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Estados Unidos entrega documentos sobre masacre en El Mozote
El Gobierno de Estados Unidos entregó a un juzgado de Morazán, documentos desclasificados sobre la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 por el Ejército, según dijo este sábado el encargado de negocios de la Embajada de EUA., Brendan O’Brien.
«Ayer (viernes 10) presentamos documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, solicitados por el juzgado encargado de la investigación. Vamos a presentar más en el futuro», apuntó el diplomático durante su discurso en la conmemoración del 40 aniversario de la matanza.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera procesa a una docena de mandos militares retirados. Sin embargo la causa, que se encuentra en la etapa de instrucción, está paralizada.
O’Brien señaló que «El Mozote fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de El Salvador», por lo que reiteró que «todos tenemos la obligación de ayudar» a los sobrevivientes y a las víctimas en la búsqueda de la verdad
«Reconocemos que continúa la búsqueda de la verdad y la justicia. Los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos han persistido en su búsqueda durante 4 décadas (…) estamos aquí para dar nuestro apoyo a sus esfuerzos, tienen el derecho a conocer la verdad y que los responsables comparezcan ante la justicia, todos tenemos la obligación de ayudarles», manifestó.
Añadió que «garantizar que las generaciones actuales y futuras tengan acceso a los registros históricos de lo ocurrido aquí en El Mozote es una pieza clave de ese esfuerzo de preservación», manifestó.
El diplomático estadounidense agregó que «continuaremos ayudando a preservar los registros de El Mozote como podamos».
O’Brien fue uno de los invitados a la conmemoración del 40 aniversario de la matanza que se llevó a cabo en el caserío El Mozote, ubicado en el oriental municipio de Meanguera -a 187 kilómetros de San Salvador-.
Durante la actividad, organizada por los sobrevivientes y familiares, se rindió un minuto de silencio por las víctimas, por Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización no gubernamental Tutela Legal «María Julia Hernández» quien falleció este año, y se colocaron ofrendas flores.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres de El Mozote y otros aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido político de oposición.
Ayer viernes, el gobierno salvadoreño realizó un despliegue militar en la zona, ante la llegada del presidente Nayib Bukele, quien anunció distintos proyectos en el caserío donde ocurrió la masacre.
La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comenzó ayer el análisis del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para regular los procedimientos para establecer, ejecutar y terminar las alianzas público-privadas entre el Estado, a través de sus entidades habilitadas, y un privado, para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
Dicho marco legal estaría integrado por 11 capítulos, con 88 artículos. Además, según lo expuesto en la comisión, no sustituirá la obligación del Estado para brindar a los ciudadanos los servicios de salud, educación y agua.
«Queremos aclarar algunos puntos que ya establece la Constitución de la República, en algunos artículos asigna al Estado responsabilidades directas sobre servicios específicos como salud, educación, agua, etcétera. La Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria», afirmó Dania González, presidenta de la comisión.
La diputada de Nuevas Ideas reiteró que «la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», es decir, la del Estado para brindar salud y educación a la población.
Añadió que la Asamblea Legislativa autorizará o no la suscripción de proyectos relacionados con el asocio, que el Gobierno decida acordar.
Asimismo, el diputado William Soriano destacó la importancia de contar con una ley acorde con los tiempos actuales. «Es una herramienta que tienen a disposición los gobiernos para el desarrollo de infraestructura pública, donde el privado [inversionista] asume la construcción y operación, y permite al Estado no cargar con todo el costo financiero para enfocar recursos en áreas de urgencia», dijo.
Soriano mencionó que con la aprobación de la nueva ley se derogará la Ley de Asocios Público-Privados, que data de 2013, porque «no garantizaba que estos modelos fueran exitosos».
A pesar de la aclaración que brindó González, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, propuso modificar el artículo 2 de la nueva normativa. «De manera que en la ley estén excluidos los servicios de salud pública, incluso los prestados por el ISSS», al igual que la educación pública, incluyendo la Universidad de El Salvador.
De igual forma, presentó nuevamente una propuesta de reforma constitucional «para evitar la privatización del agua».
El presidente de Nayib Bukele anunció esta noche la segunda fase del programa Doctor SV, con un enfoque en la atención de pacientes con enfermedades crónicas.
«Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo», afirmó el mandatario al presentar esta nueva etapa, que busca ampliar la cobertura médica para salvadoreños que requieren seguimiento constante.
