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Estados Unidos entrega documentos sobre masacre en El Mozote
El Gobierno de Estados Unidos entregó a un juzgado de Morazán, documentos desclasificados sobre la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 por el Ejército, según dijo este sábado el encargado de negocios de la Embajada de EUA., Brendan O’Brien.
«Ayer (viernes 10) presentamos documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, solicitados por el juzgado encargado de la investigación. Vamos a presentar más en el futuro», apuntó el diplomático durante su discurso en la conmemoración del 40 aniversario de la matanza.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera procesa a una docena de mandos militares retirados. Sin embargo la causa, que se encuentra en la etapa de instrucción, está paralizada.
O’Brien señaló que «El Mozote fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de El Salvador», por lo que reiteró que «todos tenemos la obligación de ayudar» a los sobrevivientes y a las víctimas en la búsqueda de la verdad
«Reconocemos que continúa la búsqueda de la verdad y la justicia. Los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos han persistido en su búsqueda durante 4 décadas (…) estamos aquí para dar nuestro apoyo a sus esfuerzos, tienen el derecho a conocer la verdad y que los responsables comparezcan ante la justicia, todos tenemos la obligación de ayudarles», manifestó.
Añadió que «garantizar que las generaciones actuales y futuras tengan acceso a los registros históricos de lo ocurrido aquí en El Mozote es una pieza clave de ese esfuerzo de preservación», manifestó.
El diplomático estadounidense agregó que «continuaremos ayudando a preservar los registros de El Mozote como podamos».
O’Brien fue uno de los invitados a la conmemoración del 40 aniversario de la matanza que se llevó a cabo en el caserío El Mozote, ubicado en el oriental municipio de Meanguera -a 187 kilómetros de San Salvador-.
Durante la actividad, organizada por los sobrevivientes y familiares, se rindió un minuto de silencio por las víctimas, por Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización no gubernamental Tutela Legal «María Julia Hernández» quien falleció este año, y se colocaron ofrendas flores.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres de El Mozote y otros aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido político de oposición.
Ayer viernes, el gobierno salvadoreño realizó un despliegue militar en la zona, ante la llegada del presidente Nayib Bukele, quien anunció distintos proyectos en el caserío donde ocurrió la masacre.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
