Política
Respaldo a iniciativa que busca modernizar exploración de hidrocarburos
El Salvador necesita modernizarse en materia energética. Es por esta razón que los diputados de la Comisión de Economía estuvieron recientemente de acuerdo en emitir un dictamen favorable para reformar la Ley de Hidrocarburos.
Los cambios contemplan un nuevo nombre para la normativa: Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos. Además, permitirían realizar estudios que provean datos geológicos y geofísicos indispensables para cumplir con los fines de la exploración hidrocarburífera, a fin de incentivar la inversión y acrecentar el conocimiento en esta materia en el país.
Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, expuso a los legisladores que, si se aprueban las reformas, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) podría realizar todas las actividades hidrocarburíferas, a través de contratos, prestación de servicios u otras modalidades que estime conveniente, con el objetivo de impulsar y obtener la adquisición, procesamiento e interpretación de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos del subsuelo.
El funcionario explicó que las modificaciones surgen por el proceso de modernización que está iniciando el sector de hidrocarburos y energético en El Salvador. Estudios realizados por CEL, que datan de 1970 y 1980, evidencian que hay indicios de la existencia de recursos en petróleo en el territorio salvadoreño, pero es necesario actualizarlos.
“Esto nos lleva a actualizar todos los estudios que tenemos acerca de los recursos en este tema, por la posible existencia de petróleo en el país. Modernizamos la ley para tener acceso a empresas que son de este tipo de rubro”, aseguró Álvarez.
Al reformarse la ley, CEL dirigiría los esfuerzos para poner al día los datos geocientíficos en materia de hidrocarburífera de El Salvador y podría contratar entidades de clase mundial para la inversión científica necesaria.
La autónoma también podría suscribir contratos de inversión, es decir, aquellos en los que los contratistas asumen el riesgo de efectuar bajo su propia cuenta el costo, riesgo de operaciones o actividades científicas relacionadas a actividades hidrocarburíferas. Según Álvarez, este tipo de contratos permitiría adquirir conocimientos valiosos y realizar actualizaciones de estudios geofísicos sin grandes erogaciones por parte del Estado.
Estos contratos se realizan bajo la modalidad multiclientes, que se refiere a aquellos casos en los que la contratista recibe el derecho exclusivo de realizar el mercadeo y comercializar los datos que recabe en su actividad de recopilación por el plazo establecido en el contrato, bajo su propio costo y riesgo. Los contratos bajo dicha modalidad permite que los datos obtenidos sean propiedad de CEL.
Los titulares de dichos contratos disfrutarán de incentivos fiscales ya que las empresas que licitarán asumirán el riesgo de posible yacimiento de hidrocarburos.
“Tendrán beneficios tributarios porque son estudios caros y complejos por lo que se establecen incentivos fiscales. El riesgo es de la empresa que haría estos estudios, la idea es compensar si no se encuentra la cantidad de petróleo que se necesita para poder explotar”, aseguró el funcionario.
El presidente de la mesa legislativa, Rodrigo Ayala, afirmó que este tipo de contratos tendrá un bajo costo para el Estado y generará empleos.
«Las empresas que vendrán a hacer el estudio asumen el riesgo total a un costo bajo para el Estado, permitiéndoles que luego comercialicen los datos, no los recursos. Estos datos atraerán inversión, creando empleos y beneficiando a los salvadoreños en materia energética”, aseveró el parlamentario.
Proponen reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización
La mesa de trabajo también dictaminó a favor de ampliar el plazo de las disposiciones transitorias contempladas en el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, referidas a los depósitos de perfeccionamiento de activo, es decir, a las áreas de territorio nacional sujetas a un tratamiento aduanero especial en el que las mercancías ingresan con suspensión de tributos a la importación para ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración, reparación u otro proceso legalmente autorizado para su posterior reexportación.
Clarissa Valdebrán, representante del Ministerio de Economía, explicó que el objetivo principal es dar un apoyo a las empresas que han sufrido la afectación de una contractura de demanda a nivel mundial por los efectos de la pandemia del COVID-19 y los conflictos armados en Ucrania, Rusia, Palestina e Israel.
“Los depósitos para perfeccionamiento de activos son una figura beneficiaria de las exenciones fiscales que establece la Ley de Zonas Francas y se han visto golpeados por la falta de demanda”, explicó la funcionaria.
Además, detalló que el artículo 22 de la normativa establece 12 meses de plazos para que los bienes estén en permanencia de los depósitos de activos, sin embargo, no son prorrogables. De la misma manera, estipula dos, seis o 12 meses para traslados temporales o definitivos entre usuarios de la ley y empresas que no son beneficiarias.
La iniciativa estudiada considera ampliar hasta 12 meses adicionales el tiempo para la permanencia y de traslados de los bienes y para las mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y para los traslados definitivos destinados a Depósitos para Perfeccionamiento Activo.
También se amplía el lapso de hasta seis meses adicionales para los traslados temporales entre beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; y dos meses adicionales para los traslados temporales generados por Zonas Francas o Depósitos para Perfeccionamiento Activo a empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional.
El periodo adicional será aplicable únicamente para los bienes ingresados previo a la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraban amparados en una Declaración de Mercancías cuyo plazo de permanencia o traslado estuviese vigente.
