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Alcalde de San Salvador Este prohíbe fiestas nocturnas con discomóviles
Ante quejas de vecinos, el alcalde de San Salvador Este, José Chicas, prohibió las fiestas nocturnas con discomóviles en los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.
“Como alcalde de San Salvador Este, he dado instrucciones a los directores de distrito para cancelar todos los permisos para fiestas con discomóviles en las colonias debido a las graves molestias causadas”, dijo el edil, en su cuenta de X.
Vecinos de colonias del municipio han mostrado su malestar continuo por este tipo de actividades que se dan sobre todo en fin de semana y se extiende hasta horas de la madrugada.
El edil enfatizó estas fiestas quedarán prohibidas y que si se llegasen a realizar, los organizadores serán sancionados. “El interés público tiene primacía sobre el interés privado”, agregó.
El artículo 4 del Código Municipal mandata al alcalde velar por la tranquilidad y el orden público. Basado en esta disposición, la municipalidad promoverá «la paz y la convivencia de nuestros habitantes”, dijo.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
Una evacuación de emergencia se llevó a cabo en un vuelo en un aeropuerto de la ciudad norteña india de Chandigarh hoy martes luego de que el cargador portátil de un pasajero se incendiara y el humo se esparciera en el interior del avión.
El incidente ocurrió en un vuelo de IndiGo de Hyderabad a Chandigarh, lo que activó una respuesta de emergencia y la evacuación al aterrizar. De acuerdo con las autoridades, los 198 pasajeros y seis miembros de la tripulación fueron evacuados a través de rampas.
«Todos los clientes han sido trasladados a salvo a la terminal», dijo IndiGo Airlines en un comunicado.
El humo se extendió por toda la cabina cuando el avión llegó a la bahía, y la tripulación respondió rápidamente con un extintor para contener las llamas.
