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Autoridades inspeccionan precios de la canasta básica en comercios
La Defensoría del Consumidor en articulación con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Economía, con apoyo de la Policía Nacional Civil inició una serie de operativos de inspección a escala nacional.
“Vamos a continuar con este esfuerzo a escala nacional en diferentes agentes de la cadena de suministros de alimentos, estaremos dentro también en los temas vinculados a lácteos, huevos, frutas y verduras, harina de trigo, entre otros productos que son esenciales dentro de la mesa de los salvadoreños”, explicó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, en la verificación desarrollada en establecimientos de la calle Gerardo Barrios.
El funcionario dijo además que la tendencia internacional de algunos de estos productos ya se comienza a reflejar, en el mercado internacional, “importantes disminuciones como el caso del maíz y del arroz”, informó.
Salazar agregó que se mantendrán recopilando información para prevenir e identificar prácticas abusivas como la utilización de cualquier maniobra o artificio para incrementar injustificadamente los precios de los alimentos.
“Debo señalar a los proveedores que el hecho de que no brinden la información, de que no permitan realizar la verificación o la investigación respectiva puede en estos casos derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos”, detalló y aseguró que, de igual manera, de detectar incrementos injustificados de precios en alimentos o insumos agrícolas también estarán interponiendo sanciones de hasta 500 salarios mínimos, sin dejar de lado la activación de cualquier procedimiento ante la FGR, por temas de acaparamiento y especulación.
En el pasado, este esfuerzo ha dado importantes resultados. En el marco de las medidas de alivio económico la Defensoría del Consumidor ha logrado presentar casos ante el Tribunal Sancionador por incrementos injustificados de precios o por la obstaculización a las labores de la Defensoría, logrando multar a 60 proveedores con sanciones que superan los $240 mil.
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 459 al evento “Terror CIFCO VII – El Contacto”, una de las actividades de entretenimiento que se desarrollará durante las vacaciones y que cada año ofrece nuevas experiencias inmersivas, escenarios tematizados y personajes para los visitantes.
El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en FENADESAL, donde miles de asistentes podrán disfrutar de diez días de entretenimiento con ambientaciones inspiradas en distintos universos del terror, espectáculos, experiencias interactivas y un food court integrado por más de 90 emprendedores y expositores, con el objetivo de fortalecer el dinamismo económico y promover el talento nacional.
Como parte de la actividad, la Lotería invitó a los asistentes a visitar su stand, donde podrán adquirir sus productos y participar por la oportunidad de convertirse en uno de los próximos ganadores.
Previo al inicio del sorteo, durante la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, participó Lizzeth Lino, gerente de Mercadeo y gerente de Ventas Ad Honorem de CIFCO, quien recibió un enmarcado conmemorativo en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo y agradeció el respaldo brindado a este evento.
En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 459, el primer premio de $205,000, correspondiente al billete N.º 17392, no fue vendido.
El segundo premio de $20,000 correspondió al billete N.º 03341, el cual sí fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 fue para el billete N.º 36516, también vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial.
Foto: Cortesía
Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.
Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.
Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.
Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.
Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
