Lisandro Prieto Femenía

“La herida ayuda a entender que hay otros afuera de quienes depende mi vida, gente que no conozco y que tal vez nunca conozca” — Judith Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia (2006, p. 14).

La tierra tiembla con una fuerza ciega que desconoce fronteras e ideologías, pero el derrumbe de una sociedad nunca constituye un acontecimiento puramente natural. Cuando las réplicas del sismo agitan el suelo de Venezuela y el lodo de las inundaciones sepulta barriadas enteras, la tragedia física se releva como el síntoma postrero de un colapso moral y político largamente edificado.

Los escombros que hoy cubren las calles superan la categoría de simples fragmentos de hormigón desprendidos por el azar tectónico, puesto que representan la manifestación palpable de la desidia, la osificación de un régimen que ha dimitido de sus obligaciones elementales y la crudeza existencial a la que ha condenado a su propio pueblo. Al contemplar las cifras devastadoras que dan cuenta de más de mil cuatrocientos fallecidos (hasta el día en que elaboro este texto) y una cifra de proporciones alarmantes que supera los cincuenta mil desaparecidos, la mirada no puede esquivar la interrogante fundamental sobre la naturaleza de un poder que observa el sufrimiento de sus gobernados desde la distancia gélida de la burocracia y la sospecha militar.

En su célebre tratado de filosofía política, Thomas Hobbes esculpió los cimientos del pacto social al sugerir que la legitimidad de la soberanía descansa de forma exclusiva en su capacidad de garantizar la supervivencia de los asociados. El pensador inglés plasmó de manera imperecedera esta premisa al señalar en su obra cumbre, “Leviatán”, que el fin del Estado es, particularmente, el cuidado de la propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica (Hobbes, 2009, p. 161). Desde esta perspectiva clásica, el Estado se justifica únicamente como un escudo contra el desamparo y la muerte violenta. No obstante, la experiencia venezolana posmoderna subvierte de modo perverso esta lógica contractual, transformando el pacto de protección en un simulacro de dominación donde el soberano conserva el monopolio de la fuerza pero abdica de la preservación de las vidas. Cuando la ayuda humanitaria procedente de comunidades hermanas choca contra murallas burocráticas indescifrables, y los ofrecimientos de asistencia internacional quedan suspendidos en la incertidumbre de una aduana ideológica decadente, el poder político devela su verdadero rostro: prefiere el silencioso desmoronamiento de los cuerpos antes que admitir la porosidad de sus fronteras y la insuficiencia de su propia gestión.

Es precisamente en este abismo de abandono donde cobra una vigencia demoledora el planteamiento que ofrecí en mi artículo titulado “Pensando en la estafa del Leviatán sin rumbo”. Al analizar el quiebre estructural del Estado moderno, intenté desentrañar la desprotección del gigante al cual le hemos otorgado unánimemente el poder de custodiarnos, protegernos y albergarnos. Pues bien, en el escenario venezolano, el desastre natural no hace más que desnudar la consumación de esta estafa existencial. El pacto de obediencia a cambio de seguridad se revela como una trampa retórica cuando el aparato del poder devora los recursos de prevención y obstruye los canales de salvamento. En el precitado artículo, sostuve que el peligro permanente y latente de la precitada bestia atenta permanentemente contra el alma, que es la soberanía, y la razón, representada por las leyes y la justicia. Cuando un régimen se desentiende de la vida y del clamor de las víctimas bajo las piedras, el modelo político no solo se muestra incapaz, sino que se exhibe formalmente quebrado por la sustancial y evidente falta de confianza de quienes cedemos el poder al sumo ente de gobernabilidad.

Esta farsa contractual encuentra uno de sus asideros teóricos e intelectuales más polémicos en ciertas corrientes de la filosofía política posmo-progre que han pretendido justificar los delirios del populismo bolivariano mediante la apología del antagonismo sistemático. En este punto, resulta ineludible contrastar la orfandad de los ciudadanos venezolanos con los postulados que Ernesto Laclau desarrolla en su influyente obra titulada “La razón populista”, donde sostiene sin ambages que “el populismo es la vía real para entender algo sobre la constitución ontológica de lo político como tal” (2005, p. 67). Para este intelectual rentado, la edificación de la identidad popular se articula mediante fronteras de exclusión y la consagración de un significante vacío que unifique la cadena de demandas insatisfechas, argumentando que “es el propio nombre, el significante, el que sostiene la identidad del objeto” (2005, p. 95).

