La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.

Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.

Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.

Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.

Arévalo pidió a Washington que aclarara su supuesta intervención, al anunciar que podría afectar las relaciones bilaterales.

El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.

¿Quién es Molina Barreto?

Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.

Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el «llamado pacto de corruptos», un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.

El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.

En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.

También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.

Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.

Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.

El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció «presiones externas» sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.

¿Cómo quedó la balanza?

Los analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planos de sanear el sistema de justicia, que el fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.

Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.

También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del «pacto de corruptos».

La nueva Corte es «adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad» porque va a «continuar esa captura, cooptación y control institucional», dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.

Según este catedrático, las fuerzas que han dominado normalmente seguirán teniendo el 60 % de los magistrados.

Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados «bisagras» que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.

Con la elección de la Corte, el país «se estaba jugando el futuro político institucional» para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.

Arévalo afirmó sin embargo que «la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa».

El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».

¿Cómo impactará la nueva Corte?

Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.

Podría «generar condiciones adversas» en las elecciones generales de 2027 si se decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.

Incluso podría «interferir» en la elección del nuevo fiscal, agregó.

Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban el 60 % de los ciudadanos, según encuestas.

Decenas de turistas nacionales y extranjeros visitaron el volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana, donde realizaron el ascenso a la cima bajo acompañamiento de agentes de la Policía de Turismo (Politur), informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución señaló que «cada paso hacia la cima se vive con seguridad y tranquilidad» gracias al acompañamiento policial durante la caminata, una de las actividades de turismo de naturaleza más populares del occidente del país.

El Ilamatepec, conocido también como volcán de Santa Ana, es el volcán más alto de El Salvador con 2,381 metros sobre el nivel del mar y forma parte del Complejo Los Volcanes, junto al Izalco y el Cerro Verde.

El sitio es uno de los destinos turísticos más visitados del país debido a sus senderos de montaña, las vistas hacia el lago de Coatepeque y la laguna de color turquesa ubicada en su cráter, lo que atrae a excursionistas y amantes del senderismo.

Las caminatas suelen iniciar desde el Parque Nacional Cerro Verde y se realizan en grupos organizados con guías y acompañamiento de autoridades, como medida para garantizar la seguridad de los visitantes durante el recorrido.

Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.