Superintendencia para llevar justicia a las víctimas y afectados por el caso COSAVI.

«Ante lo publicado hoy, es importante señalar que el proceso fue declarado en reserva total por el tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, amparándose en la potestad que le da el Código Procesal Penal, en el artículo 307″, dijo la FGR.

Asimismo, agregó que «tanto la Fiscalía como la Superintendencia son instituciones que se rigen por los marcos legales y leyes de la República, por lo que están obligadas a respetar este mandato judicial, manteniendo la custodia de la información a fin de no entorpecer el proceso».

Recordó que la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos obliga a todas las partes involucradas, en casos de esta naturaleza, a mantener la confidencialidad de todos los datos e información recabados, durante la investigación y mientras dure el proceso judicial.

«La Superintendencia se mantiene respetuosa del marco legal vigente y de las decisiones judiciales, referentes a este proceso judicial«, reiteró.

La Fiscalía reafirmó su compromiso por atender a todos los afectados, «de manera ordenada y velando por sus intereses».