Sin embargo, cuando este andamiaje conceptual se traslada al barro de la praxis bolivariana, se deforma en una coartada intelectual para justificar la irresponsabilidad gubernamental de una horda de delincuentes degenerados que ejecutan placenteramente la devastación humanitaria. Al subordinar la administración material de la existencia- las normas de edificación, el equipamiento hospitalario o las redes de socorro- a la perpetua escenificación del conflicto discursivo, el régimen devalúa los cuerpos reales de su pueblo a meras fichas de cambio simbólico. El lamento bajo las vigas caídas deja de ser una demanda urgente de auxilio físico para convertirse en un incidente que la retórica oficial asimila dentro de su cadena de equivalencias, atribuyendo la ineficiencia propia a las agresiones de un enemigo externo imaginario. De este modo, la razón teórica deviene en fundamentación de un abandono administrativo masivo, un proceso de devastación silenciosa que consiente la muerte de la población civil en aras de sostener la pureza semántica de un relato político hegemónico nefasto.

La desconexión profunda entre las necesidades más urgentes del ser humano y los intereses de preservación de la cúpula gobernante (hoy, sostenida, por conveniencia, por el mismísimo presidente de los Estados Unidos) adquiere tintes sombríos al observar la inacción del aparato de seguridad interno ante el desastre. Mientras las familias escarban con sus uñas entre las ruinas y reclaman desesperadas la presencia de maquinaria pesada, la pasividad de los uniformados despierta una indignación colectiva que trasciende el llanto. El repudio de los sobrevivientes hacia el Ejército por su quietud en las horas más críticas pone de manifiesto que las instituciones de la fuerza pública han sido despojadas de su dimensión cívica: ya no operan como salvaguardas de la comunidad en momentos catastróficos, sino como guardianes de la quietud del régimen. El dolor ciudadano se duplica cuando el propio Estado, lejos de facilitar los primeros auxilios, se yergue como un obstáculo para la inmensa red de auxilio vecinal que ha brotado de forma espontánea entre los escombros. La solidaridad de los venezolanos, que intenta llenar el inmenso vacío dejado por la parálisis gubernamental, debe sortear controles que parecen diseñados para desalentar el encuentro con los cuerpos sufrientes y la reconstrucción del lazo social.

Frente a esta parálisis institucional, la exigencia ética de la compasión ignora las aduanas y las distancias geopolíticas. La voluntad de auxilio de la comunidad internacional, que desde diversas latitudes busca movilizar brigadas de rescate y canalizar recursos de emergencia, representa un imperativo humanitario que trasciende la soberanía de los Estados. La pretensión de enviar equipos especializados desde naciones como la Argentina choca, sin embargo, con una barricada de opacidad administrativa que posterga el socorro mientras las horas vitales se escurren bajo las piedras. Esta obstrucción de la ayuda internacional también devela una contradicción trágica en el ejercicio del poder contemporáneo: para el autoritarismo bananero, la aceptación de ayuda extranjera equivale a una confesión de vulnerabilidad que prefiere evitar, aún si el costo de mantener esa ficción de autosuficiencia se paga con la vida de sus propios niños atrapados en la oscuridad del desastre.

Frente a semejante abandono, brota un heroísmo descarnado y conmovedor que redefine la esencia misma de lo humano. Los venezolanos de a pie, desprovistos de herramientas técnicas y extenuados por años de privaciones acumuladas, extraen una energía incomprensible de su propio dolor para convertirse en sus propios salvadores. Durante esta semana hemos visto madres que remueven toneladas de cascotes con las manos desnudas, vecinos que improvisan camillas con maderas astilladas y jóvenes que se internan en estructuras colapsadas sin más protección que su propio coraje. Eso, amigos míos, constituye una rebelión ética contra la muerte programada por los infames que los someten. Esta movilización desesperada no responde a una planificación civil, sino a un lazo pre-político de amor y responsabilidad mutua que se niega a dejar a los suyos en el olvido de una fosa común. Salvar un familiar o rescatar su cuerpo para darle digna sepultura se convierte, bajo este cielo hostil, en el último reducto de dignidad, un acto de rebelión absoluta contra un sistema que ha decidido, abiertamente, dejar morir y podrir.

