Política
La fórmula presidencial por VAMOS destacó que una de sus metas es que cada centavo de los salvadoreños esté bien invertido
Transparencia, generación de condiciones para inversión, buen manejo del Estado, combate a la corrupción, seguridad, educación, servicios de calidad y resolver las necesidades de la gente, son algunas de las apuestas de la fórmula presidencial del partido VAMOS.
“Queremos hacer la mayor inversión social en nuestro país porque ahí sabemos que está la solución de los problemas”, dijo Josué Alvarado, candidato a la presidencia, durante el diálogo con los candidatos a la presidencia, organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través de su departamento de estudios políticos y la fundación Hanss Seidel.
Los candidatos realizaron sus planteamientos sobre los temas que más impactan a la población y, sobre todo, los aspectos que FRENAN el desarrollo y crecimiento del país.
Según explicó el candidato a la vicepresidencia, Roberto Rivera Ocampo, VAMOS propone un sistema nacional de transparencia y combate a la corrupción en la que una de las medidas principales tiene que ver con la creación de un gobierno digital, “Nos imaginamos un mapa de El Salvador con una infraestructura no solo física sino, también digital. Nosotros proponemos un Gobierno que abra sus puertas, que den la información necesaria sin que los ciudadanos la estén solicitando”, expresó.
Para Rivera Ocampo, también es importante reconocer que el derecho al acceso de información, debería ser casi un derecho constitucional. “Este sistema de transparencia y combate a la corrupción necesita de instituciones fuertes involucradas. Lo que no puede pasar en este país es que desparezca dinero público, robo de millones en nuestras narices y que nadie diga nada”, sostuvo.
En este sentido, dijo que VAMOS va a luchar porque los delitos de corrupción no prescriban y también en realizar una revisión responsable y seria del fuero y cómo se está utilizando.
“Las instituciones tendrán supervisión de parte de nuestro Gobierno, para que hagan lo que les corresponde y no para tapar la corrupción que otros cometan”, manifestó el candidato a la presidencia, Josué Alvarado, y fue enfático al destacar que el interés de VAMOS es sentar un precedente de transparencia. “Todos, desde el presidente y el vicepresidente, deben pasar ese filtro, solo así podemos garantizar la transparencia y llevar a cero la corrupción”, señaló.
La fórmula de VAMOS también se refirió a la seguridad tanto de la población como la seguridad jurídica. Josué Alvarado lamentó que la seguridad en el país es un tema que sólo se aborda en tiempos de campaña. “Lo hemos visto en el pasado: mano dura, mano extra dura. Pero poco ha tenido resultado. Los políticos sólo se enfocan en encontrar un nombre llamativo para resolver este problema, pero no dan una solución real”, manifestó.
El candidato a la presidencia señaló que VAMOS quiere despolitizar el tema de la violencia. “Nosotros VAMOS más allá de eso, VAMOS abordarlo con seriedad, acercarnos a esos territorios, recuperarlos, pero no a base de represión. Llegaremos con los servicios públicos, salud, educación”, manifestó. Además, dentro de su propuesta también se incluye el trabajo con los centros penales para la reinserción. “Proponemos que el sistema penitenciario se transforme en centros de rehabilitación y producción, no en centros de especialización en crímenes”, puntualizó por su parte, Rivera Ocampo.
En cuanto a la seguridad para la inversión, Rivera Ocampo destacó que se debe dar seguridad jurídica a todos los inversionistas para “que puedan venir al país e invertir y asegurarles que las reglas del juego no cambiarán, por lo menos en los próximos 20 años. También es deber del Estado brindarle seguridad física a los inversionistas y a sus trabajadores”, expresó.
Asimismo, los candidatos se refirieron a la necesidad de la modernización y capacitación constante de los cuerpos de seguridad para atender las condiciones actuales que son distintas a las que había en el periodo que fueron creados.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