“La propuesta es que podamos tener una prórroga en periodos idénticos para cada una de las figuras”, afirmó Valdebrán.
La propuesta tendrá beneficios como la sostenibilidad de empleos, ya que en en el sector textil ha habido afectación y ha debido suspender labores o cerrar las empresas. También se protegerán las inversiones, se reactivará la cadena de producción y existirá seguridad jurídica.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habilitará centros de votación en la República Popular China, Japón y Australia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el organismo colegiado, dos de las sedes estarán ubicadas en las capitales de los países asiáticos y las otras dos en ciudades australianas. Los centros estarán en Beijing y Tokio, así como en Canberra y Melbourne.
«¡Centros de Votación en Asia y Oceanía para 2027! Dos sedes, ubicadas en: Canberra y Melbourne (Australia); Beijing, China; y en Tokio, Japón», detalló el TSE.
Con estas cuatro sedes, el tribunal completa las 92 previstas en 29 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Del total de sedes, el 53 % se concentrará en Estados Unidos, según informó el organismo electoral.
De esta manera, la diáspora salvadoreña podrá ejercer el voto de forma presencial el próximo 28 de febrero. El TSE recordó que en los centros de votación en el extranjero estará habilitado el voto electrónico presencial para salvadoreños cuya dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) se encuentre desactualizada.
Ante esto, la institución recordó a los salvadoreños residentes en el exterior que el plazo para actualizar la dirección del DUI vence el 29 de noviembre de 2026.
«¿Eres salvadoreño viviendo en el extranjero? Votar es más fácil si tienes tu dirección al día en el DUI. Si aún no lo has hecho actualízala antes del 29 de noviembre de 2026», puntualizó el tribunal.
Los salvadoreños podrán realizar este trámite en los consulados, durante las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y, en el caso de los ciudadanos residentes en Estados Unidos, mediante la aplicación dui.sv.
Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE, el voto por internet comenzará el 30 de enero de 2027 y podrá emitirse desde diferentes dispositivos electrónicos. El calendario oficial del TSE contempla las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Como parte de las actividades relacionadas con el voto en el exterior, el TSE informó que los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección legislativa anterior —Nuevas Ideas, ARENA y FMLN— tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus propuestas de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han intensificado las acciones contra las estructuras delictivas que durante años afectaron a El Salvador. Hasta el pasado 30 de agosto, se reportan 93,039 personas vinculadas a pandillas capturadas.
Como parte de estas operaciones, las autoridades también han incautado 5,548 armas de fuego, 12,227 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,458 celulares que contienen información considerada relevante sobre el accionar delictivo y que podría ser vinculada a procesos de investigación.
«Seguimos firmes, actuando para impedir que las estructuras criminales vuelvan a sembrar terror en nuestras comunidades», ha señalado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Solo entre el 1.° de enero y el 30 de agosto de este año, las autoridades han localizado a 2,195 personas vinculadas a pandillas.
Entre los últimos capturados se encuentra Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, señalado como homeboy con función de gatillero y miembro de la pandilla 18. Fue detenido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, González Medina cuenta con antecedentes vigentes desde 2022 por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Además, el funcionario indicó que el detenido ha intentado borrarse los tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece.
«Siempre fueron expertos en esconderse y montar sus bares, clubes y discotecas de fachada. Ustedes, uno a uno, y sus negocios, irán cayendo. Terroristas. Que les quede claro: todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado», advirtió Villatoro.
En materia de narcotráfico, las autoridades valoran en $1,736,249,885 el total de droga incautada durante la implementación de la medida constitucional.
El régimen de excepción fue solicitado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, luego del incremento de homicidios registrado entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. La medida fue implementada para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población.
A partir de estas disposiciones legales, las autoridades reforzaron las acciones para localizar a pandilleros mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. Asimismo, en varias zonas del país se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de ese partido, en el que se solicita su expulsión y se le notificó la suspensión de sus derechos como afiliada, incluido el derecho a participar en la elección interna y a ejercer como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ortiz cuestionó la actuación del Tribunal de Honor y señaló que este está integrado por dos personas. Según expuso en un comunicado, una de ellas tendría afinidad con la actual secretaria general, además de haber sido candidata de la planilla que actualmente compite contra la que ella lidera y posteriormente renunciar a esa candidatura. La otra persona, afirmó, es esposo de una candidata de esa misma planilla.
Ante estas circunstancias, Ortiz sostuvo que quienes tengan vínculos directos con personas que compiten contra la planilla que lidera no deberían decidir sobre su permanencia en el partido ni sobre sus derechos dentro de la elección interna. Por ello, exigió que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten del proceso y aseguró que no acepta la suspensión.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de su partido, en el que se solicita su expulsión y se suspenden sus derechos como afiliada.
La medida también le impediría participar en la elección interna y ejercer como… pic.twitter.com/QBellfj1vf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
La diputada afirmó que defenderá su derecho a competir y el derecho de los afiliados de VAMOS a decidir quiénes conducirán el partido. Asimismo, aseguró que su planilla continuará trabajando y haciendo campaña.
“Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, afirmó Ortiz. “Que voten los afiliados. Que decida la militancia. ¡Eso es democracia!”, expresó.