El presidente detalló que esta fase incorporará herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo continuo de los pacientes. «Básicamente estamos hablando que con el Programa de Crónicos, la etapa 2 de DoctorSV, cada salvadoreño tiene un agente de inteligencia artificial dedicado 24/7 a estar pendiente de él y de su enfermedad crónica», detalló.
De acuerdo con la información oficial, esta segunda fase estará orientada a fortalecer la atención integral, facilitando el acceso a consultas y seguimiento.
Por su parte, el director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Guy Nae, señaló que el programa evolucionará para atender condiciones como hipertensión, diabetes y enfermedades renales, apoyándose en inteligencia artificial para dar acompañamiento durante todo el proceso del paciente.
«Se va a utilizar la inteligencia artificial al siguiente nivel con agentes que dan seguimiento en todo el proceso, para tener una forma de seguir al paciente en todo el camino», explicó Guy Nae.
Por su parte, el especialista en salud pública e inteligencia artificial aplicada a la salud, Edgardo Von Euw, señaló que en el país alrededor de 3 millones de personas viven con una o más enfermedades crónicas, muchas de ellas desconocen de esta condición.
«El problema no es solamente la cantidad de gente que tenemos con enfermedades crónicas, sino que muchos no saben que tienen la enfermedad. Son enfermedades que van evolucionando silenciosamente y cuando se manifiestan lo hacen con un evento grave, puede ser un infarto, la amputación de un pie en un diabético o un accidente cerebrovascular», dijo Von Euw.
Además, explicó que el programa buscará identificar tanto a quienes se registren voluntariamente como a posibles pacientes en riesgo a través del análisis de datos clínicos.
«Todos los que entren a la aplicación y llenen el formulario van a estar (en el programa), pero además los que no llenen el formulario y hayan hecho una consulta por otra cosa y en sus análisis tengan alguna variación de glucosa, por ejemplo, muy por encima de lo esperado, esos los vamos a captar con la inteligencia artificial, revisando las historias clínicas y viendo quienes tienen riesgo y a esos los vamos a contactar a través de la inteligencia artificial», indicó Von Euw.
A nivel internacional, la iniciativa ya ha generado interés. La doctora Stella Aslibekyan destacó que el programa ha entrado en el debate global sobre innovación en salud.
«Creo que tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Me complace decirles que DoctorSV ya forma parte del diálogo internacional acerca de la salud y la incorporación de la inteligencia artificial en los cuidados médicos», afirmó.
Asimismo, señaló que el programa ya ha sido abordado en publicaciones científicas. «Nuestro primer artículo sobre DoctorSV ha sido publicado en ‘Regional Health’. Eso significa que desde ya el programa está siendo estudiado y debatido más allá de las fronteras salvadoreñas, es una gran noticia y hay mucho interés porque es un programa singular en el mundo», agregó Aslibekyan.
Con esta nueva etapa, El Salvador se convierte en el primer país en el mundo en incorporar a la inteligencia artificial para la identificación y seguimiento completo de pacientes con enfermedades crónicas.
«Podamos decir este sistema no lo tiene nadie en el mundo, es otro gran tema de política pública», destacó el mandatario salvadoreño.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que al cierre de marzo del presente año, la mora en los pagos de créditos hipotecarios es del 1.89 %.
«El índice de mora de una institución refleja si su cartera está sana o hay un nivel de riesgo alto por incumplimiento de pago, el Fondo Social para la Vivienda mantiene sus índices bajos, al cierre de marzo 2026 el índice reportado fue de 1.89 %», indicó la titular, a través de sus redes sociales.
En este sentido, la funcionaria resaltó la apuesta de la institución para facilitar oportunidades de créditos a personas de ingresos variables para que puedan acceder a una vivienda, sin afectar el nivel de incumplimiento de los pagos.
«El FSV también otorga créditos a personas de ingresos variables y estas cifras demuestran que la mayoría de las personas con un crédito cumplen mes a mes su compromiso de pago», añadió Sol.
La funcionaria es enfática en la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele para facilitar el acceso a vivienda para los salvadoreños, y detalló que entre enero y marzo de este año la institución ha aprobado $44.4 millones en créditos que facilitaron la compra de 1,338 viviendas.
De estos resultados, 722 créditos, equivalentes a $28.7 millones, fueron destinados a vivienda nueva; 544 créditos, que significan $14.4 millones a vivienda usada y otras líneas de créditos; y 72 créditos más, $1.17 millones a activos extraordinarios.