El desplome sistemático de las estructuras habitacionales durante el terremoto tampoco es parte de un imprevisto físico, sino que representa un desastre que la desidia estatal ya había construido mucho antes del primer temblor. La ciencia y la ingeniería sísmica demuestran que las construcciones informales, la flagrante ausencia de mantenimiento en los edificios públicos y la existencia de normativas de seguridad que sólo habitan en el papel convirtieron el suelo urbano en una trampa mortal de efectos totalmente predecibles. Y sé de lo que hablo: mi provincia, San Juan (Argentina) sufrió un sismo devastador en el año 1944, el cual dejó casi todas las edificaciones a nivel suelo; posteriormente, en 1977 tuvimos otro terremoto tremendo, pero ya sabíamos construir conforme a las normativas internacionales para territorios como el nuestro; en 2021 nos azotó nuevamente un sismo violentísimo, y ninguna estructura se derribó. Mientras naciones vecinas, con una geografía similar han aprendido a convivir con la sismicidad mediante la rigurosidad técnica y la inversión en infraestructuras sismo-resistentes, la desatención estatal en el territorio venezolano pavimentó el camino hacia una carnicería previsible. dejar que la población habite estructuras condenadas a caer equivale a una forma pasiva, pero letal, de violencia soberana, un abandono calculado que condena a los sectores más vulnerables a una precariedad física insostenible.

Aquí es donde se hace patente la degradación del horizonte ético de una sociedad en crisis. Recuperando la crítica de Nietzsche sobre la decadencia metafísica y moral, en nuestro artículo precitado (2022) recordamos que cuando la existencia no dispensa vida, reina la muerte y la decadencia, la total imposibilidad de distinción entre lo correcto y lo nefasto. En el abandono al pueblo venezolano, esta indiferencia oficial se traduce en la dilución de los valores más elementales de la convivencia social. Es la dolorosa confirmación de una atmósfera cultural donde, al modo del tango de Enrique Santos Discépolo que cité para ilustrar el desmoronamiento de entreguerras, la comunidad percibe cotidiana y tangiblemente la estafa que representa vivir en una sociedad en la que da lo mismo ser honesto que traidor, ignorante que sabio, ladrón y estafador que generoso. Al equiparar el esfuerzo ético del ciudadano con la impunidad del burócrata que obstruye la salvación, el Leviatán desorientado destruye el fundamento mismo de la justicia y ahoga la esperanza bajo un mar de lodo y descrédito.

En este escenario desolador, la reflexión de Judith Butler sobre la vulnerabilidad compartida cobra un sentido urgente y transformador. En su obra “Vida precaria: el poder del duelo y la violencia”, la pensadora norteamericana nos invita a indagar en los criterios normativos que determinan qué vidas se consideran dignas de protección y qué muertes merecen ser lloradas públicamente. Butler desentraña la dimensión política del duelo al plantear la interrogante sobre qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable (Butler, 2006, p. 20). Al desatender la prevención sísmica, al bloquear la llegada de ayuda exterior y al responder con indiferencia ante los millares de desaparecidos, el régimen bolivariano devaluó de antemano el estatuto ontológico de su población. Los cuerpos atrapados bajo el concreto son tratados por la retórica oficial como estadísticas invisibles o bajas colaterales de una hostilidad externa imaginada, privándolos del reconocimiento público y del derecho a una despedida digna. La resistencia de los ciudadanos radica precisamente en su empeño por rebelarse contra esa deshumanización sistemática, desafiando las trabas políticas para afirmar, a través del cuidado mutuo y el llanto compartido, que cada una de esas vidas perdidas posee un valor infinito y singular.

El desasosiego que hoy sufren millones de seres humanos bajo el cielo encapotado de Venezuela no representa el resultado inevitable de un capricho geológico, sino el veredicto descarnado de un sistema político que ha canjeado el bienestar de la polis por la supervivencia de una estructura autoritaria disfrazada de gobernantes. Cuando la naturaleza se ensaña con lluvias que no ayudan y nuevas réplicas sobre una sociedad despojada de sus defensas mínimas, el dolor se transforma en una pregunta lacerante sobre la legitimidad del orden establecido y la complicidad de quienes callan ante el desastre. La catástrofe desnuda la fragilidad humana, pero de manera mucho más urgente, descorre el velo de un Leviatán de papel que, incapaz de proteger a sus hijos, prefiere reinar sobre un paisaje de ruinas y ausencias que pareciera no dolerle.

