CARTA ABIERTA

A LA SEÑORA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL

Dra. Doris Luz Rivas Galindo

Lic. José Roberto Argueta Manzano

Lic. Leonardo Ramírez Murcia

En virtud del reconocimiento internacional que mi lucha por hacer justicia ha tenido, principalmente con la resolución adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), que constituye el Órgano de Naciones Unidas / ONU con el principal mandato de dictaminar la existencia de detenciones ilegales o arbitrarias a nivel mundial, y que ha confirmado en su Opinión No. 76/2020 (Relativa a José Aquiles Enrique Rais López -El Salvador-)  que:

61. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: 

La privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar “pronta y cumplida justicia” y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la “fabricación” de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de ordenes de prisión preventiva arbitrarias y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas por tener calidad de “cosa juzgada fraudulenta.”

El caso, para conocimiento de la opinión pública, consiste en que a través de mis abogados y habiendo sabido siempre que las acciones penales en mi contra estaban fundadas en pruebas ilícitas, pruebas espúreas y fraudes procesales, interpuse ante la Fiscalía General de la República (FGR) sendas denuncias en contra de: 

Wil Walter Ruiz Ponce, Ex Jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del Ex Fiscal General, Douglas Meléndez.

Los fiscales y exfiscales de crimen organizado que usando “Testigos sin rostro”, “Escuchas Telefónicas Ilegales” y “Pruebas adulteradas” violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA, entre estos se encuentran: Julio César Larrama (actual Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la FGR), Mayra Raquel Guerra, Luis Montes Pacheco, Liliana Jovel Guzmán y Xenia Lizeth Linares Rodríguez.

Los Ex Directores del Centro de Intervenciones Telefónicas (CITE) de la FGR: Sigfredo Alcides Campos Crespo y Froilán Francisco Coto Cabrera, quienes incumplieron sus obligaciones impuestas por la Ley Especial para Intervenciones Telefónicas (LEIT) bajo una actitud conspirativa de fabricar pruebas a través de escuchas telefónicas ilícitas contra otras personas, pero que utilizaron en mi contra, a pesar que siempre supieron que: a) No existían autorizaciones judiciales para intervenir mis telefónos; b) No me encontraba vinculado a la investigación que estaban realizando; c) No aparezco relacionado con los hechos que fueron descubiertos en el curso de la investigación; y d) la única vez que se coloca mi nombre en el expediente, es en el informe final, por la mera arbitrariedad del señor Campos Crespo que deduce que se está hablando de mi persona de manera referencial. 

Además esas escuchas telefónicas, carecían de valor probatorio y al no haber sido utilizadas en el plazo de seis meses (vencían el 14 de octubre de 2015 y fueron utilizadas para ejercer acción penal, hasta el 25 de agosto de 2016) era responsabilidad del Director del CITE que se destruyeran; y posteriormente, fueron divulgadas por distintos medios de prensa, quienes además las utilizaron para hacer juicios mediáticos de culpabilidad, en violación de mi garantía a la presunción de inocencia y a pesar que ni mis abogados ni mi persona como acusado habíamos tenido acceso a esa prueba.

También fue denunciada la técnica informática de la FGR, Ena Maricela Granados Ponce, de quien se comprobó que alteró un Dictamen Técnico, señalando que mi persona utilizaba un número telefónico, del que contaban con la documentación que estaba a nombre de otra persona distinta; también consignó registros de llamadas como si estaban realizados por mi persona y un abogado, cuando estaba comprobado que esas llamadas eran de ese abogado y una mujer. Luego al ser descubierta, se limitó a decir que se trataba de un “error material”; pero ese error material ha significado cuatro años de una orden de detención ilegal con todos los perjuicios que ello significa. 

Pero, ¿Qué ocurrió en la FGR? Resulta que sobre los hechos que mis abogados denunciaron, se siguió una investigación totalmente parcializada y carente de objetividad, lo que está debidamente datado en el expediente; y, finalmente, unos días previo a que finalizara en el cargo el Ex Fiscal General, Douglas Meléndez se presentó Requerimiento Fiscal solicitando el Sobreseimiento Definitivo de todas estas personas. 

Desde entonces, habiéndome constituído Querellante inicié una batalla legal, para que se me permita como víctima de tan graves atropellos a mis derechos fundamentales, contar con una tutela judicial efectiva. Sin embargo el Juez 5º de Paz de San Salvador (un juez nombrado en la famosa Acta de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016, que es el más grande atentado al derecho del justiciable a la independencia judicial e imparcialidad y que he documentado para presentar a la Relatoría Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados) en contra de lo que dicta el derecho, asumió todos los graves hechos consistentes en: extracciones de copias de escuchas sin control de cadena de custoria, alteración de hechos en las pruebas, emisión de orden de arresto sin fundamento y únicamente basada en testigos sin rostro, materialización de la detención en contra de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, etc, consideró que todos estos eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados. 

Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA en cuanto:

64. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. 

Aunque estoy claro que sus dignas autoridades, conocen con más amplitud los estándares de protección internacional de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprovecho para recordar que esta última respecto a la cosa juzgada “aparente” o  “fraudulenta” ha manifestado como parámetros para considerar que este sea el caso lo siguientes:

“i) La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de justicia.” (Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154)

Finalmente reafirmo, que mi lucha por alcanzar justicia y por evitar que lo ocurrido contra mí, le ocurra a cualquier otra persona, llevaré el caso ante las instancias nacionales e internacionales que sean precisas hasta que se deduzcan las responsabilidades de quienes cometieron tan graves atentados contra mis derechos fundamentales. 

Como decisión personal, para que no se repitan en perjuicio de nadie, los abusos de poder del Sistema Judicial -especialmente el Penal- muy pronto daré a conocer el detalle del  Observatorio  sobre Independencia Judicial, con el que apoyaré para que organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos, puedan incidir positivamente en la contraloría de funcionarios públicos y quienes pretendan serlo, de manera que ya no haya más violadores de derechos humanos ejerciendo funciones en el Estado, cuya obligación legítima es protegerlos y no infringirlos.

Y también haré públicos en cuanto se complete su organización de los medios de contacto, donde se podrá denunciar ante un equipo de defensores de derechos humanos, cualquier abuso o violación de autoridad, a fin de poder llevar ad honorem, casos de víctimas de violación de derechos humanos. 

LA LUCHA POR LA JUSTICIA, APENAS COMIENZA.

ENRIQUE RAIS