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Política

Diputados ratifican acuerdos entre El Salvador y EE.UU. para crear fondo de Conservación para el cuidado de bosques tropicales y arrecifes corales

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Con el propósito de conservar y preservar el medio ambiente, durante la sesión plenaria, los diputados ratificaron tres acuerdos entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos de América. Uno de ellos, está enfocado en la reducción de ciertas deudas que el Estado salvadoreño tiene con el país norteamericano y sus agencias; otro sobre la conformación de un Fondo de Conservación para los Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral y el tercero sobre el Fondo de la Iniciativa de las Américas de El Salvador (FIAES)

El Fondo de Conservación es por más de $20.6 millones, con  el que  se financiarán  actividades como el  desarrollo e implementación de los sistemas científicamente acertados de la gestión de recursos naturales;  programas de capacitación para aumentar las capacidades científicas, técnicas y gerenciales de las personas y organizaciones que se dedican a la conservación de los bosques y arrecifes de coral; restauración, protección o uso sustentable de diversas especies animales y vegetales; entre otros.

El Fondo de la Iniciativa de las Américas de El Salvador (FIAES) se originó en 1993 con la finalidad de apoyar el crecimiento sostenible y la conservación de los recursos naturales. Desde esa fecha, ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para la consolidación y fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas que abarca más de 140 complejos.

El consejo administrativo del FIAES está integrado por dos representantes del Gobierno de El Salvador, un representante del gobierno de los Estados Unidos y cinco representantes de la Sociedad Civil de los sectores de medio ambiente, desarrollo comunitario, bosques tropicales, supervivencia y progreso de la niñez y científico-académico. 

Entre los principales logros del Fondo se pueden mencionar 52,400 hectáreas de bosques protegidos; 5,800 hectáreas de bosques restaurados; 2.7 millones de neonatos de tortugas marinas liberadas; 15 millones de árboles plantados y asocio con prácticas agropecuarias; y 30 playas con proyectos de conservación de tortugas marinas.

En su intervención, el diputado Edgardo Mulato, consideró procedente la ratificación del fondo y del consejo administrativo de la iniciativa para Las Américas, con el cual se materializará la ejecución de importantes programas medioambientales.

“El tema del medio ambiente no se debe politizar, reafirmamos lazos con el Gobierno de Estados Unidos al aprobar los fondos para proteger el medio ambiente”, puntualizó. 

Por su parte, el diputado Francisco Villatoro, explicó que con el fondo de conservación de bosques tropicales y arrecifes de coral se está saldado una deuda histórica en materia de protección del medio ambiente.

“Agradecemos el apoyo de Estados Unidos. Para este fondo se debía cumplir criterios muy rigurosos y lo hicimos. El fondo permitirá mantener y restaurar nuestros bosques”, indicó. 

Los decretos que contienen la ratificación de los acuerdos internacionales entraran en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

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Política

Ley del agua incluye revocar permisos cuando haya crisis

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Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas y secretario de la comisión «ad hoc» que estudia el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos, explicó que este contempla que las autorizaciones para la explotación del agua podrán ser revocadas cuando se determine que haya crisis hídrica.

«En el tema de los tiempos de la explotación, la ley tiene otros candados. Este tema no estaba en absoluto regulado, había un abuso sistemático de todo. Antes no había un límite diario de litros [de agua para la explotación], pero hoy la ley tiene ese candado», afirmó el legislador.

«La ley te da dos términos: la explotación por año, hasta el máximo por año, pero también por día. Hoy todos los días tienen un tope [de explotación]. También dice sobre la crisis hídrica, es decir, si hay una crisis hídrica, todas las autorizaciones pueden ser revocadas porque ya están determinados los usos, y el uso doméstico es el principal uso [del agua]», puntualizó.

Guevara detalló que en la redacción del articulado del anteproyecto se dejó establecido que los permisos se otorgarán hasta un máximo de 15 años, pero serán variables, y no en el mismo período para quien así lo solicite.

Reiteró que el anteproyecto de ley, que será sometido a votación del pleno, reconoce el agua como derecho humano, y reprochó que el FMLN de-sinforme a la población en relación con este tema.

«La decisión de los tiempos [de explotación del agua] la criticaron los del FMLN. Son los del FMLN los que están haciendo la bullita. El marco jurídico lo criticaron; la metodología, la criticaron; el desarrollo y la ejecución, los critican. Están criticando todo y están dando falacias. Dicen que la ley no tiene que el acceso al agua es un derecho humano, pero en el artículo 1 está mencionado», afirmó.

Además, se han incluido «párrafos enteros» propuestos por el Foro del Agua y la UCA.

A criterio de Wálter Coto, diputado de Nuevas Ideas y también integrante de la comisión «ad hoc», en el borrador de ley se ha incluido al menos el 80 % de todas las propuestas de redacción presentadas por las organizaciones consultadas.