¿Hasta qué punto puede estirarse el silencio de una sociedad antes de que el peso de sus propios muertos hunda definitivamente los cimientos del régimen que los ignora? Si la supervivencia constituye el primer y más sagrado de los pactos sociales, ¿qué nombre debemos darle a un poder que obstaculiza activamente la llegada de la salvación internacional mientras sus ciudadanos agonizan bajo el suelo? Cuando el eco de las réplicas se apague y el barro se seque sobre las tumbas sin nombre, ¿permitiremos que el olvido consagre la impunidad de quienes construyeron la tragedia mucho antes de que la tierra, efectivamente, comenzara a temblar?

Referencias bibliográficas y fuentes consultadas

• Butler, J. (2006). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Paidós.
• Clarín. (2026, 27 de junio). Venezuela: gigantesca solidaridad ciudadana choca con obstáculos del régimen. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/venezuela-gigantesca-solidaridad-ciudadana-choca-obstaculos-regimen_0_nW3sO4W3OO.html
• Clarín. (2026, 29 de junio). Crónica de un desastre anunciado en Venezuela: construcciones informales, edificios sin mantenimiento y normas de papel. Clarín. https://www.clarin.com/mundo/cronica-desastre-anunciado-venezuela-construcciones-informales-edificios-mantenimiento-normas-papel_0_kulsUsFIqc.html
• Conclusión. (2026, 29 de junio). Catástrofe en Venezuela: intensas lluvias, inundaciones y una nueva réplica de los terremotos.
  Conclusión. https://www.conclusion.com.ar/internacionales/catastrofe-en-venezuela-intensas-lluvias-inundaciones-y-una-nueva-replica-de-los-terremotos/06/2026/
• El Esquíu. (2026, 29 de junio). Catástrofe en Venezuela: confirman 1450 muertos y 50000 desaparecidos. El Esquíu. https://www.elesquiu.com/internacionales/2026/6/29/catastrofe-en-venezuela-confirman-1450-muertos-y-50000-desaparecidos-587072.html
• El Mundo. (2026, 27 de junio). La catástrofe en Venezuela tras el terremoto. El Mundo. https://www.elmundo.es/internacional/2026/06/27/6a40060cfc6c83c2768b45a6.html
• El País. (2026, 26 de junio). ¿Por qué se han derrumbado tantos edificios en el terremoto de Venezuela? El duro aprendizaje de Chile.
• El País. https://elpais.com/chile/2026-06-26/por-que-se-han-derrumbado-tanto s-edificios-en-el-terremoto-de-venezuela-el-duro-aprendizaje-de-chile.html
• El País. (2026, 27 de junio). La solidaridad de los venezolanos llena el vacío de la respuesta estatal al terremoto. El País. https://elpais.com/america/2026-06-27/la-solidaridad-de-los-venezolanos-llena-el-vacio-de-la-respuesta-estatal-al-terremoto.html
• Hobbes, T. (2009). Leviatán. Alianza Editorial.
• La Capital. (2026, 28 de junio). Un extecnico de Newell’s ante la catástrofe en Venezuela: “todo esto es una locura”. La Capital. https://www.lacapital.com.ar/un-extecnico-newells-la-catastrofe-venezuela-todo-esto-es-una-locura-n10266513.html
• La Izquierda Diario. (2026, 29 de junio). Venezuela: se registran nuevas réplicas, la población repudia al Ejército por su inacción ante la catástrofe. La Izquierda Diario. https://www.laizquierdadiario.com/Venezuela-se-registran-nuevas-replicas-la-poblacion-repudia-al-Ejercito-por-su-inaccion-ante-la
• La Nación. (2026, 28 de junio). Catástrofe en Venezuela: quieren enviar ayuda desde la Argentina, pero aún no saben cómo hacerla llegar. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/catastrofe-en-venezuela-quieren-enviar-ayuda-desde-la-argentina-pero-aun-no-saben-como-hacerla-nid28062026/
• Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
• Meteored. (2026, 28 de junio). Tragedia en Venezuela: la ciencia explica por qué el desastre ya estaba construido antes del terremoto. Meteored. https://www.meteored.com.ar/noticias/actualidad/tragedia-en-venezuela-la-ciencia-explica-por-que-el-desastre-ya-estaba-construido-antes-del-terremoto.html
• Página/12. (2026, 29 de junio). Venezuela: la doble catástrofe. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/2026/06/29/venezuela-la-doble-catastrofe/
• Prieto Femenía, L. (2022, 12 de junio). Pensando en la estafa del Leviatán sin rumbo. Dialektika. https://dialektika.org/pensando-en-la-estafa-del-leviatan-sin-rumbo/

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.

De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.

El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.

El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.

Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.

La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.

En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.

De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.

Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.

La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.

Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.