Internacionales
Candidato opositor y UE urgen a Maduro a parar «detenciones arbitrarias» y «represión» en Venezuela
El candidato opositor Edmundo González Urrutia instó el sábado a su rival en los comicios presidenciales de Venezuela del 28 de julio, el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, a parar «la violencia y las persecuciones» contra manifestantes, en un llamado secundado por la Unión Europea.
Las declaraciones de González Urrutia, un discreto diplomático que sustituyó a la líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse a las presidenciales por una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista, se suman a las denuncias de una escalada represiva por parte de activistas de derechos humanos.
«Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente», dijo González Urrutia en un video divulgado en sus redes sociales.
«Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito», remarcó González Urrutia.
El propio Maduro, que se refiere a los manifestantes como «terroristas», ha dicho que hay más de 2.200 arrestados luego de las protestas poselectorales que serán recluidos en cárceles de máxima seguridad.
«Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos», añadió el opositor que asegura haber ganado las elecciones con el 67 % de los votos.
González Urrutia es investigado por la Justicia -acusada de servir al chavismo- junto a Machado, por «instigación a la desobediencia», «delitos informáticos» y «conspiración».
La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80 % de las actas que aseguran prueban su triunfo, pero el chavismo tacha de fraudulento el material publicado y el órgano electoral, sin publicar actas, le endosa el triunfo a Maduro.
Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 24 muertes en protestas que surgieron tras conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que otorgaron un tercer mandato a Maduro con el 52 % de los votos, hasta 2030.
A la fecha, el CNE no ha publicado las cifras detalladas de las votaciones alegando que su sistema fue jaqueado. Solo ha dado el resultado general sin detalles por centros electorales ni por estados.
En tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, señaló el sábado en un comunicado que «el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, y resuelva la actual crisis política y socioeconómica con garantías para todos».
Borrell indicó que los 27 miembros del bloque piden de «forma unánime» la publicación de las actas y una verificación independiente.
«Además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad», exhortó.
Maduro, por su parte, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la oposición acusa de servir al gobierno, para interponer un recurso destinado a «certificar» los resultados tras su controvertida victoria.
El TSJ llamó a comparecer al mandatario, a González Urrutia y a otros ocho candidatos minoritarios tras aceptar el recurso.
González Urrutia no acudió al considerar que comparecer ponía en riesgo su libertad. El TSJ advirtió que la inasistencia sería considerada un desacato y tendría consecuencias legales.
La magistrada Caryslia Rodríguez, al frente del TSJ y de la sala electoral, dijo este sábado que la máxima corte iniciará una fase de «peritaje» con las pruebas recolectadas, tras lo cual emitirá una decisión de carácter inapelable.
«Esta sala electoral continúa con el peritaje iniciado el 5 de agosto del 2024 a los fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso», dijo Rodríguez.
Lo que determine la corte «tendrá carácter de cosa juzgada por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia en materia electoral por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio cumplimiento», subrayó la magistrada.
La oposición y observadores consideran que la tesis de jaqueo es una estrategia del gobierno para evitar la publicación de documentos electorales, pero Maduro afirma que se trató de un «ciberataque brutal».
Desde la clandestinidad, Machado dijo a la AFP que ofreció «garantías y salvoconductos» a los miembros del «régimen» para una transición pacífica.
No obstante, Maduro descartó cualquier «negociación» con la oposición y pidió a Machado que se entregara a la Justicia.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
