Política
Presidente Bukele busca suprimir 694 plazas que rondan los $11.3 millones al año
El presidente de la República, Nayib Bukele envió la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, una propuesta de modificación a la Asamblea Legislativa de la Ley de Salarios de Casa Presidencial donde se contempla la supresión de 694 plazas de varias dependencias que tienen un costo anual de $11.3 millones.
En el documento enviado por Bukele se contempla la supresión de las secretarías de Asuntos Legislativos y Jurídicos; secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Secretaría de Gobernabilidad; Secretaría de Inclusión Social y el programa Ciudad Mujer; secretaría Técnica y de Planificación y sus tres dependencias y por último la división de Asistencia Alimentaria.
En la Ley de Salarios vigente (la que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Cerén), la dependencia de CAPRES que más empleados tenía era la Secretaría de Inclusión Social (SIS), con 110 personas trabajando que representan un gasto salarial de $132,882.36. Esta tenía dos dependencias, una era la división de asistencia alimentaria y la otra el programa Ciudad Mujer.
Ciudad Mujer tenía en planilla a 197 personas para diferentes rubros. Bukele dijo que continuaría y que se iba a asignar a otro ministerio, pero por lo pronto aparece dentro de la lista para suprimir. Los 197 empleados de Ciudad Mujer representan una erogación mensual de $222,044.82
La otra dependencia de Inclusión Social era la división de Asistencia Alimentaria, que según se lee en la página de la SIS, se encargaba de “operativizar políticas de asistencia alimentaria y nutrición para apoyar grupos vulnerables”. Esta tenía 120 personas trabajando para ganar $86,676.96. La supresión de Inclusión Social y de Ciudad Mujer trajo consigo varias críticas al mandatario.
Bukele dijo que Inclusión Social se iría para el Ministerio de Cultura, pero por el momento también aparece dentro de los que se van a suprimir.
Luego aparece la secretaría Técnica y de Planificación, que tiene 63 empleados en distintos cargos y que de ella dependen tres unidades como la de Planificación del Desarrollo, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional y Transformación del Órgano Legislativo. La propia Secretaría tiene 63 empleados, Planificación 16, Coordinación de Gobierno 19 y Transformación otros 34, totalizando 132 empleados para un gasto total de $298,241.16.
La siguiente es la secretaría de Transparencia, que tenía a cargo Marcos Rodríguez y tenía 65 empleados con un total mensual de $86,920. Le sigue la secretaría de Gobernabilidad con 49 empleados y $68,091.87 y finalmente la secretaría más pequeña de CAPRES, la de Asuntos Legislativos que se pagaba $49,352 mensual por sus 21 empleados.
Una suma entre los salarios mensuales anteriormente dichos da como resultado: la SIS con $132,882.36, Ciudad Mujer con $222,044.82, Asistencia Alimentaria con $86,676.96, la secretaría Técnica con $298,241.16, Transparencia con $86,920, Gobernabilidad con $68,091.87 y asuntos legislativos con $49,352 totalizan un coste mensual de $944,209, por lo que multiplicado por los 12 meses del año totaliza $11,330,510.16.
Los reclamos del FMLN
Luego de presentada la iniciativa a la Asamblea Legislativa, esta se sometió a votación para que pudiera ser enviada a la comisión y que se empezara con el análisis. La pieza pasó pero el FMLN no dio los votos y montó una conferencia de prensa para explicar su rechazo a la nueva normativa.
El partido, encabezado por su jefa de fracción, Nidia Díaz y por la encargada de temas de Hacienda, Yanci Urbina, explicó que además de estar suprimiendo los beneficios que se lograron con Ciudad Mujer y la secretaría de Inclusión Social se estaba dejando sin trabajo a 694 personas y afectado a la misma cantidad de familias.
“Adolece de legalidad desde el principio en el sentido de que no son explícitas las razones que justifican la supresión de las plazas que, al compararlas con la Ley de Salarios, representa el 52% del personal asignado a esa cartera de Estado. No hace ningún tratamiento especial al programa Ciudad Mujer, que conocimos por los medios de comunicación que tendría un traslado a otra dependencia”, dijo Yanci Urbina.
Urbina dijo que la supresión incluía plazas de ordenanzas, motoristas, plazas de técnicos de diferentes niveles. Agregó que la iniciativa pasada por alto las disposiciones del Servicio Civil.
“La posición del FMLN es un rechazo total y absoluto a los despidos, sobre todo aquellos injustificados y por supuesto a todo aquello que amenace contra la estabilidad laboral, nosotros lo rechazamos, porque no solo trae desempleo y hambre, sino que también inseguridad en las familias y violenta el derecho al trabajo y a los ingresos que todo ser humano tiene derecho”, indicó Nidia Díaz.
Por lo pronto, la pieza siguió su curso de ley y se encuentra en manos de la comisión de Hacienda de la Asamblea, donde puede haber un acuerdo sin los votos del FMLN y llegar al pleno, donde también fue ser aprobada a pesar de la oposición del Frente.
Por: El Salvador Times.
Siete de cada 10 salvadoreños dicen que en las elecciones pasadas votaron de forma libre, consciente, sin miedo y sin ningún condicionamiento ni presión de parte de terceros, de acuerdo con los datos presentados esta mañana en la última encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Las elecciones del 4 de febrero dejaron como ganador a Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, que ganó con un amplio margen y un contundente apoyo de la población. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron 2.7 millones de salvadoreños los que dieron su respaldo para un segundo mandato a Nayib Bukele.
En los comicios hubo amplia participación de los partidos políticos. En total, comieron seis fórmulas presidenciales de las diversas corrientes políticas. El entonces candidato de ARENA y ahora expulsado del partido, Joel Sánchez, fue en primero en reconocer el triunfo electoral de Nayib Bukele en las elecciones libres y democráticas.
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