«Se convocó a las 23 universidades, a todas las iglesias, a todos los sectores. Llegaron sectores vinculados al FMLN. Hay párrafos enteros que se han tomado del Foro del Agua para incluirlos en el articulado. Hay párrafos enteros que se han tomado de la UCA», complementó Guevara.

Sobre los cánones que se cobrarán, irán en dos rubros: de uso doméstico y de vertidos. Ambos fueron establecidos tomando como base estándares internacionales, como los que hay en Colombia, México y España.

«Los cobros se aplicarán conforme varios criterios. Quien consuma más deberá pagar más», mencionó el jefe de fracción de Nuevas Ideas.

Para establecer los cánones se tomará en cuenta el criterio de consumo, pero también por cuánto tiempo se hará, de dónde se extraiga el recurso y la razón social del solicitante.

Guevara cuestionó el discurso de la oposición que señala que no se garantizarán los espacios de participación de la sociedad civil para la toma de decisiones, además de que el agua será privatizada.

Ambos planteamientos han sido descartados en múltiples ocasiones no solo por los diputados de la comisión especial, sino también desde el mismo Ejecutivo.

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Política

Concentraciones pueden realizarse aplicando protocolos de bioseguridad y teniendo el esquema completo de vacunación

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La nueva legislación aprobada por los diputados de la Asamblea para prevenir los contagios por la Covid-19 habilita las concentraciones de personas siempre y cuando estas cumplan con los protocolos de bioseguridad y los participantes tengan completado su esquema de vacunación.

La normativa suspende toda concentración de personas en actos de carácter público o privado sin distanciamiento social, sin  dosis completas de vacuna y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad.

El presidente Nayib Bukele y diputados de Nuevas Ideas desmintieron las publicaciones periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica que aseguran que el decreto aprobado ayer en la plenaria intenta limitar las concentraciones públicas y privadas.

«¿Cuándo hemos prohibido una marcha, farsantes?», reaccionó el mandatario a la portada que El Diario de Hoy publicó en la cuenta de Twitter.

El presidente de la nueva Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y la primera vicepresidenta, Suecy Callejas también se sumaron a desmentir las publicaciones.

«Y yo que creí que sólo su excompetencia, la doña Prensa Gráfica, mentía con ese tema», escribió el presidente de la Asamblea en Twitter.

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Política

Solicitan aumentar penas para quienes cometan delitos informáticos

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A iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, en la Comisión de Seguridad se inició el estudio para reformar la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, para endurecer las penas contra quienes cometen acciones delictivas valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación.

“Este es el principio de muchas reformas que vienen para el tema digital, en los que se contemplan la ampliación de las penas, en el caso del hurto de identidad y otros”, destacó en conferencia de prensa el diputado de la bancada cyan, Walter Coto.

Por su parte, el parlamentario del mismo partido político, Francisco Amaya, destacó que con la propuesta de reformas a la ley estarían ayudando a los salvadoreños a estar más seguros en el tema de delitos informáticos.

“Se espera que la ley sea funcional, porque hemos encontrado en ella muchas deficiencias que han demostrado que es letra muerta, porque no tiene una operatividad”, añadió Amaya.

Con las reformas propuestas, quien cometa fraude informático tendría una condena de entre seis y diez años en prisión; por estafa informática, la pena contemplada es de entre cinco y ocho años de cárcel.

En el caso del hurto de identidad (suplantar a otra persona para apropiarse de sus recursos financieros) contemplaría entre cinco y ocho años de cárcel. Además, la seducción, extorsión e intercambio de mensajes a niñas, niños y adolescentes implicaría de dos a cuatro años de prisión.

Por el delito de hurto de medios informáticos loa implicados tendrían un castigo de cinco a ocho años de cárcel, en el caso de la interferencia del sistema informático, sopesaría una pena que va entre cuatro a siete años de prisión.

La última de las propuestas de los diputados de la bancada cyan va orientada a las Unidades de Investigación de los delitos Informáticos, Tratamiento y Análisis de la Evidencia Digital, la cual es necesaria para resolver casos de defraudación. 

La iniciativa se trabajó en base a los insumos recabados en los últimos dos meses en la comisión, luego de haber recibido diversos invitados para conseguir información que mejore la operatividad de la ley.

Entre los invitados a las sesiones de la Comisión de Seguridad están la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), organizaciones de la sociedad civil y de abogados que trabajan en el tema, según mencionó el parlamentario Amaya.

En la actualidad, los instrumentos electrónicos están al alcance y forman parte de la vida de las personas, esta facilidad conlleva al cometido de hechos delictivos. Por ello, la legislación debe actualizarse para proteger a los salvadoreños.

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